viernes, 10 de marzo de 2017

El proceso migratorio en Rusia (1990-2007)

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Por Lic. Evelyn Garriga Arias
       Dr. Evelio Díaz Lezcano
                   
La última década de la pasada centuria  y la primera del presente siglo, han sido testigos de masivos movimientos migratorios internacionales, que para el 2005  llegaron a totalizar casi 200 millones de personas.   Ello ha sido, sobre todo, el resultado de la desigualdad que provoca el extendido modelo económico neoliberal entre el Norte

desarrollado y el Sur atrasado y cada vez más dependiente.  Pero también han influido en esta situación, entre otros factores, los conflictos armados en varias partes del mundo, las catástrofes naturales de todo tipo, así como las consecuencias derivadas del colapso del socialismo eurosoviético. 

En la desaparecida Unión Soviética, las migraciones se producían principalmente a nivel interior, entre repúblicas y regiones. Eran migraciones de trabajo, movimientos militares, así como los desplazamientos forzados de población durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Las fronteras soviéticas estaban cerradas y muy pocos eran los ciudadanos con autorización para abandonar el país.  Solamente las personas de “nacionalidad” judía, reconocidas así por la legislación soviética, tuvieron a partir de los años setenta la posibilidad de emigrar.   Pero en 1991,  la transformación del gigante euroasiático en 15 repúblicas independientes cambió el orden establecido.

La República Federativa de Rusia, el más grande y poblado de los países generados por la desintegración de la Unión Soviética, ha sido protagonista en el período enunciado de un espectacular flujo migratorio, el mayor de Europa y uno de los más importantes a nivel internacional.  Se calcula que en los años noventa el volumen migratorio ruso representó alrededor del 10 por ciento del total mundial, en gran medida debido al éxodo provocado por las severas consecuencias de la transición a la economía de mercado.

Lo dicho bastaría para justificar el creciente espacio que viene ocupando el tema migratorio en el debate público ruso, pero hay otras importantes razones: la crisis demográfica que vive el país desde su surgimiento y la demanda de mano de obra provocada por la recuperación económica que se inició con el nuevo milenio.  La crisis demográfica  se expresa en una disminución poblacional  de 150 a 142 millones entre 1991 y 2007, tendencia que se mantiene debido a la baja  natalidad (10%), alta tasa de mortalidad (16%) y la reducción de la esperanza de vida, que hoy es de 69 años para los hombres y 70 para las mujeres.  Según el Comité del Estado para las Estadísticas, esta situación es el resultado de las malas condiciones de vida, el alcoholismo, las enfermedades prevenibles y las muertes violentas, entre otros factores. 

El interés que suscita el tema migratorio en amplios sectores de la población esta relacionado también con el auge de las corrientes nacionalistas y el endurecimiento de la política exterior rusa, que  fomentan  tendencias xenófobas y racistas en la sociedad y las instituciones públicas,  que se reflejan en conductas oficiales y en una legislación cada vez más discriminatorias, dejando entrever una clara preferencia nacional rusa. 

La emigración 

Con la apertura de las fronteras, se observó una fuerte emigración a principios de los 90, dirigidas fundamentalmente a Alemania, Israel, Estados Unidos y las repúblicas de la antigua URSS. Entre 1990 y 2003, poco más de cinco millones de personas abandonaron Rusia, tres millones de las cuales se dirigieron a las antiguas repúblicas soviéticas, sobre todo a las centroasiáticas. Israel fue el segundo destino más importante al recibir  cerca de un millón de judíos rusos.

A principios de los noventa, se desarrolló un comercio pendular con los países limítrofes (Turquía, China, Polonia) denominado “comercio de maletas” (compra al por mayor y reventa al por menor), fuente de ingresos complementarios para las personas que se vieron muy afectadas por las consecuencias económicas y sociales de la liberación económica, que se tradujo en la llamada terapia de choque. Esta forma de migración económica se fue reduciendo desde finales de la década, en la medida que el país se fue ordenando y comenzó la recuperación económica.

Desde 1999, los refugiados originarios de Chechenia constituyen la mayor parte de los emigrantes, en particular hacia Europa.  La demanda de asilo procedente de la Federación Rusa, compuesta principalmente por chechenos, se ha multiplicado por cuatro a partir del 2000.  Según la Organización Internacional de Migraciones, Rusia se ha convertido en el principal país de origen de los solicitantes de asilo en 29 países industrializados.   

La inmigración

De acuerdo con cálculos  de 2007, Rusia había acogido a más de 15 millones de personas desde el censo de 1989, lo que la convierte, según diversas fuentes  consultadas, en el segundo o tercer país de inmigración del mundo, sin considerar la alta cifra de inmigración ilegal. Se ha producido un saldo migratorio positivo de casi 6 millones de personas, pero ello  no ha permitido frenar la caída demográfica aunque ha atenuado su amplitud. Como veremos a continuación, parece ser que los principales inmigrantes de Rusia han sido los rusos, si bien  se observa  la presencia de un flujo continuo durante el período, procedente sobre todo del Cáucaso y del Asia Central. 

a/ Los “pies rojos”:

Con la fragmentación de la URSS, un gran número de rusos que vivían en las repúblicas periféricas se encontraron en nuevos estados independientes sin hablar el idioma y sin identificarse totalmente con ellos. El miedo ante las leyes represivas, en particular la obligación de hablar las lenguas nacionales de los nuevos estados y/o las tensiones y conflictos llevaron a cinco o seis millones de rusos a volver, o para algunos, a ir a una Rusia en la que jamás habían vivido pero que consideraban como su patria natural. 

