Por Eric Toussaint
CADTM
Tomado de Rebelion
La crisis desencadenada en Estados Unidos en los años
2007-2008 alcanzó con fuerza a los países de la Unión Europea en 2008,
provocando graves perturbaciones en la Eurozona a partir de 2010 |1|. Los bancos de los países europeos más fuertes
se encuentran en el origen del contagio de Europa, puesto que habían realizado
inversiones masivas en productos financieros estructurados. Dicho esto, es
importante explicar por qué esta crisis afecta más duramente a la Unión
Europea, y en particular a la zona euro, que a Estados Unidos.
Entre los 28
países de la Unión Europea, 18 de ellos tienen una moneda común, el euro |2|. La UE cuenta con una población de unos 500
millones de habitantes |3|, o sea, casi la mitad de la de China, de
África o de la India; dos tercios de la latinoamericana, y un 50 % más que la
estadounidense.
Se observa una gran desigualdad entre los Estados de
la Unión Europea: los países industrializados y más fuertes de la UE son
Alemania, el Reino Unido, Francia, los Países Bajos, Italia, Bélgica y Austria;
hay once países que provienen de la antigua Europa del Este (tres repúblicas
bálticas —Estonia, Letonia y Lituania—, Polonia, la República Checa,
Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania que formaban parte del bloque
soviético; Croacia y Eslovenia, que constituían una parte de Yugoslavia); y
luego están los países fuertemente afectados por la crisis del euro: Grecia,
Portugal, España, Irlanda y Chipre.
Una disparidad salarial de la que se benefician las
grandes empresas privadas. La disparidad salarial es enorme: el salario mínimo legal
en Bulgaria (156 euros de salario bruto mensual en 2013) es entre 8 y 9 veces
inferior al de países como Francia, Bélgica y los Países Bajos |4|. Pero la desigualdad salarial puede ser
también muy grande dentro de un mismo país de la UE. Por ejemplo, en Alemania
7,5 millones de trabajadores se deben contentar con un salario mensual de 400
euros, cuando es normal que sea de más de 1.200 euros (en Alemania no existe un
salario mínimo legal nacional).
Esta disparidad permite a las grandes empresas
europeas ser muy competitivas, en particular las empresas industriales alemanas
que trasladan una parte de su producción para que la realicen obreros y obreras
de países como Bulgaria, Rumania y otros de Europa central y del Este. Luego se
retornan las piezas a Alemania para su ensamblaje y el acabado del producto
final. Por último, esos productos, cuyo coste salarial fue comprimido al
máximo, se exportan a países de la Unión Europea o al mercado mundial. Hay que
subrayar que en el interior de la UE no se pagan tasas de
importación/exportación.
Disparidades reforzadas entre países
La negativa de la UE a desarrollar unas verdaderas
políticas comunes para ayudar a los nuevos miembros en la reducción de su
desventaja con respecto a los países europeos más fuertes, contribuyó a
reforzar unas disparidades estructurales perjudiciales en el proceso de integración.
Los tratados europeos fueron concebidos para servir a los intereses de las
grandes empresas privadas, que aprovechan la desigualdad de las economías de la
Unión para aumentar sus beneficios y reforzar su competitividad.
El presupuesto de la Unión Europea es minúsculo, ya
que es el uno por ciento (1%) de su producto interior bruto, mientras que el
presupuesto normal de un país industrializado representa el 45 o el 50 %, o
más, de su PIB. Es el caso del presupuesto federal de Estados Unidos, administrado
por Barack Obama, o el de Bélgica, Españao Francia |5|. Para dar una idea de hasta qué punto el
presupuesto gestionado por la Comisión Europea es irrisorio baste decir que es
comparable al de Bélgica, que tiene 10 millones de habitantes, o sea, una
quincuagésima parte de la población de la Unión Europea. Se debe señalar que la
política agrícola común representa cerca del 50 % del presupuesto de la UE.
La crisis no fue provocada por la competencia exterior
La crisis no se debe a la competencia de China, Corea
del Sur, Brasil, la India o de otras economías de países en desarrollo.
