viernes, 22 de diciembre de 2017

La Unión Europea frente la crisis: Implicaciones para América Latina y Caribe



Por: Dra   Zoila  González  Maicas
                    ISRI  Cuba.

El mundo se encuentra actualmente en una crisis global cuya causa radica primariamente en la incapacidad de las políticas neoliberales para resolver las contradicciones inherentes al sistema capitalista. Se trata de una crisis sin precedentes desde la posguerra. Es una sinergia de múltiples crisis: económico-financiera, alimentaria, energética y ambiental.

Como resultado de ello, el margen de acción de los países subdesarrollados se ha reducido. Los planes de desarrollo son cada vez más condicionados por la inserción del país en el escenario internacional. 

La crisis sistémica afecta no solo a los Estados naciones, también se ve reflejada en los procesos integracionistas, donde  los países miembros intentan salir de la crisis olvidando que forman parte de una integración. Europa es un referente mundial en lo que a sistema integracionista se trata. Es un ejemplo de las dificultades estructurales  y funcionales internas, como consecuencia.

América Latina y el Caribe, no son ajenos a estos cambios, a la nueva situación global creada por la crisis sistémica, agravada en esta región por la dependencia de las principales potencias, entiéndase Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué incidencia tendrán las relaciones entre la región de América Latina y el Caribe con la Unión Europea ante el nuevo contexto global.

La Unión Europea pasa por una situación compleja, no solo por la crisis sistémica internacional, sino por el efecto de sus propias  contradicciones Internas: Ampliación hasta los actuales 28 miembros; La caducidad de sus instituciones creadas y confeccionadas para 15 estados miembros; el limitado alcance del Tratado de Lisboa  y la carencia de una política exterior plasmada en el fracaso de la actual Política Exterior y de Seguridad Común, (PESC), La falta de legitimidad democrática agravada aun mas con el fracaso de participación en las elecciones al Parlamento Europeo. 

Y otras pocas veces se han tenido que enfrentar Europa a tantas crisis y controversias simultáneas como en la actualidad. Pensemos en la discusión de 2012 sobre el Marco financiero de la Unión Europea; las sucesivas ayudas a Grecia o en las muchas otras disputas que se están manteniendo. La crisis del Euro: el  Brexit (en incertidumbre hasta la actualidad) y la correspondiente crisis de las deudas estatales han conducido a un enfrentamiento entre los “países del Norte”, como Gran Bretaña, Dinamarca, Finlandia o Alemania y los “países del Sur” como Italia, Portugal o España.).

El ya reconocible espacio público europeo, el proceso paulatino de integración generan hoy una imagen de integración diferenciada tanto de Europa en sentido estricto (UE) como de Europa en sentido amplio. La comunidad constitucional europea tiene que afirmarse también como comunidad solidaria. Del mismo modo que en el federalismo existe una compensación financiera de los Estados más ricos o más fuertes a los más débiles o más pobres, también tiene que existir una solidaridad europea en sentido financiero. Esta solidaridad puede costar en algunos países, pero los efectos positivos de las medidas de ayuda deben ser explicados abiertamente a la ciudadanía europea. Precisamente Alemania, cuyos Lander occidentales recibieron después de 1945 la positiva ayuda del Plan Marshall deberían acordarse de esa solidaridad. La "Alemania europea" tiene que hacer frente a la crisis de común acuerdo con la "España europea" y con los otros Estados miembros de la Unión.

La UE se presenta a la altura de 2017 como un área en la que priman las dinámicas de renacionalización por encima de las integradoras, y en la que no sólo se ha hecho especialmente difícil la identificación de ámbitos comunes para la cooperación entre sus miembros, sino que se cuestionan algunos de sus logros más publicitados: Ampliación, Schengen, Libre movilidad, Brexit.etc.

Las medidas anti-crisis han exacerbando el descrédito y la deslegitimidad de las instituciones ante los ciudadanos de la UE.

En este marco, Alemania ha afianzado su posición como líder indiscutible del proceso, lo que constituye el símbolo más visible de otros desplazamientos de poder que han tenido lugar internamente.