A mediados de los años noventa, este fenómeno fue perdiendo intensidad. De unos 23 millones a finales de 1980, en la actualidad 18 millones de rusos podrían vivir todavía en las antiguas repúblicas soviéticas. En algunos casos constituyen  fuertes minorías, como ocurre en las tres Repúblicas bálticas (Lituania, Estonia, Letonia), ahora miembros de la Unión Europea, en las que muy a menudo no han podido recibir la ciudadanía y son ferozmente discriminados. 

Tras la caída de la URSS, ninguna ley sobre la repatriación ha permitido facilitar la vuelta de esos “pies rojos”. Debe tenerse en cuenta, al respecto,  que el gobierno ruso considera la presencia de fuertes minorías en las repúblicas periféricas como base de influencia. Recientemente se ha observado una evolución de la política gubernamental. La crisis demográfica y la necesidad de mano de obra hacen necesaria la llegada de migrantes a los que las políticas de estado intentan tanto atraer como de seleccionar. De esta forma, el decreto presidencial 637, del 22 de junio de 2006, previó un programa de ayudas al retorno, en vigor desde enero del 2007. Se ha previsto un procedimiento simplificado para recibir el permiso de residencia y un permiso de trabajo, así como ayudas para la mudanza. Las personas que llegan reciben la propuesta de un trabajo y de ayuda para alojarse. 

Las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en este ámbito ponen de relieve el hecho de que 1.500.000 rusos o ruso-hablantes viven en el territorio de Rusia y que desde hace años no han podido conseguir la ciudadanía rusa. En la actualidad, sería necesario que salieran del país y que volvieran a entrar para poder beneficiarse de las nuevas medidas. A pesar de la publicidad, existen dudas sobre la capacidad de las 12 regiones que participan en el programa piloto para financiar las ayudas de repatriación. Por añadidura, aunque los representantes oficiales hacen hincapié en el hecho de que se trata de acoger a personas de todas las nacionalidades y que el término oficial de compatriotas incluye a todos aquellos que nacieron en la URSS y a sus familias, un gran número de comentarios políticos y mediáticos destaca una preferencia por los migrantes “ruso-hablantes sin acento”. 

El decreto presidencial 637 define,  por otra parte, a los compatriotas como personas “educadas en las tradiciones de la cultura rusa, con dominio del ruso y que no desean perder los vínculos con Rusia”. La falta de precisión existente muestra las contradicciones de la política migratoria rusa, atrapada entre la necesidad de solucionar los más rápidamente posible el problema de la falta de mano de obra y la tentación de utilizar la situación de los “pies rojos” al servicio de un discurso nacionalista. 

b/ Los refugiados de los conflictos de la antigua URSS.

Tras 1991 varios conflictos han estallado en diferentes Repúblicas de la antigua URSS: En Abkazia (Georgia), en el Alto-Karabagh (territorio armenio en Azerbaiyán), guerra civil en Tayikistán. Estos conflictos han obligado a una parte de la población a escapar y han provocado oleadas de refugiados en el interior mismo de estos países, pero también hacia Rusia. Según la asociación Asistencia Cívica (www.refugee.memo.ru), el 77% de estos migrantes forzados son rusos. 

En el territorio de la Federación Rusa, el conflicto entre Osetia del Norte e Inguchia, en 1992, provocó que unos 60 mil inguches fueran expulsados del distrito oseta de Prigorodny.  Se calcula que  entre 10.000 y 20.000 han vuelto en 14 años, mientras que 15.mil podrían haber emigrado a Rusia, el resto se encuentra todavía en los campos de refugiados o en una situación de extrema precariedad en Inguchia. 

Particular atención merece la situación especial de los chechenos, expulsados de su república por primera vez cuando estalló la guerra de 1994-1996 y posteriormente por el nuevo conflicto en 1999. El estatuto de “desplazados” casi nunca se les ha reconocido. A pesar de ser ciudadanos rusos, los chechenos se topan con muchas dificultades a la hora de que se reconozcan sus derechos y su situación es equiparable a la de los refugiados de otros países desde el punto de vista de las discriminaciones que sufren y de los problemas a los que deben hacer frente.  Suele decirse, no sin fundamento, que Rusia quiere a Chechenia pero no a los chechenos.

c/ Los migrantes económicos de la antigua URSS.

Desde finales de los años 90, Rusia atrae a un gran número de migrantes económicos procedentes de Ucrania, de los países del Cáucaso (en particular de Armenia y Georgia) y de Asia central. Se calcula que en el 2003 el número de trabajadores oficiales extranjeros en Rusia era de 380.000, de los cuales 180.000 procedían de los referidos países.  A ellos se sumaban  los procedentes de toda  la antigua URSS en situación irregular, así como una importante mano de obra china y turca. La Organización Internacional de Migraciones calcula que para el 2008 existían 5 millones de extranjeros en situación ilegal, mientras que el informe del Banco Mundial ofrece una estimación considerablemente baja, alrededor de 1.500.000. Por la parte rusa, el Servicio Federal de Migraciones calcula  entre 10-12 millones de extranjeros en Rusia, de los que 7 millones trabajarían de forma ilegal. El 40% trabaja en el sector de la construcción, 20% en el comercio al por mayor y al por menor, mientras el resto labora en los diferentes sectores industriales y agrícolas. 

Utilizadas en ocasiones con un objetivo político, las cifras pueden aumentar de forma considerable, como ocurrió durante una declaración del presidente Putin ante la dirección del oficialista  partido Rusia Unida, el 17 de noviembre de 2006, en la que manejó una cifra extraordinariamente exagerada de inmigrantes ilegales.  Según dicha declaración, el número de estas personas sobrepasaba el 60% de los extranjeros que se encontraban entonces en el país.

d/ La especial situación de la etnia romaní.