En el curso de los últimos diez años, Alemania (así
como los Países Bajos y Austria) se lanzó a una política neomercantilista:
logró aumentar sus exportaciones especialmente en el interior de la Unión
Europea y de la eurozona, reduciendo los salarios de sus propios trabajadores |6|. Ganó así competitividad con respecto a sus
socios, y especialmente frente a países como Grecia, España, Portugal, Italia
(que participan de la Eurozona) e incluso Rumania o Hungría. Éstos vieron como
se instalaba o se profundizaba su déficit comercial con respecto a Alemania y a
otros países del Centro.
El euro como camisa de fuerza
Cuando se implantó el euro, la moneda alemana fue
subvaluada (a pedido de Alemania) y, en cambio, las monedas de los países más
débiles fueron sobrevaluadas. Esto hizo más competitivas las exportaciones
alemanas en el mercado de los otros países europeos, y los más débiles de entre
ellos resultaron particularmente afectados (Grecia, Portugal, España, países de
Europa Central y del Este…)
En general, el endeudamiento de los países de la
periferia de la Unión Europea se debe esencialmente al comportamiento del sector
privado (la banca, las empresas de construcción inmobiliaria, el resto de la
industria y el comercio). Incapaces de competir con las economías más fuertes,
los sectores privados se endeudaron con los bancos del Centro (Alemania,
Francia, Países Bajos, Bélgica, Austria, Luxemburgo…) y también con agentes
internos, habiéndose financiarizado ampliamente la economía de estos países
después de la adopción del euro. El consumo experimentó un boom en los países
periféricos, y en algunos de ellos (por ejemplo España) se desarrolló una
burbuja inmobiliaria que finalmente estalló. Además, los gobiernos de estos
países acudieron en auxilio de sus bancos, lo que provocó un fuerte aumento de
la deuda pública.
Evidentemente, los países que integran la Eurozona no
pueden devaluar sus monedas porque adoptaron el euro. Estados como Grecia,
Portugal o España se encuentran así en un brete a causa de su pertenencia a la
Eurozona. Las autoridades europeas y sus gobiernos nacionales aplican entonces
lo que se denomina una devaluación interna: imponen la reducción de los
salarios en gran beneficio de los dueños y directivos de las grandes empresas
privadas. La devaluación interna es por consiguiente sinónimo de reducción de
salarios, y se utiliza para aumentar la competitividad. Sin embargo, se
comprueba su muy poca eficacia para recuperar el crecimiento económico, ya que
las políticas de austeridad y de represión salarial se aplican en todos los
países. En cambio, los dueños de las empresas están satisfechos pues hacía
mucho tiempo que deseaban reducir radicalmente los salarios. Desde este punto
de vista, la crisis de la Eurozona, que se agudizó a partir de los años
2010-2011, constituye una ganga para la patronal. El salario mínimo legal ha
sido fuertemente reducido en Grecia, Irlanda y otros países.
El mercado único de capitales y la moneda única
Mientras que la crisis surgió en Estados Unidos en
2007, el impacto que tuvo en la Unión Europea fue mucho más violento que en las
instituciones políticas y monetarias estadounidenses. De hecho, la crisis que
sacude la zona euro no es sorprendente puesto que es un avatar de los dos
principios que rigen esta zona: el mercado único de capitales y la moneda
única. En una perspectiva más amplia, la crisis es la consecuencia de las
lógicas que dominan la integración europea: la preeminencia que se da a los
intereses de las grandes empresas industriales y financieras privadas, la
importante promoción de los intereses privados, el desarrollo de la
competencia, en el interior del espacio europeo, de economías y productores con
fuerzas totalmente desiguales, la voluntad de retirar de los servicios públicos
un número creciente de sectores, el desarrollo de la competencia entre
asalariados que implica el rechazo a la unificación, utilizando los estándares
más altos, de los sistemas de seguridad social y de la normativa laboral, para
ampliar la protección de los trabajadores. Todo esto persigue un objetivo
preciso, el de favorecer la acumulación máxima de beneficios privados,
especialmente al poner a disposición del Capital una mano de obra lo más
maleable y precaria posible.
