Por Jesús . Arboleya Cervera
Tomado de Progreso Semanal
Apenas año y medio después de haberse anunciando la
decisión de iniciar un proceso encaminado a normalizar las relaciones entre
Cuba y Estados Unidos, conviene hacer un balance del mismo, toda vez que muchas
veces la percepción de las personas transita desde el criterio de que todo está
resuelto, hasta los que afirman que casi nada se ha avanzado, y la respuesta no
parece estar en estos extremos.
A veces sorprende la rápida evolución que han tenido las
negociaciones en ciertos asuntos. Se restablecieron relaciones diplomáticas, se
han concretado acuerdos en diez áreas de interés común y se negocia con buenos
augurios en decenas más, lo que demuestra la existencia de una
complementariedad determinada por la condición de vecinos y otras exigencias
internacionales.
Uno de los elementos más llamativos, pasado por alto por
muchos analistas, han sido las premisas políticas y la organización bajo las
cuales se ha conducido este proceso. Ambas partes han reconocido que se negocia
en condiciones de igualdad y respeto mutuo, lo cual es particularmente
importante para Cuba, y ha sido creada una comisión bilateral que orienta y
controla las negociaciones.
Por demás, en ellas han intervenido una gran variedad de
instituciones estatales, las cuales establecen sus relaciones específicas, lo
que facilita la comunicación a escala instrumental y el diálogo entre los
funcionarios especializados, un antídoto contra los estorbos que generalmente
crea la burocracia a otros niveles.
Presentes también en las negociaciones, hay temas que
reflejan las disputas existentes, cuya solución es mucho más compleja, debido a
que definen la naturaleza de las relaciones posibles.
Algunas son de carácter sistémico y tienen que ver con
diferencias antagónicas que difícilmente encontrarán solución en el futuro
predecible. No obstante, existen otros que pudieran resolverse, si existe la
voluntad de las partes y coyunturas que faciliten los acuerdos.
En este caso está el tema de las exigencias de
compensaciones mutuas. Este asunto tiene antecedentes en muchas partes del
mundo y generalmente se han encontrado fórmulas para satisfacer los reclamos de
los contendientes. En el caso de Cuba y Estados Unidos, llegado el momento
oportuno, no hay razones para pensar que esto no sea posible.
La mayor parte de los analistas consideran que los días
del bloqueo están contados, aunque nadie puede asegurar cuándo y cómo tendrá
lugar su eliminación. Incluso ambas partes coinciden en la necesidad de
finalizar con esta política y lo que se discute es el alcance de las medidas
ejecutivas que pudiera tomar el gobierno de Obama para restarle eficacia y
facilitar el avance del proceso, a pesar de los obstáculos que representa.
De cualquier manera, incluso aunque estas medidas
ejecutivas se extiendan y algunas enmiendas congresionales puedan disminuir su
valor práctico, mientras exista esta política, amparada por las leyes que la
regulan, resultará imposible hablar de una relación normal entre dos naciones
soberanas.
El gobierno de Estados Unidos ha manifestado su negativa
a discutir el cierre de la Base Naval instalada en el territorio cubano de
Guantánamo e incluso han aparecido propuestas de enmiendas en el Congreso que
pretenden blindar esta posición, complicando aún más el asunto.
Ni siquiera el discurso político norteamericano hace
énfasis en el tratado bilateral a perpetuidad que la ampara hace más de un
siglo, debido a su falta de legitimidad política y legal de cara al orden
internacional y las violaciones de que ha sido objeto. El argumento entonces se
reduce al “interés nacional” de Estados Unidos, una posición que ni siquiera
tiene fundamento en las necesidades de su defensa, toda vez que en diferentes
momentos los militares norteamericanos han dicho que se trata de una base
obsoleta para tales fines.
En cualquier caso, todo indica que continuará siendo un
tema de fricción entre los dos países, aunque históricamente Cuba ha evitado
que constituya una excusa para agudizar las tensiones y en estos momentos
existe un clima de convivencia, que incluye contactos regulares entre los
militares de ambas partes.