Obligados a sedentarizarse en 1956 en todo el territorio de la URSS, las familias romaníes/gitanas han visto cómo, después de 1991, las fronteras administrativas se han transformado en fronteras reales y han cortado vínculos familiares o de otra índole. Además, dos minorías realizan migraciones pendulares y viven en Rusia en condiciones especialmente precarias: los Madiary, originarios de los Cárpatos (frontera de Ucrania y de Hungría) y los Liouli, originarios de Asia Central. 

e/ Inmigrantes procedentes de países fuera de la antigua URSS. 

Con relación a este grupo de inmigrantes, se deben destacar determinadas situaciones especialmente delicadas:

-la de los afganos.  Se calcula que 100.000 afganos no pueden volver a su país tras la caída del régimen apoyado por la URSS hasta 1989.  Sólo unas pocas decenas de ellos han conseguido el estatuto de refugiado. 
-la de los estudiantes extranjeros, procedentes en gran parte de países de África o de Asia  e incluso de América Latina, que mantenían relaciones de colaboración con la URSS y que son cada vez más a menudo víctimas de violencias racistas.
 El marco jurídico; su aplicación y evolución.

A pesar de que desde hace años los expertos insisten en la oportunidad que brinda la inmigración para solucionar la crisis demográfica rusa, el poder la considera desde una perspectiva exclusivamente policial, confiando casi exclusivamente al Servicio Federal de Migraciones[1] la misión de sofocar la inmigración extranjera. En enero 2007, se establecieron nuevas normas, encaminadas a simplificar tanto los trámites para los nuevos llegados (y así poder tener un panorama más completo de la inmigración) como a seleccionar mejor a los migrantes, una política que evoca claramente la noción de inmigración selectiva, al estilo de la que se aplica en los países desarrollados del Occidente. 

Entrada y residencia.

Desde junio del 2000, Rusia se retiró del acuerdo de Bishkek de 1992 sobre la libre circulación entre los países de la Comunidad de Estados Independientes. Prefiere firmar acuerdos bilaterales con los diferentes estados, utilizando como arma política la autorización o no de entrada en el territorio únicamente con el pasaporte interior (tarjeta de identidad). Los nacionales de determinados países de la CEI deben poseer un pasaporte internacional (Tayikistán), otros deben obtener un visado (Georgia, Turkmenistán). 

Aunque en principio la constitución de la Federación Rusa permite la libre circulación en el territorio, el peso del legado del sistema soviético sigue siendo importante. En la época soviética, el sistema propiska permitía controlar los desplazamientos; algunas ciudades estaban prohibidas y hasta los años 1950, los campesinos no poseían pasaporte, siendo así imposible para ellos circular en el territorio. Por otra parte, desde principios de los años 1990 existe en Rusia un sistema de registro relativamente complejo, en el que se debe distinguir entre: 

-el registro permanente, (registro en el lugar de residencia): este registro, que se realiza en el servicio de pasaportes del Ministerio del Interior, es necesario para poder acceder a un determinado número de derechos como obtención de un pasaporte, matriculación en los establecimientos de educación superior, acceso a los cuidados médicos normales, obtención de la nacionalidad, entre otros.
-el registro temporal: toda persona que permanezca en una ciudad más de tres días debe registrarse en el servicio de pasaportes.

Tanto los ciudadanos rusos como los extranjeros están sometidos a este sistema de doble registro; la ausencia de registro puede dar lugar a multas e incluso a la expulsión de los extranjeros del país. Sin embargo, en la práctica la mayoría de los refugiados o inmigrantes en Rusia, así como muchos migrantes del Cáucaso del Norte tienen muchas dificultades para conseguirlos, en especial en el caso del registro permanente. De hecho, el proceso implica que alquilan de forma legal su vivienda y que el propietario acepta registrarlos en su propiedad, lo que ocurre raras veces (si los propietarios aceptan alquilar a los extranjeros, en la mayor parte de los casos es sin declararlos). Vulnerables, los migrantes son las primeras víctimas de los controles realizados por la policía según el aspecto físico, y de las extorsiones de fondos para legalizar su situación. La existencia de agencias que realizan falsos registros fomenta aún más la corrupción y protege sólo de forma parcial a las personas que recurren a ellas. 

Por añadidura, los extranjeros que desean vivir en el territorio ruso deben asimismo obtener un permiso de residencia temporal, una vez que han presentado toda una serie de documentos sobre justificación de ingresos, certificado de salud, entre otros.

Desde el 15 de enero del 2007, se han establecido nuevos procedimientos simplificados. Los recién llegados a Rusia ya no tienen que solicitar un registro, simplemente deben informar al Servicio de las Migraciones o enviar un formulario especial por correo. La obtención de un permiso de residencia temporal también se ha simplificado, sólo se necesitan la tarjeta de migración (que se entrega al pasar la frontera), un documento de identidad y un certificado de sanidad. Este mismo permiso de residencia serviría como permiso de trabajo. 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de defensa de los derechos humanos saludan este cambio a un sistema de declaración única. Al mismo tiempo, las multas que se aplican a las personas que no siguen estos trámites han aumentado. Por otra parte, es difícil saber cómo estas nuevas normas serán entendidas y aplicadas en la práctica y posteriormente será necesario realizar una evaluación de la situación para comprender  los efectos de estos cambios. Sin embargo, las ONG rusas ya ponen de relieve el hecho de que estas nuevas normas sitúan en una situación delicada a las personas que residen desde hace años en Rusia y que se encontrarán en la misma situación que las personas que acaban de llegar al país. 

Permiso de trabajo

Aunque las autoridades rusas afirman haber facilitado desde enero del 2007 la entrada y la residencia de los extranjeros, el acceso de los migrantes económicos al mercado de trabajo está por el contrario mucho más controlado. De hecho, las nuevas leyes adoptadas y en vigencia desde enero del 2007 modifican también el sistema de los permisos de trabajo. Hasta la fecha, existía un sistema de cuotas de mano de obra extranjera para los nacionales de países a los que Rusia exige un visado. 

