Por
Leyde E. Rodríguez Hernández
Doctor
en Ciencias Históricas
Profesor
en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl
Roa García”.
Cuando faltan pocos días para la celebración en Panamá de
la Cumbre de las Américas y del Foro de la Sociedad Civil Hemisférica, miembros
de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que participaron en una reunión
de sus asociados, acaban de publicar un informe, como acostumbra dicha
organización, en el que enfatizan que “sin garantías individuales para los
ciudadanos, separación de poderes, independencia de los jueces, libertad de
expresión y derechos humanos vigentes, no se podrá tener una democracia plena”.
Así, la desprestigiada SIP intenta inscribir un modelo de sistema político y
pensamiento único para las intensas jornadas de debates que se avizoran en
torno al Foro de la Sociedad Civil de las Américas, un mecanismo creado por los
Estados Unidos, bien conocido, en el ámbito periodístico y académico, por
establecer recomendaciones favorables a los intereses de los sectores de derecha
al servicio de los Estados Unidos, en sus esfuerzos por denigrar y subvertir a
los procesos progresistas en América Latina y el Caribe.
Sobre la tesis liberal y neoliberal de que “sin garantías
individuales para los ciudadanos, separación de poderes, independencia de los
jueces, libertad de expresión y derechos humanos vigentes, no se podrá tener
una democracia plena”, considero que es un enfoque desgastado y sin
perspectivas en la praxis política del siglo XXI como demuestra el movimiento
real de las sociedades capitalistas actuales ante la crisis de la cultura
política y de los partidos políticos tradicionales en sistemas políticos
multipartidistas, en la época de la crisis sistémica del capitalismo global. En
este sentido, desde el punto de vista conceptual, el pronunciamiento de la SIP,
sobre derechos humanos y democracia, me resulta reduccionista y limitado a la
luz de la historia y la evolución de algunos países de la región hacia el
progreso y la emancipación humana.
En primer lugar, la formulación de la SIP nos obliga a
recordar que el término Derechos Humanos designa una doctrina ideológica en
defensa de ciertos ideales y valores asociados a la existencia y dignidad
humana, la convivencia colectiva y las relaciones entre los seres humanos. Son
normas sociales avaladas por un orden jurídico determinado sobre el hombre, sus
libertades y derechos. Pero, el derecho, como cualquier otro concepto social,
refleja la situación económica, política y social de una determinada sociedad y
posee un marcado carácter de clase. De ahí que el concepto de la SIP sobre la
democracia solo refleje los intereses de la derecha y de los grupos de poder
económicos capitalistas que la cobijan.
Sin embargo, en la actualidad, no pueden considerarse
como únicas las concepciones de la SIP y de los centros de poder dominantes
sobre los Derechos Humanos. Estos enfoques de los representantes de la SIP tienden a abstraerse y minimizar la
situación innegable de los individuos y las colectividades por sus diferencias
sociales y de clase. Se habla de derechos individuales de los ciudadanos,
separación de poderes, libertad de expresión, entre otros vocablos de la
retórica política, como aspectos “universales”, “inalienables” sin especificar
los sectores y grupos sociales. Entonces, ¿por qué la SIP no habla de los
derechos de los pueblos?
Para la izquierda es muy importante la defensa de los
derechos de los pueblos. La historia ha demostrado que el disfrute de los
Derechos Humanos está condicionado por un orden social dado y que han existido
diversos tipos de derechos en correspondencia con la formación económico-social
de que se debata: esclavista, feudal, capitalista, socialista. Al menos desde
el siglo XVII la formación económico social capitalista ha sido dominante,
demostrando en su evolución histórica el carácter controvertido de los Derechos
Humanos en el capitalismo, en dependencia del tipo de propiedad existente sobre
los medios de producción y de las formas de participación de la Sociedad Civil
en el poder político.
Al parecer, la SIP y sus promotores desconocen la
existencia de tres tipos o generaciones de Derechos Humanos, pues solamente
hablan, en su ritornelo, de los llamados civiles y políticos, referidos a los
valores de la libertad, seguridad y la integridad física de los individuos y su
posibilidad de participar en la vida política.