Los llamados “programas para la promoción de la
democracia”, forman parte de la política exterior estadounidense y constituyen
motivo de contradicción con muchos países, dado que, cuando no son el resultado
de acuerdos bilaterales, resultan violatorios de las soberanías nacionales.
En el caso de Cuba han tenido el objetivo declarado de
estimular y financiar a la oposición externa e interna y en ellos se invierten
no menos de veinte millones de dólares anuales, con el paradójico resultado de
que en muchas ocasiones sirven para financiar a los grupos que se oponen a la
política de Obama hacia Cuba, con muy escasa capacidad de convocatoria interna.
Difícilmente Estados Unidos renuncie a una práctica que
considera le viene dada por derecho hegemónico en el mundo y forma parte de sus
objetivos estratégicos hacia Cuba. No obstante, de continuar el proceso hacia
la normalización de las relaciones, pudiera tornarse menos específica y
agresiva, más respetuosa, al menos desde el punto de vista formal, de la
soberanía cubana, con lo cual no se resuelve el problema, pero se amplían los
rangos de negociación respecto a este asunto.
El problema migratorio tiene tal importancia para ambos
países, que durante muchos años fue el único tema de negociación entre las
partes. En la actualidad, las conversaciones bilaterales se desarrollan de
manera normal y existe un alto nivel de cumplimiento de los acuerdos firmados
en 1994, por lo que al parecer, hasta ahora, ambos países están satisfechos con
lo pactado.
El problema principal es la aplicación de la
interpretación pie seco/pie mojado para la aceptación de inmigrantes ilegales
que pisan suelo norteamericano. Tal política se aplica solo a los migrantes
cubanos, responde a una decisión ejecutiva que no tiene fuerza legal e implica
más problemas para Estados Unidos que para Cuba, toda vez que muchas de estas personas abandonan legalmente el país. Es de esperar que entonces más
temprano que tarde se suspenda esta práctica, aunque ello, por sí solo, no
eliminaría el problema de la migración ilegal y se requeriría de otro tipo de
negociaciones para enfrentarlo.
Vinculado con esto está la aplicación de la Ley de Ajuste
de 1966, la cual ha devenido la sombrilla política que justifica la excepcionalidad
con que son tratados los inmigrantes cubanos en Estados Unidos.
En realidad, mirado en términos estrictamente legales, la
Ley de Ajuste no constituye un problema “migratorio” para Cuba, ya que no fue
diseñada para aceptar el ingreso de los inmigrantes, sino para resolver su
estatus legal, una vez establecidos en Estados Unidos.
Por otro lado, sus consecuencias han sido tan
contradictorias, que ahora es la extrema derecha cubanoamericana la que plantea
su revisión, toda vez que favorece la inserción política de los nuevos
inmigrantes, la mayoría de los cuales hoy votan en su contra.
Lo justo sería que, más que abolirla o mantener su
exclusividad respecto a los cubanos, la Ley de Ajuste se aplicara a todos los
inmigrantes legales en Estados Unidos, dado que ha demostrado ser más
humanitaria y efectiva para facilitar el asentamiento de estas personas, en
condiciones que benefician a toda la sociedad norteamericana.
Sin embargo, quizás sería mucho pedir dentro del clima
xenófobo que hoy impera respecto al problema migratorio en ese país y otras
partes del mundo, por lo que el futuro más probable es que se eliminen los
privilegios que actualmente disfrutan los cubanos y tengan que pasar por las
vicisitudes que caracterizan el tratamiento a la mayoría del resto, sin
importar cuál sea el estado de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
De cara al futuro, será muy difícil para cualquiera que
resulte electo presidente de Estados Unidos desconocer lo que se ha avanzado en
el campo de las relaciones con Cuba, los beneficios concretos que ha reportado
a ambos países y la existencia de un consenso bastante extendido a favor de la
continuidad de este proceso, aunque tampoco podemos asegurar su
irreversibilidad, debido a la infinidad de variables que pueden incidir en su
destino.
En
verdad, vivimos en un mundo donde prevalece la incertidumbre, y esa es otra
característica del llamado “proceso hacia la normalización de relaciones” entre
Cuba y Estados Unidos.
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