Desde el 15 de enero del 2007, las autoridades regionales y el gobierno federal pueden establecer cuotas para todos los migrantes económicos, tomando en consideración su ciudadanía, profesión y calificación. Para el 2007, estas cuotas fueron fijadas en 6 millones de personas para los países con los que Rusia ha establecido un sistema sin visado y a un poco más de 300.000 para el resto. 

Por otra parte, desde el 15 de enero del 2007, se  tomaron medidas de índole discriminatoria en el comercio al por menor. La proporción de extranjeros que trabajaban en los mercados no debía superar el 40% y sin derecho a vender alcohol o medicamentos. Para un futuro cercano se preveía que los extranjeros ya no podrían trabajar bajo ninguna circunstancia en los mercados. 

Estatuto jurídico de los refugiados / desplazados internos.

En 1993, se votaron dos leyes, una sobre los “refugiados”, otra sobre los “desplazados internos”: el término de desplazado designa a los ciudadanos rusos que han abandonado su lugar de residencia debido a un conflicto de masas o por otro motivo; mientras que el término de refugiado concierne a los nacionales de otro país.

De hecho, sólo una parte de los migrantes forzados se han beneficiado de estas leyes. La asociación Asistencia Cívica calcula que 4 millones de migrantes forzados llegaron a Rusia entre 1992 y 2003, de los cuales 1.400.000 recibieron el estatuto de refugiado o de desplazado, aunque algunos de ellos han perdido dicho estatuto posteriormente. Se debe tomar en consideración que las personas que obtuvieron el estatuto son sobre todo de origen ruso. 

Obtención de la nacionalidad (ciudadanía rusa).

Según lo estipulado por la ley votada en 1992, los ciudadanos de la antigua URSS que residían de forma permanente en Rusia en aquel momento, obtenían de forma automática la ciudadanía rusa, de igual forma que los ciudadanos instalados después de 1992 y que no poseían otra nacionalidad. En abril del 2002, se votó una nueva ley sobre las nacionalidades, a la que se añadirá en junio del mismo año una ley sobre “la situación jurídica de los extranjeros”. El problema surge a partir del momento en que para solicitar la naturalización, es necesario estar registrado “en el lugar de residencia permanente” mientras que muchos de los solicitantes cuentan únicamente con un registro temporal o ni siquiera están registrado. Además, las personas que desean obtener la nacionalidad rusa deben renunciar a su nacionalidad, un paso que muchos dudan en dar. Así, aunque algunos cientos de miles de personas reciben la nacionalidad rusa al año, otros miles siguen estando fuera del sistema. En el censo del 2002, 400.000 personas fueron declaradas apátridas y 1.300.000 no pudieron indicar su ciudadanía. 

Las expulsiones

La situación jurídica de los migrantes es tan frágil que algunos de ellos han visto cómo se les ha privado del estatuto que habían obtenido: privación del estatuto de refugiado, del permiso de residencia o incluso de la ciudadanía. 

-En el marco de la campaña antigeorgiana del otoño 2006, algunos georgianos vieron como su registro temporal o permanente, su permiso de residencia e incluso la decisión de concederles la ciudadanía eran anulados. Decenas de georgianos se encontraron en los centros de retención tras fallos judiciales expeditivos y fueron expulsados a Georgia.

-Otra situación delicada es la de los refugiados uzbecos. Como Rusia colabora estrechamente con el régimen autoritario uzbeco en la “lucha contra el terrorismo “, decenas de personas acusadas de ser islamistas, miembros del partido Hizbut-Tahrir, fueron condenadas en Rusia. También fueron expulsadas de Rusia, incluso a veces una vez que se les había retirado su nacionalidad.

Migraciones y aumento de la xenofobia y las discriminaciones

El otoño del 2006 se convirtió en un momento decisivo tanto desde el punto de vista político como jurídico. Hasta ese momento numerosos informes y artículos habían puesto de relieve los ataques y los asesinatos racistas de los que eran víctimas los inmigrantes que trabajaban en Rusia, en particular en los mercados, teatro de acciones colectivas violentas de grupos de skinheads o de otros movimientos ultra-nacionalistas y militarizados, acciones que rara vez son llevadas ante la justicia. Pero la política oficial del Estado ruso no era abiertamente hostil a la inmigración. La situación se modificó con los conflictos interétnicos en Kondopoga, en Carelia, en septiembre, y posteriormente la crisis diplomática con Georgia, a finales de septiembre-principios de octubre de 2006, que se constituyeron en pretexto para el cambio de discurso y de política por parte de las autoridades rusas. 

Desde entonces, comenzó a decirse abiertamente que los trabajadores extranjeros son demasiado numerosos y se les designa como la causa principal de la dificultad que tienen los rusos para encontrar trabajo, en especial en los mercados, como lo muestra la nueva legislación. Un responsable del Servicio federal de las migraciones ha expresado la voluntad de imponer un límite importante a la inmigración de los “no rusos” al declarar que un porcentaje mayor al 20% de inmigrantes significa que se ha superado el umbral de tolerancia para la población “de pura cepa”. 

Además de las dificultades para obtener una situación legal, los migrantes se topan con numerosos problemas para encontrar una vivienda. Lo anuncios “sólo para rusos” o “negros abstenerse” son múltiples. Por otra parte, la hostilidad contra los inmigrantes es evidente; por mencionar sólo una cifra, una encuesta del centro Levada realizada en noviembre-diciembre 2004 indicaba que el 58% de las personas encuestadas aceptaban la idea de que la administración de su ciudad o de su barrio prohibiera la residencia a las personas de origen caucásico o a las personas originarias de Asia Central. En octubre del 2005, el partido Rodina, en un anuncio electoral (finalmente prohibido), hacía un llamamiento para “limpiar la basura de Moscú”, aludiendo a los inmigrantes de cabello moreno. 