El monopolio del crédito a los Estados está reservado
a los bancos privados
Frente a esta explicación, podríamos replicar que
estas lógicas dominan también ampliamente la economía de Estados Unidos. Por lo
tanto, también se debe tener en cuenta otros factores: mientras que las
necesidades de crédito de los gobiernos de los países desarrollados, entre los
cuales el de Estado Unidos, se pueden satisfacer mediante su Banco Central —en particular
por la intermediación de la creación de moneda— los países miembros de la
Eurozona han renunciado a esta posibilidad. De acuerdo a sus estatutos, el
Banco Central Europeo tiene la prohibición de financiar directamente a los
Estados. Además, en virtud del Tratado de Lisboa, la solidaridad financiera
entre los Estados miembros esta formalmente prohibida. Según su artículo 125,
los Estados deben asumir en solitario sus compromisos financieros, y ni la
Unión Europea ni los otros Estados pueden responsabilizarse de ellos |7|. El artículo 101 del tratado de Maastricht |8|, retomado integralmente por el Tratado de
Lisboa |9|, agrega: «Le está prohibido al BCE y a los bancos centrales
europeos de los Estados miembros […] conceder descubiertos o cualquier otro
tipo de crédito a las instituciones u órganos de la Comunidad, a las
administraciones centrales, a las autoridades regionales, a otras autoridades
públicas.»
La UE se coloca por lo tanto voluntariamente al servicio
de los mercados financieros ya que, en tiempos normales, los gobiernos de los
países de la Eurozona dependen totalmente del sector privado para su
financiación.
Los inversores institucionales (bancos, fondos de
pensiones, aseguradoras) y los hedge funds se precipitaron sobre Grecia en
2010, que era el eslabón más débil de la cadena europea de endeudamiento, antes
de atacar Irlanda, Portugal, España e Italia. Actuando de esa manera, esos
inversores realizaron grandes beneficios ya que obtuvieron de esos países una
remuneración importante por los tipos de interés que exigieron a los poderes
públicos para refinanciar sus deudas. Entre estos inversores institucionales
(los zinzins), se encuentran los bancos privados que consiguieron máximos
beneficios al poder financiarse directamente por medio del BCE, obteniendo
préstamos al 1 % de interés |10|, mientras estos mismos bancos prestan a
Grecia, a tres meses, con un tipo de interés del 4 o 5 %. Al lanzar sus ataques
sobre los eslabones más débiles, los bancos y otros zinzins estaban también
convencidos de que el BCE y la Comisión Europea deberían, de una u otra manera,
ir en ayuda de los Estados víctimas de la especulación, prestándoles los
capitales que les permitiera proseguir con los reembolsos. Y no se equivocaron.
En colaboración con el FMI, la Comisión Europea cedió y otorgó préstamos, por
medio de los fondos europeos de estabilidad financiera (FEEF) y del mecanismo
europeo de estabilidad (MEDE), a algunos Estados miembros de la Eurozona
(Grecia |11|, Irlanda, Portugal y Chipre) para que puedan
prioritariamente pagar sus deudas a los bancos privados de los países más
fuertes de la UE. Por consiguiente, la UE no respetó la letra del artículo 125
del Tratado de Lisboa citado anteriormente. Pero sí que respetó el espíritu
neoliberal de ese Tratado: en efecto, el FEEF y el MEDE toman prestado de los
mercados financieros el dinero que a su vez prestan a los Estados. Además,
exigen unas condiciones draconianas para conceder esos préstamos:
privatizaciones, reducciones de salarios y de pensiones, despidos en los
servicios públicos, reducción de los gastos públicos en general, y sociales en
particular.
Un pequeño recordatorio: mientras que los reglamentos
de la UE no permiten que el BCE preste a los Estados de la UE, la situación es
muy diferente en Estados Unidos donde la Reserva Federal presta una media de
40.000 millones de dólares por mes a la administración de Obama mediante la
compra de bonos del tesoro (lo que representa 480.000 millones de dólares por
año). Asimismo, en el Reino Unido, que no forma parte de la Eurozona, el Banco
de Inglaterra presta masivamente al gobierno británico. Las reglas aplicadas en
la zona euro vuelven la crisis mucho más grave que en Estados Unidos o en el
Reino Unido.
