El año 2016 podría ser de alta
conflictividad en Venezuela. Por razones internas y por razones externas.
En el plano interior, la amplia
victoria en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre de la
coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) configura una
Asamblea nacional controlada –por mayoría cualificada, y por primera vez
desde 1999– por fuerzas hostiles a la revolución bolivariana. Pero en cuyo
seno, la bancada chavista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
sigue siendo la más numerosa con 51 diputados. Lo cual permite augurar, a
partir del 5 de enero, un enfrentamiento dialéctico de alta intensidad.
Con el control de los dos tercios
de la cámara legislativa, la oposición cree sin duda que ha llegado la hora
de la revancha y sueña con deconstruir pieza a pieza la revolución
bolivariana. Teóricamente podría hacerlo. La Constitución lo permite siempre
que se cuente también con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ),
que hace funciones de Tribunal Constitucional, y del Poder Ciudadano
(integrado por el Defensor del Pueblo, la Fiscal General y el Contralor
General de la República [1]). Pero sería un gravísimo error. La MUD no debe
confundirse. Porque está claro –un simple análisis de los resultados lo
demuestra– que los electores no le han dado mandato para ello, ni potestad
absoluta para gobernar jurídicamente. El enfrentamiento institucional podría
ser frontal y brutal (2).
Sociológicamente, el chavismo
sigue siendo ampliamente mayoritario. En un eventual referéndum a favor o en
contra de la revolución bolivariana, todos los estudios concluyen que una
sólida mayoría votaría a favor de la continuidad del proceso. El 6 de diciembre
pasado, se trataba únicamente de elecciones legislativas, de designar
diputados, y no de cambiar de República, ni de cambiar de Presidente. Los
ciudadanos, inteligentemente, aprovecharon para enviar un mensaje de alerta y
de protesta a las autoridades. Muchos de ellos no imaginaban ni remotamente
que otorgarían a la oposición una victoria tan excesiva. Nunca fue un voto de
adhesión a un (oculto) programa de la MUD, sino un voto de advertencia a la
actual Administración.
Y es bastante normal. Porque desde
hace largos meses, como consecuencia –en parte– de una “guerra sucia”
económica fomentada y auspiciada por las oficinas de la Internacional
conservadora, y también –tal y como lo ha denunciado el Presidente Nicolás
Maduro–, a causa de “la asfixia de la burocracia y de la corrupción”, la vida
cotidiana se ha vuelto bastante infernal para la gente. El desabastecimiento
de productos de primera necesidad –tanto alimentarios como de higiene
personal y del hogar– y de medicamentos transforma el día a día de los
venezolanos en una incesante lucha para resolver escaseces que casi nunca
antes se conocieron a este nivel. Aunque muchos comentaristas no lo
reconocen, las autoridades han hecho un esfuerzo colosal y prioritario para
combatir esta plaga. Pero los electores consideraron que no fue suficiente. Y
sancionaron con su voto negativo esa ausencia de victoria en un frente
capital.
Esa es la causa principal de
los adversos resultados del 6-D para el chavismo. Si a eso añadimos diversos
problemas que siguen sin solución –como los temas de la inflación, de la
inseguridad y de la corrupción, que contaminan la imagen de la revolución
bolivariana–, completamos el diagnóstico de un malestar general que se ha
tornado en sentimiento crítico contra los gobernantes.
La oposición, decíamos, cree
que le ha llegado su hora: la hora de la restauración neoliberal. Y después
de haber ocultado cuidadosamente su programa durante la campaña electoral, ya
está anunciando en voz alta su intención de multiplicar las privatizaciones,
de reducir los servicios públicos, de revocar las leyes laborales, de
liquidar los logros sociales, de desmantelar los acuerdos internacionales...
Ante semejante provocación (recordemos que el chavismo es sociológicamente
mayoritario), el presidente Maduro ha alertado a la opinión pública y
acelerado la constitución de un Parlamento Comunal cuya función en la
arquitectura del Estado aún no está clara, pero que podría funcionar como un
órgano representativo y consultivo de la sociedad en paralelo a la Asamblea
Nacional.