El ambiente hostil generalizado en contra de los migrantes, alimentado en particular por los medios de comunicación y los partidos políticos, se nutre tanto de los estereotipos de la época soviética como de todos los que están relacionados con las nuevas amenazas.  Muy a menudo se acusa a los migrantes de ser los responsables del aumento de la criminalidad, del tráfico de drogas, de la perversión de la población rusa (“nos roban a nuestra hijas y mujeres”), de vivir entre ellos, de no hablar su idioma, de no ser capaces de integrarse. 

En aras de la “higiene” se les acusa de ser una amenaza para la salud de la población local (los inmigrantes en situación irregular no tienen acceso a los servicios de urgencia). Se les acusa también de desequilibrar el mercado laboral al aceptar salarios demasiado bajos y el mercado de los alquileres al pagar demasiado por el alquiler de sus viviendas. El fenómeno de la mendicidad aumentó de forma considerable a principios de los 90, se acusa a los “extranjeros” de mendigos y de vivir a expensas de la población rusa, de no trabajar. Se reprocha a los que trabajan de forma ilegal el no pagar impuestos, el envío de divisas a sus países de origen y por lo tanto de perjudicar el desarrollo de la economía.

Al mismo tiempo, se considera que la mayor parte de los inmigrantes trabaja en el comercio. Vistos como minorías “que tienen éxito”, se les acusa de favoritismo étnico y de clientelismo “contratando sólo a las personas del mismo origen e impidiendo acceder al empleo a los rusos”, pero también de vender a precios muy elevados mercancía de mala calidad. Con el establecimiento en enero del 2007 de las cuotas que limitan la presencia de los extranjeros en los mercados y que prohíben que vendan productos “peligrosos” (alcohol, medicamentos), las autoridades dan crédito y legitiman aún más la idea de que los extranjeros podrían pervertir a la población, poner en peligro la salud y, por supuesto, ocupar el lugar de los rusos en el mercado laboral, tal y como lo demuestran los discursos pronunciados tras los acontecimientos de Kondoponga.

Las violencias racistas

Desde hace años, las violencias cometidas por los skinheads y los asesinatos racistas se multiplican. En el 2006 se registraron por lo menos 54 muertes por ataques racistas según el centro Sova. Dicho  centro considera que en el 2006, 520 personas fueron víctimas de ataques racistas, y precisa que los datos no están completos. Según Amnistía Internacional, en el 2005 se habían producido 28 muertes y 336 agresiones por motivos raciales. 

Determinadas ciudades, como San Petersburgo o Voronej, se han convertido en lugares en los que las agresiones y muertes ocurren de forma continua, ya se trate de miembros de la etnia romaní o de personas originarias de Asia Central, de otras partes de Asia, de África o del Cáucaso. El 21 de agosto del 2006, una bomba estalló en el mercado Tcherkizovskiy en Moscú, matando a más de 10 personas e hiriendo a otras 50. Según las investigaciones, los terroristas formaban parte de grupos nacionalistas y su objetivo eran los extranjeros (especialmente de Azerbaiyán) que trabajaban en el mercado. Las víctimas no pueden solicitar la protección de la policía (asimismo objeto de denuncias debido a las discriminaciones o violencias racistas), ni la de la justicia, muy a menudo especialmente clemente con los autores de los ataques racistas, quienes rara vez son considerados como tales. 

La campaña antigeorgiana que comenzó en el otoño de 2006 es un ejemplo, ya que saca a la luz las prácticas de la policía o de la justicia, pero sobre todo porque muestra cómo la política oficial rusa puede transformarse en una política claramente racista. Esta campaña comenzó en octubre del 2006, poco después de la teatral detención, por parte de las autoridades georgianas, de 4 oficiales rusos acusados de espionaje. A pesar de su liberación, Rusia reaccionó cortando las conexiones postales, los ejes de carreteras y el tráfico aéreo con Georgia y cesando la expedición de visados para los georgianos. 

El presidente Vladimir Putin solicitó en ese momento que se fortaleciera el control de los mercados con miras a proteger “los intereses de los productores rusos y de la población rusa nativa” y denunció el control de los mercados por parte de los grupos nacionales “de índole nacionalista”. En el país, la policía se ha centrado en los comercios o empresas dirigidos por georgianos, controlando o cerrando una gran parte de ellos. Las personas de origen georgiano instaladas desde hace años en Rusia, donde han nacido, quienes en algunos casos poseen la nacionalidad rusa y no se consideran de ninguna manera migrantes, se han convertido, tanto al igual que los extranjeros “de pasaporte”, en el objetivo de las prácticas represivas de las autoridades. 

El Servicio Federal de las Migraciones ha declarado, además, que no decretará más cuotas que autoricen a los ciudadanos georgianos a trabajar de forma oficial en Rusia. La campaña estuvo  acompañada por una amplia propaganda en los medios de comunicación en contra de los apellidos de origen georgiano; incluso en las escuelas se han establecido listas de niños con apellidos georgianos, antes de que las autoridades federales mismas hicieran un llamamiento a la moderación, pretextando los abusos de algunas autoridades locales.

Conclusiones

En los últimos 20 años, Rusia ha sido protagonista de uno de los más grandes movimientos migratorios de la contemporaneidad. En un principio, hasta fines de los años 90, el país fue un destacado emisor, situación derivada de la profunda crisis  política, económica y social que siguió a la desintegración de la Unión Soviética.  Pero en la medida que se fue logrando un aceptable nivel de orden y estabilidad y, sobre todo, de recuperación económica facilitada por los altos precios de los hidrocarburos en el mercado internacional, Rusia se fue tornando en país receptor de migrantes, lo que ha contribuido a disminuir los efectos de la aguda crisis demográfica que provocó la difícil situación de finales de los años 80 y de una buena parte de los 90.  