Políticas que profundizan la crisis
Desde 2010, las políticas aplicadas por la CE y los
gobiernos nacionales sólo han profundizado la crisis y esto es particularmente
cierto en los países más débiles de la Eurozona. Al comprimirse la demanda
pública y la demanda privada, los recursos del crecimiento económico se
redujeron, en la práctica, a la nada.
La política de los dirigentes europeos no es un
fracaso desde el punto de vista de los patronos.
Los dirigentes europeos de los países más fuertes y la
patronal de las grandes empresas se felicitan de la existencia de una zona
económica, comercial y política común donde las transnacionales europeas y las
economías del Centro de la zona euro sacan provecho de la debacle de la
Periferia para reforzar la ratio de rentabilidad de las empresas, y obtener
logros, en términos de competitividad, en relación a sus competidores estadounidenses
y chinos. Su objetivo, en el estadio actual de la crisis, no es el de relanzar
el crecimiento y reducir las asimetrías entre las economías fuertes y débiles
de la UE. Por otro lado consideran que la debacle del Sur se traducirá en
oportunidades para privatizaciones masivas de empresas y de bienes públicos a
precio de saldo. La intervención de la Troika y la complicidad activa
de los gobiernos de la Periferia los ayudan. El gran Capital de los países
periféricos es favorable a estas políticas ya que cuenta con obtener una parte
del pastel que codiciaba desde hace años. Las privatizaciones de Grecia y de
Portugal prefiguran lo que le llegará a España e Italia, donde los bienes
públicos que se podrían adquirir son mucho más importantes, vista la talla de
esas economías.
Considerar que la política de los dirigentes europeos
es un fracaso porque el crecimiento económico no ha vuelto, es una gran
equivocación en el criterio de análisis utilizado. Efectivamente, los objetivos
perseguidos por la dirección del BCE, por la Comisión Europea, por los
gobiernos de las economías más fuertes de la UE, por las direcciones de los
bancos y de otras grandes empresas privadas, no es ni la vuelta rápida al
crecimiento ni la reducción de las asimetrías en el seno de la Eurozona y de la
UE, que conseguiría un conjunto más coherente, donde sería posible el retorno
de la prosperidad.
Sobre todo no se debe olvidar un factor fundamental:
la capacidad de los gobernantes, que se pusieron dócilmente al servicio de los
intereses de las grandes empresas privadas, para actuar de acuerdo con lo que
éstas quieren o para gestionar una situación de crisis. El estrecho lazo entre
los gobiernos y el gran Capital ya ni siquiera se disimula. A la cabeza de
varios gobiernos, colocados en puestos ministeriales importantes y en la
presidencia del BCE, encontramos hombres provenientes directamente de las
grandes finanzas, comenzando por el banco de negocios Goldman Sachs. Algunos
políticos de primera fila son recompensados por un puesto en un gran banco o en
una gran empresa una vez que cumplieron con sus buenos oficios para con el gran
Capital. No es nuevo pero es más evidente y habitual que en el transcurso de
los últimos 50 años. Se puede hablar de verdaderos y transparentes vasos
comunicantes.
Los efectos sociales de la crisis
Lo que están viviendo actualmente los trabajadores y
las personas que reciben ayudas de los servicios sociales en Grecia, Portugal,
Irlanda y España fue impuesto a los trabajadores de los países en desarrollo
durante la crisis de la deuda de los años 1980-1990. En el transcurso de la
década de los 80, la ofensiva también había afectado a los trabajadores de
América del Norte a partir de la presidencia de Ronald Reagan, de Gran Bretaña
bajo la férula de Margaret Thatcher—la Dama de hierro—, y los de sus émulos del
viejo continente. Los trabajadores del ex bloque del Este también estuvieron
sometidos durante los años 90 a las brutales políticas impuestas por sus
gobiernos y el FMI. A continuación, y ciertamente de una manera mucho menos
brutal que la que afectó a los pueblos del Tercer Mundo (desde los más pobres
hasta las llamadas economías emergentes), la ofensiva tomó como objetivo a los
trabajadores de Alemania a partir de 2003-2005. Los nefastos efectos para una
significativa parte de la población alemana se sienten incluso ahora, aunque el
éxito de las exportaciones alemanas |12| limite la cantidad de desempleados y que una
parte de esa clase obrera no sufra directamente las consecuencias.