La ideología neoliberal mantiene su hegemonía, reforzada por la ausencia de una alternativa viable al modelo global de acumulación, lo que se refleja tanto en las políticas económicas aplicadas por los gobiernos de los diferentes Estados miembros, estén encabezados por partidos de la derecha conservadora o liberal, de la socialdemocracia o compuestos por coaliciones multicolores. A ello ha coadyuvado la debilidad sostenida de la izquierda anti sistémica, carente de una propuesta alternativa teórica y práctica realizable y atractiva que le permita competir con éxito en los marcos electorales, en lo fundamental debido a su falta de unidad en los marcos nacionales y regionales, Sus deformaciones de carácter político e ideológico, y sus contradicciones internas, y a las escasas opciones del electorado en un contexto que no da señales de salida definitiva de la crisis.

Ciertamente no se puede desconocer que la economía política ha fracasado buscando  formulas   y justificaciones, para seguir adelante como ciencia. Claramente, no ha ayudado mucho a los responsables políticos. Por lo demás, la brecha entre los "contribuyentes netos" por un lado (por ejemplo, Alemania) y los Estados beneficiarios (por ejemplo, Polonia) debilita a la Unión Europea como comunidad jurídica, como unión de valores y como estructura "pre federal". 

Situación política actual de la Unión Europea: Incidencia en América Latina y el Caribe.

El 24 de Julio de 2007 se fijaron las bases para la  redacción del nuevo texto en forma de Tratado que sustituyo a la ya histórica y fallida Constitución Europea, esa que no llego a ver la luz y que ha mantenido a Europa en un estado de letargo durante más de cuatro años.

La cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, celebrada en Bruselas, logro tras largas y agotadoras reuniones bilaterales, aprobar un mandato para convocar una Conferencia Intergubernamental que debería aprobar el Tratado de Reforma (Tratado de Lisboa)[i], en sustitución de la Constitución Europea, que no pudo prosperar al haber sido rechazada o no ratificada por nueve Estados miembros.

Con este pacto que desbloqueaba el paroxismo en el que se encontraba la Unión Europea, Alemania se colocaba en una posición de liderazgo europeo, aunque esto le costara ceder poder institucional en la Unión Europea. La posición de Polonia, en estas negociaciones fue uno de los mayores obstáculos con los que se encontraron todos los Jefes de Gobierno que acudieron con la intención de sacar este texto. Jaroslaw Kaczynski, primer ministro polaco, consiguió traer a la memoria de los Europeos los peores momentos que el antiguo continente había vivido en su historia, el de la II Guerra Mundial, al invocar las pérdidas humanas en la ésta,  para inclinar a favor de su país la reforma del sistema de voto de la UE. El presidente polaco violó todas las sutilezas diplomáticas al declarar que las bajas sufridas por Polonia ante la Alemania nazi eran susceptibles de recibir ahora compensación. “Si Polonia no hubiese vivido lo que vivió entre 1939 y 1945, sería hoy un país con 66 millones de habitantes”, dando a entender que su peso no sería el que en la actualidad se le intenta atribuir a un país con 38 millones de habitantes. Estas declaraciones fueron criticadas por todos los representantes de los restantes 26 países miembros. 

El 20 de octubre de 2007 los veintisiete países miembros salvaron parte de los contenidos esenciales de la Constitución Europea, pero el nuevo texto se alejaba  de las pretensiones de algunos mandatarios europeos de crear un “mini tratado” o “tratado simplificado”. Las 250 páginas que se firmaran el 13 de diciembre de  dicho  año, en Lisboa son solo realmente comprensible por los expertos e iniciados, pero completamente ilegible para los ciudadanos.

Las bases sustanciales del Tratado de Lisboa de la Unión Europea modificaban todos los tratados anteriores. Las principales innovaciones las podemos recoger en estos puntos:

·      Se abandona la idea de elaborar una constitución como texto único que derogaba los tratados vigentes, quedando en su lugar el nuevo tratado que enmienda los dos tratados constitutivos (el Tratado de la Comunidad Europea de Roma de 1957 y el Tratado de la UE DE Maastricht, de 1992), que ya fueron modificados en Ámsterdam (1996) y Niza (2000). Con esto siguen en vigor los tratados existentes pero enmendados.
·      La política exterior común, como no podía ser de otra manera, recibe un fuerte espaldarazo. Se crea la figura de un Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, con todas las competencias previstas en la Constitución. La única diferencia es que no se la llamara ministro de Exteriores. Presidirá el Consejo de Ministros de Exteriores, será vicepresidente de la Comisión y tendrá un Servicio Exterior.
·     Se  aprueba  la  figura  de un Presidente del Consejo estable. El “macro estado” europeo queda muy lejos, pero se dan algunos pasos para consolidar la UE como institución: La presidencia del Consejo deja de ser rotatoria y de seis meses, y la asumirá una misma persona durante dos años y medio, renovables.
·      Más poder a los parlamentos nacionales. A petición de Holanda los parlamentos nacionales que consigan el apoyo suficiente podrán exigir a la Comisión Europea que reexamine y replantee una proposición si estiman que invade sus competencias.

Nadie es ajeno a la forma en la que se   logró  este acuerdo, pues se llego en una situación realmente difícil.

En la práctica no se cambia mucho, pero esta larga y difícil negociación puso de manifiesto unas profundas divergencias sobre el sentido último de la Unión Europea que han  pesado negativamente en el futuro.

Se ha logrado que se mantenga la ampliación de las áreas de decidir por mayoría cualificada, que se avance hacia una política Migratoria compartida y hacia una seguridad interna común (con excepciones británicas), y no se han traspasado las esenciales líneas rojas que habían fijado conjuntamente España y Francia. Qué no figure formalmente la primacía del derecho comunitario sobre el nacional no cambió gran cosa la realidad jurídica 

Es  casi  obvio  que  la incidencia  del  nuevo  Tratado  de Lisboa, no  ha  tenido una  incidencia  directa  apreciable  sobre  las  relaciones con  América  Latina y  el  Caribe.  a  través  de su  propia  estructura  interna.  Los cambios  o  afectaciones ,  en los  artículos  señalados ,   deben  enfocarse  prioritariamente  a  través de  la actuación  de las personalidades que están al  frente de los diferentes órganos  comunitarios. Su visión y acción a corto y mediano plazo.

Hay una serie de preguntas que podíamos plantearnos desde el inicio, y en la actualidad podemos encontrar respuesta para algunas, lo que nos dará una visión actualizada de cómo se encuentra la Unión Europea.

Las reformas contempladas en el Tratado de Lisboa, en particular la entrada en vigor del nuevo mecanismo de toma de decisiones en el Consejo tuvieron una dilatada instrumentación, y aunque implican una flexibilización del proceso para las esferas en las que resultan aplicables, sus principales avances perceptibles han sido relegados a un discreto segundo plano por la pervivencia de la crisis. 

En otros apartados del ámbito institucional, la aplicación del Tratado tampoco ha reportado efectos favorables ni saltos cualitativos en términos de cohesión política, dinamismo institucional, representatividad en el escenario internacional o nuevos espacios de soberanía en la política exterior. En este último campo se ha profundizado la mayor influencia de Alemania, Francia y Reino Unido, aunque paralelamente se han comenzado a apreciar las dificultades de un liderazgo trilateral germano-franco-británico e incluso de una preeminencia sostenible del eje franco-alemán, resultantes del fortalecimiento alemán.