En la actualidad, el gigante euroasiático exhibe parámetros migratorios muy similares a los de los países desarrollados occidentales.  También existe gran coincidencia con el Occidente en la política migratoria oficial, que se caracteriza por ser notablemente selectiva y  discriminatoria.  En Rusia, como en Europa y los Estados Unidos, estas políticas han conducido a la violencia y la xenofobia contra los extranjeros, fomentando el auge y la beligerancia de posiciones nacionalistas extremas. 

Bibliografía:

Berrio Sardá, Enix: La otra Europa
Brown, F. y Dacal, A.: Rusia. Del socialismo real al capitalismo real, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2005.
Centro de Estudios sobre el Espacio Postsoviético. Moscú, Rusia. Informes sobre movimientos migratorios desde y hacia Rusia.  Universidad Lomonosov,  Moscú, 2008.
Centro Jurídico-Informativo Migración y Ley. Moscú, Rusia. Informes y comentarios a la legislación migratoria rusa.  Tomado de la prensa rusa de 2007 a 2008.
Colectivo de autores: Historia Universal del siglo XX ,Editorial Síntesis S.A., Madrid, 2001.
Díaz Lezcano, Evelio: Breve Historia de Europa Contemporánea (1914-2001), Editorial Felix Varela, La Habana, 2009.
Fernández, A.: Historia del mundo contemporáneo, Editorial Vicens Vives S.A., España, 1995.
Marchetto, A.: Los flujos “migratorios” en el mundo. Consecuencias y expectativas, Secretaria del Pontificio Consejo, s/f.
Marrero, M.: Europa no puede vivir sin inmigrantes, en Orbe, Prensa Latina, La Habana, 12-18 de febrero de 2000.
Merino, H  y González,  E.: “Las migraciones Internacionales”, Dastin Ediciones, s/a.   
Veiga, F.: El desequilibrio como orden. Una historia de la posguerra fría 1990-2008, Alianza Editorial, España, 2009.
Fuentes electrónicas:
Mateu G., A. “El nuevo reto europeo: la inmigración”, en    www.noticias.com









[1] El Servicio Federal de Migraciones fue creado en 1992 y estuvo subordinado a varios ministerios hasta que en el 2004 quedó bajo el mando del Presidente Vladimir Putin



lunes, 6 de marzo de 2017

Defendamos la unión, la dignidad y la soberanía de Nuestra América


Declaración de la XIV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP


Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) nos reunimos en Caracas, a cuatro años de la siembra del Comandante Hugo Chávez Frías y a cuatro meses de la partida del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nuestros fundadores, y cuyos ejemplos e ideas interpretan y resumen el legado de los libertadores.

Ellos nos educaron en entender nuestras luchas y anhelos nacionales como procesos interdependientes y como contribuciones solidarias a los sueños comunes de libertad, dignidad, justicia y paz para la Patria Grande; a anteponer los intereses colectivos a los nacionales.

El ALBA-TCP, alianza política, económica, y social, defiende la independencia, la autodeterminación y la identidad de nuestros pueblos. Nos une la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación, con el propósito histórico de aunar las capacidades y fortalezas de nuestros países, a fin de alcanzar el desarrollo integral y existir como naciones soberanas.

América Latina y El Caribe atraviesa una etapa crucial de su historia: los procesos democráticos populares, liderados por gobiernos, fuerzas políticas y movimientos de izquierda, enfrentan una nueva embestida del imperialismo, el capital transnacional y las oligarquías nacionales. El declive del hegemonismo imperial, los impactos de la crisis sistémica internacional y la caída de los precios de nuestros recursos de exportación, en particular de los hidrocarburos, abren nuevos desafíos. Son generados por las mismas fuerzas que crearon la pobreza, la exclusión y la dependencia de nuestras naciones y que nos impusieron invasiones y dictaduras para consolidar su poder.

En todos estos años y contra nuestra resistencia, el neoliberalismo no ha cejado en su empeño de extender su lógica financiera: no se trata de una teoría de desarrollo, es la doctrina del saqueo total a nuestros pueblos. Con el neoliberalismo, la economía mundial no ha crecido en términos reales y en cambio se ha multiplicado la inestabilidad, la especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, las crisis financieras cada vez más frecuentes, la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el abismo entre el Norte opulento y el Sur desposeído.

Su retorno ha resucitado al peor conservadurismo, reactivó el fundamentalismo, la xenofobia, el racismo y el militarismo. La política es financiada por empresas y gobiernos extranjeros. Los adelantos científico-tecnológicos han propiciado un alto nivel de concertación político-comunicacional entre imperialistas y oligarcas para manipular a las masas y agredir nuestras culturas. Nuevos rostros, instrumentos y métodos confunden a los votantes y trastocan los resultados electorales.

Los partidos de derecha utilizan los poderes legislativo, judicial y mediático como plataformas de conspiración y quiebran, sin escrúpulos, el orden democrático que solían defender, imponen paquetazos de ajuste con privatizaciones y despidos masivos y fomentan la articulación de la subversión política.

La corrupción contra la que lucharon las organizaciones y movimientos de izquierda y progresistas de la región antes de llegar al poder, y contra la que han debido combatir fuertemente una vez convertidos en gobiernos, es manipulada con fines políticos, para criminalizar y desmoralizar a organizaciones y líderes. Unos se escudan en ella para atacar la eficacia, justicia y eficiencia de las administraciones públicas, limitando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y su ejercicio participativo. Otros se evaden, ocultando inmoralmente sus capitales en paraísos fiscales.

Debemos denunciarlos a todos y combatirlos con energía, a la vez que incrementamos los esfuerzos para fortalecer una buena gestión en la administración de los bienes públicos y colectivos. El control social de los mismos debe asumirse como una prioridad en los países miembros del ALBA-TCP. Este enfrentamiento resulta esencial y deberá formar parte de nuestra integridad y ética, mientras trabajamos por la prosperidad de nuestros países.