Durante los años 2012 y 2013, la crisis se agravó en
Grecia, Irlanda, Portugal y España debido a las políticas de austeridad brutal
aplicadas por gobiernos cómplices de las exigencias de la Troika. En Grecia, la
caída acumulada del PIB desde el comienzo de la crisis alcanza el 25 %. El
poder adquisitivo de una gran mayoría de la población se redujo de un 30 a un
50 %. El desempleo y la pobreza literalmente explotaron. Mientras que en marzo
de 2012, todos los grandes medios de comunicación se alinearon con el discurso
oficial que afirmaba que la deuda había sido reducida a la mitad |13|, la realidad era bien distinta: la deuda
pública griega que representaba el 130 % del PBI en 2009 y el 157 % en 2012,
después de la anulación parcial de la deuda, alcanzó una nueva cumbre en 2013:
el 175 %. La tasa de desempleo que era del 12,6 % en 2010 se eleva en 2013 al 27
% (siendo del 50 % para los jóvenes de menos de 25 años). En Portugal, las
medidas de austeridad son tan violentas y la degradación económica es tan grave
que un millón de portugueses se manifestaron espontáneamente el 15 de
septiembre de 2012, cifra que sólo se había alcanzado el 1 de mayo de 1974 para
festejar la victoria de la Revolución de los claveles. El fracaso de la
política de austeridad provocó una crisis gubernamental. En Irlanda, de la que
los medios de comunicación hablan mucho menos, el desempleo alcanzó
proporciones enormes y produjo el éxodo de 182.900 jóvenes de entre 15 a 29
años, que abandonaron el país después del estallido de la crisis de 2008. Un
tercio de los jóvenes que tenían un empleo antes de la crisis, ahora se
encuentra desempleado. El rescate bancario representó hasta ahora más del 40 %
del PIB (cerca de 70.000 millones de euros sobre un PIB de 156.000 millones de
euros en 2011). El retroceso de la actividad económica llegó a un 20 % desde
2008. El gobierno de Dublín reiteró que suprimiría 37.500 puestos de trabajo en
el sector público hasta 2015. En España la tasa de desempleo alcanza el 50 %
entre los jóvenes. Desde el comienzo de la crisis, 350.000 familias fueron
expulsadas de sus viviendas debido a los impagos hipotecarios. En 2012, el
número de familias en las que todos sus miembros estaban desempleados aumentó
en 300.000 para alcanzar un total de 1,7 millones, o sea el 10 % de todas las
familias de España. La situación se degrada de manera continua en los países
del ex bloque del Este miembros de la UE, comenzando por los que se adhirieron
a la Eurozona.
Una Europa de los pueblos y de la solidaridad
internacional
Únicamente mediante poderosas movilizaciones populares
se podrá acabar con la estrategia de las clases dominantes. Es imprescindible
que los movimientos populares construyan una estrategia continental. En todos
lados, el pago de la deuda pública es el pretexto invocado por los gobernantes
para justificar políticas que atacan los derechos económicos y sociales de una
aplastante mayoría de la población. Si los movimientos sociales y, entre ellos,
los sindicatos quieren afrontar victoriosamente esta devastadora ofensiva, es
necesario atacar la cuestión de la deuda pública de forma radical con el fin de
sacarle al poder su argumento principal. La anulación de la parte ilegítima de
la deuda pública, el abandono de las políticas de austeridad, la imposición
masiva al gran capital, la expropiación de los bancos para integrarlos en un
servicio público del ahorro y del crédito, la reducción del tiempo de trabajo,
el fin de las privatizaciones y el refuerzo de los servicios públicos son
medidas esenciales de un programa alternativo a la gestión capitalista de la
crisis |14|.