Con América Latina, con una baja prioridad del componente birregional, un alto grado de retórica, una inviable “Asociación Estratégica” y un sistema de Acuerdos de Asociación subregionales centrados en el libre comercio, que no logra ocultar el mayor interés y atención en actores individuales (Brasil, México, Argentina, Chile) y el cuestionamiento permanente de los procesos de izquierda regionales, La CELAC pasó a ocupar, no sin dificultades, el lugar del Grupo de Río en el diálogo institucionalizado de la UE con la región.
En todos estos casos, las relaciones bilaterales de los Estados miembros de la UE con contrapartes nacionales en las diferentes regiones han ganado en relevancia frente a la proyección de la UE.
De cara a la agenda multilateral, la UE sigue otorgando alta prioridad a los temas de liberalización comercial, energía y cambio climático, migratorios y de derechos humanos. Sus posiciones se mantienen esencialmente enfrentadas en estos ámbitos, así como en la cooperación al desarrollo, a las de los países subdesarrollados, incluso a las de las potencias emergentes, y no facilitan el alcance de soluciones aceptables para la gran mayoría de la comunidad internacional en las correspondientes negociaciones. La UE incumplió los compromisos financieros de la cooperación internacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
El escenario de las  relaciones de Cooperación Unión Europea y América Latina-Caribe hay que proyectarlas sobre la base de esquemas selectivos, donde América Latina y el Caribe, respondieron, desde un inicio, a un nivel de interés bajo por parte de la Comunidad Económica Europea. Las relaciones institucionales entre ambas regiones, en los años sesenta se pueden caracterizar como pobres y esporádicas. América Latina no era un área priorizada para la Comunidad Europea, la cual estaba más interesada en las relaciones de cooperación con sus ex colonias de África, Caribe y Pacífico, que han estado asociadas a la Unión a través de los Acuerdos especiales de comercio y cooperación tales como Yaundé, Lomé y Cotonou.
El convenio de Cotonou, establecido en el año 2000 como modificación del Convenio de Lomé, con una vigencia de veinte años, tiene entre sus propósitos principales la eliminación de las condiciones de prefencialidad de la Unión Europea hacia los países ACP, a la nueva filosofía basada en relaciones de socios comerciales con lo que no se consideran las diferencias en los niveles de desarrollo entre las partes, salvo en el caso de los países más atrasados. Se incluye como principio fundamental el incremento de la dimensión política y el reforzamiento de la cláusula  democrática y de la llamada gobernabilidad democrática vinculando el acceso de la ayuda  financiera al cumplimiento de los criterios Europeos de Democracia, Derechos Humanos y Estado  de Derecho en los países ACP. Los EPA.
La Unión Europea ha desarrollado, acorde con la proyección de Estados Unidos. Nuevos acuerdos de libre comercio con 75 de sus antiguas colonias en África, el Caribe y el Pacífico (los países ACP). Estas desequilibradas negociaciones de “Acuerdos de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés). Los  EPAS (Economic  Partnership  Agreemnets) o  AER (Acuerdos Económicos  Recíprocos)  se transforman en el caso de Cotonou actual, bajo la concepción de diferenciación subregional. Esto es, bajo el alcance de Cotonou  se establecen  ocho Acuerdos  o EPAS.  Seis con África  con carácter subregional, uno con Asia y otro  con el Caribe. Esto establece un proyecto de diferenciación  dentro del Grupo ACP  donde el Caribe constituye la prioridad de más bajo nivel para la Unión Europea. Vale decir, que no se pierde la condición de Trato Especial y Diferenciado  de los  países más atrasados.

Las  implicaciones  más  relevantes  de la  firma  del EPA entre  CARIFORUM-Unión  Europea  se pueden  enmarcar  según  criterios  académicos  y  de hacedores  de política  exterior y  tomando como  base  el  propio  articulado  del  Acuerdo,  en los siguientes  aspectos:

Posee un nivel de gobernabilidad supranacional más  elevado, que  los  acuerdos integracionistas de la CARICOM, al ser un instrumento legal internacional vinculante. El EPA tendrá implicaciones negativas para el desarrollo integracionista de la CARICOM y  por  ende para las políticas macroeconómicas de los países y su proyección regional.

 Si bien ofrece oportunidades para la  entrada de las exportaciones caribeñas en Europa: barreras no  arancelarias y la férrea competencia que deberán cumplirse por los caribeños para obtener los beneficios  propuestos  son  demasiado  altas  para  sus  pobres  capacidades exportadoras y de negociación. En este grupo se encuentran las  normas de origen, medidas fitosanitarias y otras.en la categorización de las empresas y certificación de los profesionales. Todo ello conlleva costos que no serán financiados por el EPA.

La incorporación del Trato  Nacional en el Acuerdo, para el comercio de bienes, servicios e inversiones limita la actuación de los Gobiernos Caribeños sobre la protección a las empresas nacionales y subregionales europeas. Puede  provocar la desaparición paulatina de las pequeñas y medianas empresas caribeñas del mercado.