El ataque principal es contra la Revolución Bolivariana. Las arbitrarias sanciones estadounidenses contra Venezuela, en especial contra su Vicepresidente Ejecutivo compañero Tareck El Aissami, deben ser anuladas. La inexplicable orden ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de ese país, debe ser derogada. Venezuela, es la cuna de la libertad de Nuestra América, impulsora de la integración regional y bastión del antimperialismo. La defensa de Venezuela y de su revolución no es problema exclusivo de los venezolanos. Es causa que convoca a todos los que luchamos por la verdadera independencia en América Latina y El Caribe. En Venezuela se libra hoy la batalla de Ayacucho del siglo XXI.

La unidad y la integración regional de la América Latina y El Caribe es una necesidad impostergable, en este complejo entorno. El ALBA-TCP, junto con bloques como el MERCOSUR, la UNASUR, CARICOM, y otros que recobraron su protagonismo en la última década, deben continuar contribuyendo a la integración regional.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), es nuestra obra más preciada. Es el mecanismo para fraguar la unidad en la diversidad a través de la concertación política. La Comunidad ha debido enfrentar la resistencia de los defensores del fracasado panamericanismo. Debemos preservarla.

Nuestro compromiso con la Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de Paz guía nuestra actuación internacional. Ella refrenda nuestro estricto apego a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, reafirma nuestro respeto a la libre determinación, la soberanía nacional y la igualdad soberana de los Estados. Expresa la voluntad de solucionar diferencias de forma pacífica, por el diálogo y la negociación; y reconoce el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural.

Las pequeñas economías del Caribe, que sufrieron el genocidio contra la población nativa y la esclavitud, y el saqueo colonial y neocolonial, enfrentan hoy los desafíos resultantes del cambio climático, los desastres naturales y otras crisis globales, lo que las hace las más vulnerables de nuestra familia. El Caribe, apoyado decididamente por la generosa iniciativa de Petrocaribe, merece la mayor solidaridad y toda nuestra atención.

Resaltamos que el agua y el saneamiento básico son un derecho humano que no puede estar en manos de privados y que es deber de los Estados garantizar su suministro para el bienestar de los pueblos.

Frente al ALBA-TCP y a todos los esfuerzos integracionistas genuinos, está la Organización de Estados Americanos, en la que las preocupaciones de nuestros pueblos no hallan expresión y mucho menos respaldo o defensa sino tentativas y proyectos hegemónicos. La conducta de su Secretario General es indigna y carece de mandato alguno de los Estados Miembros.

Nuestra América enfrenta una nueva agenda de dominación imperial, signada por el anuncio de un proteccionismo egoísta y extremo que impactará a nuestras aún dependientes economías. La implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático está hoy bajo amenaza. Nuestra gente, forzada a la migración por las condiciones de vida resultado del subdesarrollo y de un orden económico internacional injusto y excluyente, es perseguida, criminalizada, deportada y sus derechos humanos frecuentemente violados. En nombre de la seguridad se incrementan los gastos militares y policiales, se persigue a las personas por motivos religiosos o raciales, y se construyen muros, como el de la frontera norte de México, a cuyo pueblo le expresamos toda nuestra solidaridad.

En el ALBA-TCP expresamos nuestra preocupación por el tratamiento a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños que se encuentran en condición de migrantes, en este sentido proponemos reactivar el Fondo para el Apoyo Legal y Asesoría a los Migrantes dentro del Banco del ALBA.

Los gobiernos y pueblos del ALBA-TCP vemos en estos fenómenos una nueva oportunidad para la reagrupación, la movilización y la lucha. Debemos apoyar las acciones emancipadoras, fijar con claridad y realismo los horizontes, identificar bien los valores y principios que nos unen y asumir un programa de acción integracionista, solidaria e internacionalista, que establezca las premisas económicas, sociales y políticas del cambio liberador.

Necesitamos fortalecer las organizaciones y movimientos sociales para enfrentar a nuestros adversarios. Tenemos que explicar mejor a los pueblos el alto grado de dependencia externa de nuestras economías y cómo ello compromete la independencia y la soberanía nacional. Podemos y debemos abrir más oportunidades al comercio y a la cooperación intrarregional para asegurar la independencia económica, garantía de nuestra independencia política.

En ese sentido, ratificamos nuestro compromiso para profundizar una agenda de trabajo social, económica y productiva que fortalezca la Alianza y facilite a nuestros pueblos las condiciones adecuadas para su desarrollo integral y complementario.

Respaldan y apoyan la Convocatoria del Estado Plurinacional de Bolivia a la “Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la ciudadanía universal”, a realizarse los días 20 y 21 de junio de 2017 en la ciudad de Cochabamba – Tiquipaya de ese país.

Saludamos la designación del compañero David Choquehuanca, ex Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, como nuevo Secretario Ejecutivo del ALBA-TCP y le deseamos éxitos en sus funciones.

Somos responsables no solo de construir conciencia de la necesidad del cambio, sino de persuadir y demostrar la certeza de su posibilidad.

Integrémonos y unámonos todos. En ello está la victoria.

Caracas, 5 de marzo de 2017

El muro que se pretende levantar en la frontera norte de México es una expresión de esa irracionalidad, no solo contra este hermano país, sino contra toda nuestra región. Expresamos la solidaridad de Cuba con el pueblo y gobierno mexicanos. La pobreza, las catástrofes, los migrantes no se contienen con muros, sino con cooperación, entendimiento y paz.


 
Foto: Estudios Revolución
Granma

Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la XIV Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP, en Caracas, Venezuela, el 5 de marzo de 2017, “Año 59 de la Revolución”.