Su implantación puede comenzar paulatinamente, país a
país, pero el proceso no se podrá detener en las fronteras nacionales. Se
necesitará una auténtica constituyente de los pueblos de Europa con el fin de
abrogar una serie de tratados europeos y hacer nacer una federación donde la
garantía de los derechos humanos en todas sus dimensiones será el principal
objetivo. Simultáneamente, será necesario practicar una política de ruptura con
el modelo productivista consumista con el objetivo de respetar la naturaleza y
sus límites. Surgirá, en el curso de este proceso, una Europa de los pueblos
que debe recomenzar de cero sus relaciones con el resto del mundo, restituyendo
a las poblaciones de otros continentes, víctimas de siglos de expolio y de
dominación europea, lo que se les debe.
Traducido por Griselda Piñero y Raul Quiroz
Notas:
|1| Este
texto proviene de la conferencia pronunciada por Eric Toussaint el 31 de
octubre de 2013 en la Facultad de Etnología de la Universidad de Port au Prince
(Haití) sobre el tema de la crisis del euro. El autor agradece a Michel Charles
las notas tomadas, que alentaron la redacción de este texto.
|2| La zona
euro fue creada en 1999 por once Estados: Alemania, Austria, Bélgica, España,
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Más
tarde se incorporaron Grecia en 2001, Eslovenia en 2007, Chipre y Malta en
2008, Eslovaquia en 2009, Estonia en 2011 y Letonia lo hará el 1 de enero de
2014.
|7| Artículo
125 del Tratado de Lisboa (2009): «La Unión no asumirá ni responderá de los
compromisos de los Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u
otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas
de los Estados miembros, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para
la realización conjunta de proyectos específicos. Los Estados miembros no
asumirán ni responderán de los compromisos de los Gobiernos centrales,
autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de
Derecho público o empresas públicas de otro Estado miembro, sin perjuicio de
las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos
específicos.» (El subrayado es nuestro).
|8| Se trata
del Tratado constituyente de la Comunidad Europea
|9| Artículo
123 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea.
|10| Desde
mayo de 2013, el tipo de interés al que el BCE presta a los bancos se redujo al
0,5 %. Luego, el 7 de noviembre de 2013, Mari Draghi anunció la caída del tipo
de interés de los préstamos del BCE al 0,25 %. Hay que agregar que el BCE
suavizó sus exigencias de calidad (calificación) de los títulos aportados por
los bancos como garantía para obtener liquidez. En efecto, el umbral mínimo de
calificación de los títulos admitidos por el BCE está suprimido «¡hasta nueva
orden!»
|11| En el
caso de Grecia hay además prestamos bilaterales otorgados por países de la
eurozona.
|12|
Alemania tuvo un crecimiento económico debido a sus exportaciones mientras que
la mayoría de sus socios de la UE y, en particular, de la Eurozona sufren
duramente la crisis. Visto que en toda la UE se asiste a un descenso de la
demanda de las familias descrita antes, a la que se agrega una reducción de la
demanda pública, las salidas para las exportaciones alemanas se reducen claramente.
El efecto bumerán sobre la economía alemana ya se está produciendo.
|13| El
CADTM denunció desde el comienzo la maniobra de propaganda de la Troika y del
gobierno griego. Véase «Le CADTM dénonce la campagne de désinformation sur la dette grecque
et le plan de sauvetage des créanciers privés », http://cadtm.org/Le-CADTM-denonce-l..., publicado el
10 de marzo de 2012. Véase también Christina Laskaradis «La Grèce a déjà fait
défaut aux conditions des créanciers; leur crainte est de voir celle-ci imposer
ses propres conditions», http://cadtm.org/La-Grece-a-deja-fa... , publicado el
31 de mayo de 2012.
Éric Toussaint, doctor en ciencias políticas, es
presidente del CADTM Bélgica (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer
Mundo, www.cadtm.org)
y miembro del consejo científico de ATTAC. Autor, entre otros libros, de Una
mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad,
Icaria 2010; La Deuda o la Vida (junto a Damien Millet) Icaria,
Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La
bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002; Procès
d’un homme exemplaire, Editions Al Dante, Marsella, 2013.