Existen fuertes  contradicciones entre la aplicación del MUE y el EPA, tanto en contenido como en secuencia. En esa disparidad de agendas, la balanza se inclina para favorecer al EPA debido a su vinculación legal, su gobernabilidad supranacional, el financiamiento que otorga la UE; todo de lo cual carece el MEU.
 
Esto podría tener un impacto previsible en el resquebrajamiento de la unidad de los PEDs o al menos falta de apoyo de los ACP a las posiciones del resto de los países subdesarrollados, en el momento en que se determine su negociación en OMC. De la misma forma, pudiera implicar que los ACP, ya habiendo asumido las posiciones europeas, lleguen a apoyarlas en ese contexto.

Las políticas de austeridad redujeron los niveles de gasto a favor del desarrollo y reforzaron los enfoques diferenciados y centrados en países específicos. Se ha robustecido la condicionalidad política basada en la “promoción de la democracia y los derechos humanos”, como un elemento central de los acuerdos de cooperación, junto a condicionantes devenidas tradicionales como las sociales y ambientales, sanitarias y fitosanitarias y los acuerdos para la readmisión de inmigrantes. La aplicación de dobles raseros en la proyección internacional, tanto en el terreno de la cooperación como en el de la actuación política sigue constituyendo una característica esencial de la proyección internacional de la UE hacia los países en vías de desarrollo han sido relegados a un discreto segundo plano por la pervivencia de la crisis. En otros apartados del ámbito institucional, la aplicación del Tratado tampoco ha reportado efectos favorables ni saltos cualitativos en términos de cohesión política, dinamismo institucional, representatividad en el escenario internacional.

De hecho, entre 2012 y 2017 siguió siendo evidente la incapacidad de la UE para hablar con una sola voz y salvaguardar intereses comunes y se aceleró su declive relativo en el contexto global, un proceso a largo plazo que se ha ido construyendo a partir de la disminución de la parte de la Unión en el poder económico global, su pérdida de credibilidad, de capacidad de liderazgo y de influencia a nivel internacional, la erosión de su poder “blando” o “civil” y de su poder “normativo”, la pérdida de atractivo de su modelo de gobernanza y de su llamado a un multilateralismo efectivo y la disminución de su capacidad para implementar una política exterior común y una política de defensa colectiva y para ofrecer una respuesta estratégica.

Particularmente en los asuntos referidos a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), en los que aún predomina la regla de la unanimidad, los avances son poco significativos, sólo salvados por el recurso a la abstención constructiva, y en la práctica, la crisis ha contribuido a rebajar el grado de prioridad y el volumen de recursos asignados a la PESC. El efecto de ello ha sido una suerte de renacionalización de la política exterior, agravada por la cohesión y confianza decrecientes entre los Estados miembros, cuyo énfasis en sus propias relaciones bilaterales y “asociaciones estratégicas” con terceros países, en particular con las potencias emergentes, han ido en desmedro de la imagen de la UE, profundizando la brecha entre su proyección internacional y las políticas exteriores de los Estados miembros.

Europa se encuentra de nuevo ante una situación compleja  e inesperada, que les deja por el momento sin reforma de sus instituciones, con lo que todo esto conlleva, instituciones creadas y diseñadas para la Europa de los 15 ahora gobiernan una maltrecha Europa de los 27. 

Europa hace frente a una situación Internacional con un Tratado de hace más de 15 años con unas instituciones caducas; con una sociedad civil desencantada, cansada de ver como las principales decisiones de la Unión se toman a sus espaldas. A su  vez, se  encuentra  con una política exterior difusa, sin un plan ordenado y un programa coordinado para que a largo plazo tenga resultados positivos. Sus relaciones con América Latina y  Caribe siguen dependiendo de los impulsos de los diferentes gobiernos de turno, de su alianza  a los  Estados Unidos y nunca de una política consciente y pensada para buscar los verdaderos intereses no solo de Europa sino de los países de América Latina, con el fin de establecer esos lazos que les permita a ambos llegar a acuerdos duraderos y que no solo beneficien a esos Estados de la Europa, dirigida en la actualidad por la derecha más reaccionaria que en muchos años ha conocido la unión.