Compañero Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro hermano Maduro;

Estimados Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América;

Estimados Jefes de delegaciones e invitados:

Me atrevería a decir que estamos en una etapa crucial de nuestra historia, en la que un retroceso a escala regional tendría impactos muy negativos para nuestros pueblos.

Fidel nos enseñó a recurrir siempre a la historia, a ser audaces y a la vez realistas, y que lo que parece imposible se puede alcanzar si nos lo proponemos con firmeza y actuamos de manera consecuente.

Los países miembros del ALBA-TCP consideramos la integración solidaria como una condición imprescindible para avanzar hacia el desarrollo, frente a la creciente formación de grandes bloques que dominan la economía mundial. Apostamos por la voluntad política para abrir mayores oportunidades al comercio, la inversión y la cooperación intrarregional, sin los cuales nuestros avances seguirán siendo insuficientes. Hemos demostrado también capacidad de concertación.

El ALBA no habría sido posible en la época en que triunfó la Revolución Cubana. Tuvo que ocurrir la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 y el triunfo de la Revolución Bolivariana liderada por el inolvidable Comandante Hugo Chávez Frías, para que una iniciativa cómo esta pudiera abrirse paso.

Fue importante que en el Foro de Sao Paulo las ideas de Fidel y Lula convergieran para recibir y apoyar a Chávez.

Hoy continúa siendo decisivo el vínculo entre el ALBA y el Foro de Sao Paulo y la relación entre los gobiernos revolucionarios y progresistas con las fuerzas políticas, los movimientos populares, las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, académicas y con la intelectualidad de nuestros pueblos.

Chávez siempre nos explicó la complejidad de lanzar la revolución en un país petrolero, dependiente de un único mercado, con una oligarquía financiera corrupta, una población a la que impusieron hábitos consumistas insostenibles y una economía neoliberal rentista, que llevó al país a la quiebra.

Para emprender las transformaciones, Chávez comprendió que su principal tarea era la construcción de una amplia unidad cívico-militar, que hoy encabeza el presidente Nicolás Maduro con el respaldo del pueblo bolivariano y chavista.

La construcción de la unidad es la tarea más importante que enfrenta toda revolución verdadera.

Los revolucionarios tenemos muchas ideas y visiones de cuál puede ser el camino y cómo transitarlo exitosamente. Pero para consolidar la unidad hay que dejar a un lado, con modestia, todo aquello que nos divide y separa.

Gracias a la unidad, la Revolución Bolivariana ha sobrevivido al asedio y al acoso de sus enemigos.

Por esa unidad, la revolución ha sobrevivido a las bajezas de la OEA, a las irritantes e injustas sanciones norteamericanas, a las recientes acusaciones contra su vicepresidente ejecutivo, el compañero Tareck El Aissami, que solo persiguen desviar la atención de los verdaderos problemas y desacreditar a quienes están ocupados en salvar, desarrollar y defender la patria.

La nueva agenda del gobierno de los Estados Unidos amenaza con desatar un proteccionismo comercial extremo y egoísta que impactará la competitividad de nuestro comercio exterior; vulnerará acuerdos ambientales para favorecer los ingresos de las transnacionales; perseguirá y deportará migrantes generados por la desigual distribución de la riqueza y el crecimiento de la pobreza que provoca el orden internacional impuesto.

El muro que se pretende levantar en la frontera norte de México es una expresión de esa irracionalidad, no solo contra este hermano país, sino contra toda nuestra región. Expresamos la solidaridad de Cuba con el pueblo y gobierno mexicanos. La pobreza, las catástrofes, los migrantes no se contienen con muros (Aplausos), sino con cooperación, entendimiento y paz.

Venezuela ha realizado un gran aporte a la integración regional con su solidaridad y generosidad, especialmente hacia los pueblos de América Latina, y en particular del Caribe, mientras convocaba a integrarnos en Petrocaribe, UNASUR y CELAC.

No están solos. Les ratifico el compromiso asumido en nuestra Declaración, de acompañar la defensa de Venezuela y la posición digna, valiente y constructiva del presidente Nicolás Maduro.

Compañeras y compañeros:

En Venezuela se libra hoy la batalla decisiva por la soberanía, la emancipación, la integración y el desarrollo de Nuestra América.

Es una aspiración que consagramos en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por la CELAC en su Cumbre de La Habana, en enero de 2014. Se requiere un estricto apego a esa declaración, en la que nos comprometimos a cumplir nuestra “obligación de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro Estado y a observar los principios de soberanía nacional, igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos”; a resolver las diferencias de forma pacífica y a respetar “los principios y normas del Derecho Internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”; y a respetar “el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones”.

Ese histórico documento insta “a todos los Estados miembros de la Comunidad Internacional a respetar plenamente esta declaración en sus relaciones con los Estados miembros de la CELAC”.

Ninguna causa justa de la Patria Grande es ajena. Jamás les fallaremos a los entrañables hermanos del Caribe.

Ratificamos nuestro respaldo a su legítimo reclamo de compensación por los horrores de la esclavitud y la trata de esclavos; a su demanda de recibir cooperación de acuerdo con sus necesidades y no sobre la base de indicadores que los clasifican como países de renta media; a un trato especial y diferenciado en el acceso al comercio y las inversiones, así como en el financiamiento para adaptarse a los efectos del cambio climático y enfrentar los desastres naturales, como estados insulares, pequeños y vulnerables que son; y nuestro rechazo a la injusta persecución de que son objeto por parte de los centros del capital financiero.

Reiteramos nuestra solidaridad con Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, reconocidos líderes de Nuestra América.

No desistiremos de apoyar a Correa y a su compañero Lenín Moreno en Ecuador. Jamás dejaremos solo a Evo, verdadero líder de Bolivia y de todos los pueblos originarios. Seguiremos acompañando a Daniel y al pueblo sandinista de Nicaragua.

Muchas gracias (Aplausos).