Cómo resolver la crisis griega

 Por Salim Lamrani 

Opera Mundi

El caso emblemático de la crisis del endeudamiento es Grecia que ha sufrido desde 2010 nueve planes de austeridad de una severidad extrema a los cuales el pueblo griego ha respondido con catorce huelgas generales. No obstante existe una solución.

            El caso de la crisis de la deuda griega  es un caso de manual e ilustra el fracaso total de las políticas neoliberales. En efecto, a pesar de la intervención de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, a pesar de la aplicación de nueve planes de austeridad extrema  –alza masiva de los impuestos, entre ellos el IVA, alza de los precios, reducción de los salarios (¡hasta un 32% sobre el salario mínimo!) y de las pensiones de retiro, retraso de la edad legal de la jubilación, destrucción de los servicios públicos de primera necesidad como la educación y la salud, supresión de las ayudas sociales y privatizaciones de los sectores estratégicos de la economía nacional (puertos, aeropuertos, ferrocarril, gas, agua, petróleo– que han doblegado a la población[1], hoy la deuda es superior a lo que era antes de la intervención de las instituciones financieras internacionales en 2010.[2]

            No obstante, la crisis griega habría podido evitarse. En efecto, habría bastado con que el Banco Central Europeo hubiera prestado directamente a Atenas las sumas necesarias, con la misma tasa de interés con la que presta a los bancos privados, es decir entre el 0% y el 1%, lo que hubiese impedido toda especulación sobre la deuda por parte del mundo financiero. Ahora bien, el Tratado de Lisboa redactado por Valéry Giscard d’Estaing, prohíbe esta posibilidad por razones difícilmente comprensibles si uno se basa en el postulado según el cual el Banco Central Europeo actúa en el interés de los ciudadanos.[3]

            En efecto, el Artículo 123 del Tratado de Lisboa estipula que “queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los países miembros, denominados en lo sucesivo “bancos centrales nacionales”, a favor de instituciones u organismos, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales, u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el BCE o los bancos centrales nacionales”.[4]

            En realidad el BCE sirve directamente a los intereses del mundo financiero. Así, los bancos privados contrataron un préstamo al BCE con la tasa baja de un 0% al 1% y luego especularon sobre la deuda y prestaron ese mismo dinero a Grecia con tasas que van del 6% al 18%, agravando así la crisis de la deuda, que ahora es matemáticamente impagable, ya que Atenas se encuentra en la obligación de contratar préstamos sólo para pagar los intereses de la deuda.[5] Peor aún, el BCE vende a Grecia títulos de su propia deuda a precio de oro, es decir al 100% de su valor, mientras que los adquirió a un 50%, y especula así sobre el drama de una nación.

Por esas razones, resulta imprescindible reformar en profundidad el Tratado Europeo con el fin de autorizar al BCE a prestar directamente a los Estados y evitar así los ataques especulativos del mundo financiero sobre las deudas soberanas, como ha sido el caso en Grecia, Irlanda, España, Portugal e Italia, por citar sólo algunos.

Las lecciones procedentes de la nueva América Latina

            Europa tiene mucho que aprender de la nueva América Latina que representan el Brasil de Dilma Roussef, la Venezuela de Hugo Chávez, la Bolivia de Evo Morales, la Argentina de Cristina Kirchner y el Ecuador de Rafael Correa, en términos de lucha contra el mundo financiero y de recuperación de la soberanía y del destino nacional. Todas estas naciones han escogido ubicar al ser humano en el centro del proyecto de sociedad y librarse del peso de la deuda, con el fin de acabar con la influencia de las instituciones financieras internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

            El Ecuador del presidente Correo señaló el camino a seguir. En efecto, éste logró disminuir la deuda de un 24% a un 11% del PIB sin aplicar medidas de austeridad. Dicha deuda, contratada en los años 1970 por regímenes dictatoriales, era por esencia ilegítima y entraba en la categoría de deuda llamada “odiosa”.[6]

            El concepto de “deuda odiosa”, es decir ilegítimamente impuesta, se remonta a 1898 cuando Estados Unidos, tras su intervención militar en Cuba, decidió decretar unilateralmente la anulación de la deuda que tenía La Habana con Madrid, ya que fue contratada por un régimen colonial ilegítimo.

            Entre 1970 y 2009, Ecuador rembolsó 172 veces el monto de la deuda de 1970. No obstante, debido a los intereses exorbitantes que se impusieron a la nación, el volumen de ésta se multiplicó por 53. Del mismo modo, entre 1990 y 2007 el Banco Mundial prestó 1.440 millones de dólares y Ecuador rembolsó a esta institución la suma de 2.510 millones. El servicio de la deuda representaba entre 1980 y 2005 el 50% del presupuesto nacional, en detrimento de todos los programas sociales.[7]

            A su llegada al poder en 2007, Correa redujo el servicio de la deuda a un 25% del presupuesto y creó una Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, con el fin de evaluar la legitimidad de la deuda.[8] La Comisión publicó su informe y consideró que la deuda comercial ecuatoriana era ilegítima. En noviembre de 2008, el presidente Correa procedió a la suspensión del pago de un 70% de la deuda pública.

            Consecuencia lógica, el valor de la deuda ecuatoriana perdió un 80% de su valor en el mercado secundario. Quito aprovechó la ocasión para comprar 3.000 millones de su propia deuda por una suma de 800 millones de dólares, realizando así un ahorro de 7.000 millones de dólares de intereses que el país habría pagado hasta 2030.

            Así, mediante una simple auditoría, Ecuador redujo, sin gasto alguno, su deuda de cerca de 10.000 millones de dólares. La deuda pública pasó de un 25% del PIB en 2006 a un 15% en 2010. En el mismo tiempo, los gastos sociales (educación, salud, cultura, etc.) pasaron de un 12% a un 25%.[9]

            Europa debe seguir el camino que ha señalado la nueva América Latina. En efecto, el problema de la deuda pública no puede de ningún modo resolverse mediante la aplicación de medidas de austeridad políticamente desastrosas, socialmente injustas y económicamente ineficientes. Las olas de privatizaciones de sectores claves de la economía nacional y la destrucción de los derechos sociales duramente conquistados tampoco son la solución para una deuda matemáticamente impagable. No obstante, la solución es simple: que el Banco Central Europeo preste directamente a los Estados con la misma tasa de interés que la reservada a los bancos privados y que el poder de creación monetaria sea una exclusividad de los bancos centrales. El interés general debe prevalecer sobre el de los bancos privados. ¿Quién se atreverá en Europa a tomar ejemplo del Nuevo Mundo latinoamericano y tendrá la valentía política de enfrentarse al mundo financiero?

*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade. Contacto: Salim.Lamrani@univ-mlv.fr

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