El
referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea se ha
saldado a favor de la salida de la segunda economía del continente, un
desenlace sin precedentes en el proyecto comunitario y que abre un período de
incertidumbre tanto para el nuevo encaje británico en el continente, como para
la sostenibilidad de un bloque que ha perdido a uno de sus más influyentes
miembros.
Aunque el escrutinio no ha concluido oficialmente, el brexit
ha logrado una victoria recibida por sus partidarios como el «día de la
independencia británica», una euforia que contrasta con la negativa reacción de
los mercados, que evidencian las serias implicaciones de una decisión contra la
que habían luchado la práctica totalidad de las fuerzas políticas, económicas y
sociales de Reino Unido.
Junto a los efectos sobre la volatilidad financiera,
el statu quo británico se enfrenta a un terremoto político con epicentro en el
Número 10 de Downing Street, puesto que el primer ministro, David Cameron,
había apostado por una opción, la de la permanencia, ignorada por la mayoría de
los ciudadanos.
Con una participación del 71,3%, la mayor en una
votación en Reino Unido desde 1992 y más de seis puntos por encima del
plebiscito de 1975 que había confirmado la permanencia en la por entonces
Comunidad Económica Europa, el escrutinio ha dado un vuelco sin precedentes a
una noche electoral que había arrancado con las encuestas a favor de la
continuidad.
Este desenlace tiene profundas connotaciones políticas
e institucionales, puesto que el debate sobre la sostenibilidad de Cameron al
frente del Gobierno, del que había avisado que no dimitiría en caso de brexit,
está ya planteado, incluso pese a la carta de dos tercios de los diputados
conservadores que habían defendido la salida y que le han expresado su apoyo
para permanecer en Downing Street por el «mandato y deber» obtenido hace tan
sólo un año.
Sin «plan B»
Además, otra de las incógnitas es el grado de
preparación de Reino Unido para un proceso que podría llevar años, puesto que
el propio primer ministro había asegurado públicamente que no había «plan B». Tras jugarse su credibilidad a la carta de una apuesta
que, según él, haría al «más fuerte y más seguro», Cameron ha quedado ya como
el principal perjudicado de una campaña que ha dividido a la sociedad británica
por una estrategia partidaria, puesto que, más que por clamor popular, el
referéndum surgió para sofocar el incendio que Bruselas llevaba generando en
los conservadores desde hace décadas.
La oposición laborista ha sugerido ya la necesidad de
su dimisión ante un escenario sin precedentes en el que la única certidumbre es
que, de vencer la salida, la decisión sería «irreversible». No en vano, David
Cameron había avanzado ya que el proceso formal de retirada de los Veintiocho
comenzaría de inmediato. Aunque el Tratado de Lisboa establece las pautas de
este procedimiento en el artículo 50, el primer movimiento ha de partir del
estado miembro, que debe notificar a la UE su deseo de abandonar.
De hecho, Londres no está obligado a proceder
inminentemente, es más, los partidarios de romper con Bruselas han manifestado
ya su preferencia por aguardar, puesto que, pese a meses de campaña, la fórmula
que regiría sigue siendo una incógnita.
Los plazos, a priori, están marcados, si bien los dos
años establecidos en la normativa comunitaria podrían ampliarse siempre que lo
autoricen los otros veintisiete socios. Expertos en Derecho europeo creen que,
dada la complejidad, las negociaciones podrían llevar hasta una década y los
propios defensores del divorcio asumen que, como mínimo, serían necesarios
cuatro años.
Reacción
De momento, los mercados han evidenciado las secuelas
del escenario que se abre en el bloque occidental: la divisa británica ha caído
a niveles inéditos desde 1985, lo que podría acarrear una intervención de
contingencia del Banco de Inglaterra, que ya había avanzado que tenía previstas
medidas para garantizar la estabilidad financiera.
Junto a la City y Downing Street, la atención estará
en el continente, donde se espera que los demás líderes, que han mantenido en
secreto su plan de acción en caso de brexit, se reúnan a la máxima
urgencia y exijan a Reino Unido clarificaciones sobre las áreas más delicadas,
como el futuro de los casi tres millones de ciudadanos comunitarios que residen
al norte del Canal de la Mancha.
Encaje
Además, uno de los factores más complejos será el
potencial encaje británico en el mercado común. La presión, por tanto, será
notable para hallar una solución que implicará delicados compromisos de las
partes, un esfuerzo que podría necesitar años antes de que se pueda garantizar
el apoyo de una mayoría cualificada de los ministros del ramo para,
posteriormente, lograr que la propuesta sea ratificada por los demás estados
miembro y, a continuación, por los Parlamentos europeo y británico.
El problema es que uno de los catalizadores del brexit
ha sido el control de los flujos migratorios y la pertenencia al mercado común
implicaría, a priori, el libre movimiento de personas, dos elementos
indisociables y, para la UE, innegociables, por lo que, a priori, Londres no
podría mantener el primero sin tener que aceptar el segundo, lo que complica la
ecuación entre prosperidad económica y límites a la entrada de ciudadanos
comunitarios.
No en vano, abandonar el mercado común no es una
opción extendida entre los defensores del ‘Brexi’, que se encuentran divididos
entre quienes proponen directamente abandonarlo, aquellos que creen posible
permanecer por el propio interés del resto de sus integrantes de no perder a la
segunda economía europea, los que abogan por establecer acuerdos bilaterales e,
incluso, quienes ven viable operar con los 161 miembros de la Organización
Mundial de Comercio (OMC).
Este encaje, con todo, constituye tan solo una pieza
más del complejo puzle legislativo de un proceso que obligaría a revisar hasta
80.000 páginas de acuerdos comunitarios, con el objetivo de decidir descartes,
qué áreas enmendar y cuáles mantener, un sumario que, inevitablemente, querrá
supervisar el Parlamento británico y cuya duración constituye un enigma.
Además, la salida incrementa el riesgo de una crisis
constitucional para la unión británica, puesto que Escocia, protagonista de un
plebiscito de independencia hace menos de dos años, ha apoyado mayoritariamente la continuidad en la UE
y cuya ministra principal ha reconocido que este desenlace reavivará las ansias
secesionistas.
Sin precedentes
En consecuencia, junto a la resolución de una profunda
crisis política en casa, el Gobierno, independientemente de su constitución,
tendrá que resolver un proceso sobre el que no hay precedentes, tan solo la
salida de Groenlandia, ni siquiera un estado, sino un territorio que formaba
parte de Dinamarca, hace más de 30 años, cuando la UE no era tampoco la unión
política en la que se ha convertido hoy en día.
Por si fuera poco, este nuevo capítulo tendría que
acordarse con socios que difícilmente mostrarán empatía hacia quien ha decidido
abandonar, a pesar de los compromisos que tanto costaron en febrero y que
hubiesen garantizado para Reino Unido el ansiado estatus de verso libre de una
Europa cada vez más cohesionada.
Por otra parte, a escala europea, el temor es que la
partida británica genere un efecto dominó entre otros integrantes de los
Veintiocho y, sobre todo, que desencadene un peligroso auge del populismo.
Noticia relacionada: Sinn Féin demanda un referéndum sobre la unidad de Irlanda
tras la victoria del brexit
No hay comentarios:
Publicar un comentario