Por
Alejandro L. Perdomo Aguilera
Resumen:
El
trabajo analiza la conformación del nuevo orden panamericano luego del fin de la Guerra Fría. Para ello se
identifican los elementos militares, político-diplomáticos,
jurídicos-institucionales, ideológico-culturales e informacionales, mediante
los cuales se ha reconfigurado la política exterior y de seguridad de EE.UU. en
todo el continente americano. En este sentido, se aprecia la influencia del
contexto internacional y las peculiaridades de las relaciones interamericanas
en la posguerra fría, para dilucidar la proyección hegemónica del gobierno
permanente de EE.UU. en Nuestra América.
Palabras claves: hegemonía,
relaciones interamericanas, EE.UU., Canadá, América Latina y el Caribe.
Concluía
la política de Guerra Fría con el derrumbe del llamado campo socialista de
Europa del Este. En este escenario el presidente George Bush padre (1989-1993),
planteó la necesidad de construir un “nuevo orden mundial” donde se consolidara
la hegemonía estadounidense. Para las relaciones panamericanas, este interés
hegemónico fue proyectado a través de instrumentos político-jurídicos,
económicos, militares, de seguridad e ideológico-culturales, en interés de
configurar “el nuevo orden panamericano”. (Suárez
Salazar, 2003)
En
la arena Latinoamericana y caribeña vieron el fin varios procesos progresistas
en Centroamérica, con la derrota del FSLN de Nicaragua en las elecciones de
1990 y la “solución política y negociada del conflicto salvadoreño” (enero de
1992).
Las
administraciones de George H. W. Bush (1989-1993) y William J. Clinton
(1993-2001) en la década del 90 y de George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-
) hasta la actualidad, han reflejado la continuidad del interés de
consolidación hegemónica regional, independientemente de los cambios y matices
ajustados al contexto histórico e internacional, las condicionantes internas de
ese Estado-nación y las características de cada presidente.
En
el plano militar y de seguridad ya se venían preparando nuevos enemigos que
sustituyeran la “batalla” contra el comunismo, y continuaran alentando el
Complejo de Seguridad Industrial[1]
para el enfrentamiento al llamado narcotráfico. (Perdomo, 2012) En este sentido,
el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) había incentivado la guerra contra el
flagelo de las drogas, con una militarización que ha sido continuada por los
diferentes gobiernos demócratas y republicanos de ese país.
El
contexto internacional para la política exterior y de seguridad del líder del
sistema-mundo (según la teoría de I. Wallerstein), estuvo incidida por la
Guerra del Golfo Pérsico entre 1990 y 1991. La necesidad de
nuevas guerras por el control de recursos naturales geoestratégicos, adquirió
como justificaciones más útiles la lucha contra el terrorismo y contra el
narcotráfico, aunque también fueron revalorados los temas de las migraciones
descontroladas, la gobernabilidad y los derechos humanos, entre otros.
El
sistema interamericano se reajustó para ello, con nuevo aparato categorial, de
principios y valores acordes al nuevo contexto internacional. Entre los
instrumentos político-jurídicos de este periodo se destaca el Compromiso con la Democracia Representativa
y la Modernización
del Sistema Interamericano, aprobado en 1991 en la Asamblea General
de la OEA, en
Santiago de Chile. Este adecuaba la institucionalidad de sistema interamericano
con principios y valores, susceptibles de ser reinterpretados de manera
desfavorable para gobiernos latinoamericanos y caribeños, que resultaran
perjudiciales para las pretensiones imperiales de UE. Estas reformas de la OEA impulsadas por Washington
en la posguerra fría, contaron con la cooperación de Canadá.[2]
Como
parte de esas reformas fue firmado en 1991 el Protocolo de Washington, el cual
invalidaba los principios del “pluralismo ideológico y político” establecido en
el Protocolo de San José en 1975. En septiembre de 2001, fue aprobada la Carta Democrática
Interamericana (CDI), que revaloraba los la necesidad de “promover y consolidar
la democracia representativa”. Con ello, se ponderaba la necesidad de
consolidar la democracia y el Estado de derecho en los países miembros.
La
firma de la CDI
ocurre en un complejo escenario internacional, luego de los ataques terroristas
contra las Torres Gemelas (World Trade Center de Nueva York) y el Pentágono de
Estados Unidos de América, que aprovechó muy bien la diplomacia estadounidense
para impulsar la aprobación de este documento, con el conmovedor discurso del
ex Secretario de Estado, Colin Powell, en la Asamblea General
de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), en Lima. Estos hechos “validaron” la Estrategia de Seguridad
Nacional de EE.UU. de 2002, que dio a conocer públicamente el presidente G.W.
Bush, la cual ha tenido un impacto significativo en el sistema interamericano.
(Véase: Suárez, 2003)
Los
instrumentos económicos de EE.UU. para Nuestra América, también han ejercido un
papel notorio en la conformación del “nuevo orden panamericano”. Estos tuvieron
una base inicial en 1990, cuando ese país emitió una serie de recetas
económicas para los países de la región, a través del Consenso de Washington.
Estas políticas económicas tenían como fin, perpetuar la dependencia
estructural a la economía estadounidense e incrementar la explotación del
hemisferio occidental.
También
con ese objetivo fueron promovidos algunos acuerdos económicos-comerciales como
la fracasada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y otros más
efectivos como el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (NAFTA por
sus siglas en inglés), entre EE.UU., Canadá y México; el Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana
(DR-CAFTA) y los TLC para los países de Suramérica (Colombia, Perú y Chile).