A todos esto debemos recordar lo planteado  la  vigencia  de la crisis sistémica que sufre no solo Europa sino un mundo que hoy es prisionero de su propio invento “la globalización neoliberal” y que por primera vez logra que los países del norte se cuestionen un sistema capitalista, sostenido por el consumo y sustentado por Organismo Internacionales incapaces de hacer frente a los auténticos problemas que tanto la economía ,  finanzas  como la política mundial reclama.

América Latina y el Caribe no serán ajenos a esta situación. Europa hoy está más preocupada por salir lo mas airosa posible de la crisis, esa crisis institucional en la que está sumida desde el fracaso de la constitución europea, junto con la crisis democrática que no quieren reconocer y como no, por la crisis sistémica que está haciendo tambalearse a las economías de todos los países miembros. 

Es el momento de hacer una reflexión mucho más profunda,  una reflexión que esté por encima de un simple texto constitucional, y que lleve a plantear  los  escenarios  de acción futura de esta  posible nueva Unión Europea cuales son los verdaderos retos y  amenazas  Queda  en el marco  de la reflexión  la  capacidad  del Organismo  integracionista  de proyectar  un  análisis crítico de estos cincuenta  años de evolución.

La incidencia de  estos   retos  y  desafíos  que devienen  del propio  desarrollo  del  proceso  institucional  de la  organización,  mantienen  prácticamente  el mismo  nivel  de  expectativas  hacia  la  región  latinoamericana  y  caribeña. 

Pocos  son los  nuevos  aportes  que   pudieran  incidir  directa  y  favorablemente  en  el complejo  tramado  de  estas interrelaciones.

El tema migratorio tiene una importante incidencia para  la región latinoamericana y caribeña. La aprobación de la Política Migratoria Común,[ii] al ser una de las prioridades de la UE, se caracteriza por el enfoque utilitario, represivo y xenófobo, dirigiendo gran parte de los documentos legislativos a este fin. Entre éstos podemos destacar, la Directiva del Retorno, y la “Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado”, (Carta Azul); ésta ultima una forma de legitimar el robo de cerebros.
 
Hace mucho tiempo que las instituciones europeas decidieron que una de sus principales razones de ser es la lucha contra lo que ellos llaman "inmigración ilegal". Incluido en los planes de seguridad de la Unión Europea, lo asimilan a la lucha contra el tráfico de drogas o de armas ilegales. Sitúan al migrante como un elemento nocivo en sí mismo como si fuera un alijo de heroína, o peligroso como una ametralladora.

Y las políticas que llevan aplicando treinta años para frenar la entrada de personas migrantes en situación administrativa irregular o expulsarlos cuando ya están en territorio UE van desde las  deportaciones forzadas, pasando por las redadas racistas, y las detenciones y muertes que se producen en los CIE.

Ahora, después de todo ese tiempo, parece que los líderes europeos han entendido una cosa muy obvia: para reducir el número de migrantes que llegan a la UE hay que reducir el número de migrantes que salen de África. Si de esta evidencia se derivaran políticas encaminadas a que nadie abandone su lugar de origen por necesidad; a acabar con el expolio de las multinacionales, foco de conflictos armados en todo el continente; a condonar la deuda externa que desangra a muchos países africanos; o a que las farmacéuticas dejen de hacer negocio con enfermedades por las que mueren miles de personas a pesar de existir cura para ellas, sería, sin ninguna duda, una muy buena noticia.

Sin embargo, esa no es la propuesta. Los dirigentes de la Comisión Europea, siempre bien acompañados de los gobiernos representados en el Consejo Europeo, han pensado que para que los migrantes no salgan de África lo mejor es poner vallas por todo el continente, que con las Ceuta y Melilla no hay suficiente y que, por tanto, hay que ponerlas en Níger, en Senegal o en Libia. Vallas físicas, o en forma de ejércitos, de centros de detención, o de legislaciones en materia de visados. En definitiva, su plan es trasladar las fronteras de la UE a países cada vez más lejanos. Crear muros, sean o no físicos, cada vez más lejos.

A esto es lo que llamamos externalización de fronteras, una serie de acuerdos de la UE con países africanos con los que Bruselas impone sus políticas migratorias a cambio de ayuda técnica e inversiones bajo amenaza de retirarles los fondos de cooperación si no aceptan los dictados de la nueva metrópoli.