Todo indica que puede haber
choque de trenes. La sociedad venezolana es profundamente democrática y
pacífica –tal y como lo ha demostrado en los últimos diecisiete años–, pero
estamos ante un duro pulso entre las dos grandes fuerzas políticas, chavismo
y derecha, que controlan, respectivamente, el poder ejecutivo y el poder
legislativo. La tentación de recurrir a la calle y a las manifestaciones de
masas va a ser muy grande. Con el peligro que ello conlleva en términos de
enfrentamientos y de violencia.
Este escenario de guerra civil
tampoco es el deseado por la mayoría de los electores cuyo mensaje del 6 de
diciembre pasado significaba abiertamente una llamada al diálogo entre
oficialismo y oposición con un propósito claro: que las dos fuerzas se
entiendan para resolver los problemas estructurales del país.
Decíamos al principio que, en
2016, la conflictividad podría ser alta en Venezuela también por razones
externas. Y es que este año se anuncia, en términos de coyuntura económica
internacional, como uno de los peores en los dos últimos decenios.
Esencialmente por tres razones: el derrumbe del precio de las materias
primas y del petróleo, la crisis de crecimiento en China y el aumento del
valor del dólar estadounidense.
Es inútil insistir en que los
precios del petróleo tienen una incidencia fundamental en la vida económica
de Venezuela, ya que más del 90% de los recursos en divisas del país proceden
de la exportación del oro negro. En dieciocho meses, los precios del barril,
que estaban en 115 dólares, se derrumbaron a 30 dólares... Y no es imposible
que, a lo largo del año, bajen hasta 20 dólares... Para cualquier país
petrolero (Angola, Argelia, México, etc.), eso representa en sí una
catástrofe, pero para Venezuela (y, en cierta medida, Ecuador o Bolivia), que
redistribuye en políticas sociales lo esencial de su renta petrolera,
significa un golpe muy duro y una amenaza mortal para el equilibrio de la
revolución bolivariana.
El segundo parámetro exterior
es China. Este país ha modificado su modelo de desarrollo y crecimiento
apostando ahora por su mercado interior (1.500 millones de consumidores), por
el aumento de los servicios y de la calidad de vida que la contaminación
amenazaba de muerte. Las tasas de crecimiento, antes del 10 o 12%, se han
reducido al 6 o 7%. Consecuencia: la importación de materias primas
(minerales o agrícolas) se ha reducido, lo cual ha acarreado un derrumbe de
los precios que afecta de manera frontal a los países exportadores
latinoamericanos de metales (Perú, Chile) y de soja (Argentina, Brasil). Las
crisis políticas que están viviendo estos dos últimos países no son ajenas a
esta situación, y ello afecta indirectamente también a Caracas, socio
importante de Brasilia y Buenos Aires en el marco del MERCOSUR.
Por último, el dólar. La
decisión que tomó el 16 de diciembre pasado la Reserva Federal de subir los
tipos de interés en un 0,25%, después de nueve años sin hacerlo, aumenta la
fuerza del dólar. Que el dólar sea más rentable en Estados Unidos alienta a
los inversores a retirar sus capitales –invertidos masivamente en los “países
emergentes” desde que empezó la crisis en 2008–, y a desplazarlos hacia
Norteamérica. Consecuencia: el valor de la moneda de los “países emergentes”
(Brasil, Colombia, Chile) se desploma y se devalúa doblemente por el
reforzamiento del dólar y por la huida de capitales. Y todos los productos
importados se encarecen.
Semejante contexto
latinoamericano e internacional dibuja, para 2016, un entorno poco favorable
para la economía de Venezuela. Y coloca muy cuesta arriba la perspectiva de
hallar soluciones rápidas para resolver los problemas del país. Desde que
ganó las elecciones el 14 de abril de 2013, el presidente Nicolás Maduro ha
lanzado llamadas a la oposición y al sector privado en repetidas ocasiones
para establecer un Diálogo Nacional. Es muy importante, ante las tempestades
que se avecinan, que la MUD responda ahora a esas llamadas con espíritu
constructivo de responsabilidad. Venezuela se lo merece.
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