En
el plano ideológico-cultural, se incrementó la diplomacia ciudadana y el
trabajo con los llamados sectores vulnerables de las sociedades
latinoamericanas y caribeñas, con la influencia de los patrones ideológico-
culturales, reforzados con el poderío sobre los medios de comunicación y la
industria cultural (Hollywood). También en el orden ideológico e intelectual,
se han apoyado en la influencia de ideólogos estadounidenses provenientes de
los centros de pensamiento y su rotación por los diferentes gobiernos, lo cual
ha tenido un impacto considerable en el ejercicio de una política exterior y de
seguridad más ajustada a las preferencias e intereses de cada país y subregión.
En este sentido, fue importante la actuación
de académicos como Anthony Lake y Richard Feinberg en la Administración del
William Clinton. (Suárez, 2003) Influido por este pensamiento,
el gobierno de Clinton avaló la necesidad de una renovación de las relaciones
político-diplomáticas hacia el hemisferio, donde se revaloraba, entre otros
aspectos, la atención a la sociedad civil. Orientada en este fin, la Administración de W. Clinton, convocó en 1994 a la Primera Cumbre de
las Américas (sin la presencia de Cuba), realizada en Miami entre el 9 y el 11
de diciembre de ese año.
Los
objetivos de esta cumbre y sus posteriores ediciones han estado encaminados a
concertar los intereses interamericanos de una forma más hábil e inteligente. Con
estas reuniones, el gobierno estadounidense logró un nuevo foro donde reajustar
el sistema interamericano a los nuevos tiempos, haciendo hincapié en aquellos
aspectos que resultan más factibles para los objetivos de política exterior y
de seguridad de Washington en la región.
En las Cumbres de las Américas de los años 90 EE.UU.
contó con el apoyo canadiense para consolidar las políticas del llamado
“espíritu de Miami”, que acentuaban las asimetrías existentes entre Canadá y
EE.UU. respecto a Latinoamérica y el Caribe. En 2001, Canadá fue sede de la Cumbre, realizada en la Ciudad de Québec, donde
mantuvo una política descontextualizada de la realidad regional, abogando por
la inclusión de conceptos como la “seguridad humana” -que luego han sido
utilizados por el Imperio estadounidense para las intervenciones, bajo la
llamada responsabilidad de proteger- que amenazaban el respaldo la soberanía y
la no intervención[3] en los pueblos de Nuestra América.
No
obstante a que en las siguientes Cumbres, el contexto regional ha favorecido
posiciones más contestatarias (la
Cumbre de Trinidad y Tobago y la de Cartagena, en Colombia),
ello no significa necesariamente el fracaso de estas reuniones, para los
intereses estadounidenses.
En
el orden militar han continuado las intervenciones estadounidenses en la región,
con un trabajo más coordinado entre el poderío militar (hard power) y los
instrumentos político-diplomáticos, culturales e informacionales (soft power,)
que han perfilado la diplomacia interamericana, ganando el apoyo de países como Canadá. Este país, influido
por concepciones de política exterior y de seguridad, que priorizaban elementos
de seguridad transnacional, como la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y
otros delitos conexos, sobre aspectos de
la seguridad nacional, apoyó a EE.UU. en las llamadas “intervenciones democráticas” en Perú (1992),
Guatemala (1993), Haití (1994) y Paraguay (1996).
Estos
hechos denotan como EE.UU. ha perfeccionado los instrumentos del poderío
nacional (Perdomo, 2012) para justificar las incursiones imperiales como
humanitarias, en aras de preservar la estabilidad, la gobernabilidad y la
seguridad humana. Entre los ejemplos más significativos se destacan:
- La ratificación
del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (NAFTA) por el Congreso estadounidense y la Casa Blanca en 1994, con las “enmiendas laboral y medio
ambiental”. (Suárez, 2006)
- La intervención en
Haití, luego del golpe de Estado contra el gobierno del presidente
Jean-Bertrand Aristide en 1994. Posteriormente a su devolución, Washington
obligó a ese presidente reelecto (2001-2003) a aceptar el tutelaje de la OEA en los asuntos internos y
seguir su liderazgo en la guerra antidroga, y un control de la emigración hacia
Estados Unidos.
- La firma de un
tratado acuerdo entre EE.UU. y El Salvador para la creación de un centro de monitoreo de la Marina de Guerra de ese
país, con el que se aseguraba el control del espacio aéreo y marítimo de la
subregión centroamericana.
- El Plan Colombia
- La
Iniciativa Regional Andina (IRA)
- La Iniciativa Mérida
- La Iniciativa de Seguridad Regional para América Central
(CARSI)
- La Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe
- La reactivación de la IV Flota
- El uso de 7 nuevas
bases en Colombia
- La injerencia de
agencias como la USAID,
la NED y la DEA en los asuntos internos de
gobiernos reformistas-revolucionarios y nacionalistas de la región.
Estas
transformaciones permiten reconocer la existencia de un “nuevo orden
panamericano” para el cual los países de la región deben articular sus
diferencias y unirse sobre lo que los funde, “como la plata en las raíces de
los Andes”, para evitar que el “gobierno permanente” de los EE.UU. (Suárez
Salazar, 2003) consolide su proyección hegemónica sobre Nuestra América.
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[1] Se denomina Complejo de
Seguridad Industrial y no Militar Industrial, pues se considera que es mucho más abarcador en otras esferas que lo estrictamente militar.
[2] Canadá se inserta en el sistema
interamericano institucionalizado, en enero de 1990 (luego de haber sido
observador durante 18 años) con el gobierno conservador de Brian Mulroney
(1984-1993).
[3] No obstante a estas acciones, la
pujanza del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela posibilitó que
fueran incluidas las cláusulas defensoras de la soberanía y la no intervención
a la Carta
Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General
de la OEA en
Lima, Perú, en septiembre de ese mismo año.