La UE tiene acuerdos firmados con decenas de países de África y Asia, pero se ha marcado cinco países como prioritarios: Níger, Nigeria, Senegal, Malí y Etiopía.

Recientemente, la Comisión Europea publicó el cuarto Informe sobre el marco de asociación con terceros países, que está dedicado casi en su totalidad a estos cinco países.

Se trata de un documento –con un lenguaje propio de épocas coloniales–, en el que la UE se permite evaluar las políticas migratorias de esos países y definir como "socios proactivos" y "constructivos" a aquellos que aplican las políticas más duras en materia de control de fronteras que la UE ha diseñado. Como si de buenos y obedientes alumnos se tratara.

Es en la deportación, en la expulsión de aquellas personas que después de jugarse la vida en la ruta por África, en el Mediterráneo, de pasar por los CIE, de sufrir muchas de ellas la explotación sexual y laboral, donde la UE pone el acento. Devolver al hambre, a la miseria, a la falta de esperanza a miles de personas es, en definitiva, el pilar fundamental de la política migratoria de la UE.

Y es en este punto donde, hay otros dos países clave que sumar a los cinco mencionados: Libia y Turquía. La UE también tiene acuerdos con ellos y a cambio de sumas importantes de dinero se han convertido en plataformas tanto para recibir deportados como para deportar desde ahí a otros países africanos –Libia–, o de Oriente Medio y Asia –Turquía–.

A  la  política  migratoria y  por  supuesto  sus  promotoresse les olvida señalar que la mejor forma de luchar contra los traficantes es instaurando un sistema de migración legal y garantizando un cumplimiento efectivo del derecho al asilo. Así nadie tendrá que ponerse en manos de mafias criminales. En estos momentos no hay prácticamente forma legal de llegar, residir o trabajar en la Unión Europea. Y hasta que eso no se solucione, la lucha contra los traficantes es sólo la excusa para seguir blindando Europa.

En  fin, se mantendrá  la  desigualdad  en  el  desempeño  de la  política  exterior  de los  diferentes  estados  miembros  de la unión  europea., trabajando  siempre  bajo  la influencia  de los  países más poderosos y  de los  temas  de discusión, los intereses y la experiencia respectivas.

Europa  mantendrá  su  intención  de lograr la concreción de la Asociación Estratégica Birregional incluso  con la firma del Acuerdo de Asociación Económica con Centroamérica. El  Acuerdo con  Mercosur   dependerá principalmente  de la posición  de  Brasil y  Argentina,  países, que ligerean  el  grupo latinoamericano, además  de la  ratificación de la entrada de Venezuela A su vez, la UE mantendrá la estrategia de fortalecimiento de sus relaciones con Chile y México. Venezuela  queda  pendiente  del  incumplimiento  de una  buena  cantidad  de  resoluciones Detrás  de  ello  están  las posiciones  e intereses  políticos  y  económicos  de  formar  un  acuerdo  comercial  excluyendo a  este país.

La  suerte  está  echada  para  la  región  latinoamericana y  caribeña;  Europa  avanza  en un  proceso   de  fortalecimiento  de sus  mecanismos   y  propósitos de consolidación de una  filosofía  basada  en  relaciones  de socios  comerciales  con los  que no  se consideran las  diferencias  en los  niveles  de  desarrollo entre ambas  regiones,  salvo  en los  casos  de países más   atrasados. Incluyen en esta proyección, y  como  principios  básicos  de su  filosofía  el incremento  de la  dimensión política  y  el  reforzamiento  de la  cláusula  democrática  y  de la  llamada  gobernabilidad  democrática,  vinculando  el  acceso comercial  y  financiero  al cumplimiento  de los  criterios  Europeos de Democracia,  Derechos  Humanos  y  Estado  de  Derecho. 

Notas:

[i] El Tratado de Lisboa, firmado por la Unión Europea (UE) en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, es el que sustituye a la Constitución para Europa tras el fracasado tratado constitucional de 2004  . www.europarl.europa.eu/atyourservice

[ii]La  presentación  del  Proyecto  de Política  Migratoria  Común  se  realizó  En el  mes  de Junio  2008,  al nivel  de  Consejo  y Parlamento  Europeo.

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