El término de primera generación se corresponde con el
lugar que ocuparon en el desarrollo histórico. Se asocia a las luchas de la
burguesía europea por hacerse del poder político en los siglos XVI y XVII. Al
acceder al poder político, la burguesía los plasmó en sus respectivas
constituciones y tuvieron importancia capital para las fuerzas democráticas y
la propia clase obrera.
La segunda categoría se relaciona con los derechos
económicos, sociales y culturales e indica el acceso que pueden alcanzar los
individuos a los bienes materiales y culturales en términos adecuados de
dignidad humana. No obstante ser considerados de segundo orden, lo que en rigor
no debiera ser, ocupan un lugar decisivo en la sociedad. Sin ellos es imposible
ejercer derechos como la libertad de palabra, de prensa, la participación
política y otros derechos civiles. El analfabeto y el hambriento, por ejemplo,
están al margen de la política, les resulta imposible ejercer la proclamada
“libertad de expresión”. ¿Qué pudiera decirnos la SIP al respecto?
Una tercera categoría de derechos se les denomina comúnmente como colectivos dado su carácter global. Entre ellos se encuentran el derecho al desarrollo, a disponer de un medio ambiente sano, y un entorno ecológico adecuado.
Es muy importante destacar que esta clasificación de los
Derechos Humanos no puede ser evaluada de muy exacta, pues todos los derechos
de los seres humanos son únicos e interrelacionados, lo que determina que no
puedan ejercerse los unos sin los otros. Del mismo modo todos los derechos son
importantes y necesarios para garantizar a las personas seguridad, bienestar e
igualdad.
Cuando analizamos las declaraciones de los
representantes de la SIP, incluyendo a la mercenaria cubana Yoani Sánchez, quien se caracteriza por su
falta de rigor científico y académico en sus pronunciamientos al servicio de la
propaganda subversiva basada en el pensamiento único imperial, nos damos cuenta
que el uso fragmentado de esta clasificación ha perseguido una finalidad
político-ideológica para ocultar la esencia manipuladora de las supuestas
libertades políticas y civiles en el capitalismo y desentenderse de las
garantías económicas y sociales de los pueblos, por las que tanto han luchado,
con resultados y progresos concretos, los procesos transformadores y
emancipatorios en Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela, Argentina, Nicaragua,
entre otros, tan criticados por la SIP y sus dueños, en su extraña y
cuestionable batalla por una democracia plena.
Por otra parte, uno de los temas centrales del evento de
la SIP se concentró, principalmente, en cuál es el estado de la libertad de
prensa y expresión en los países de la región. Según los participantes, las
conclusiones no son alentadoras; por el contrario, revelan un supuesto
importante retroceso en los últimos meses, pues “Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Guatemala, México
y Venezuela son los más afectados por los asesinatos a periodistas por el
crimen organizado y la censura de sus gobernantes, tanto en medios digitales como
impresos”.
No me detendré en el argumento
expuesto sobre cada uno de los países señalados, solamente quiero enfatizar
que, en el caso de Cuba, se repite la misma infamia y, como si fuera poco, se
añade engañosamente: “el encarcelamiento de periodistas o activistas por la
libertad de expresión ha sido la tónica en el régimen comunista que rige en
Cuba en los últimos 56 años. En los últimos años, la censura se trasladó
también al mundo digital, donde los periodistas independientes buscan informar
sobre lo que sucede en la isla, ante la imposibilidad de hacerlo a través de
medios impresos. La profesión de periodista en Cuba sigue siendo de las más
peligrosas del país y que las imprentas y lugares donde se elaboran medios
están más custodiados que un cuartel militar”. Y volvemos a leer ficciones de
nada más y nada menos que de Yoani Sánchez, resaltada por la SIP como filóloga,
aunque se conoce que no es por este oficio que recibe los premios
internacionales que se traducen en miles de dólares americanos para su accionar
contrarrevolucionario como agente transnacional de los Estados Unidos.
Por lo anterior, me queda claro
que esta señora está enajenada de la vida social de su país. La verdad es que
la Revolución Cubana ha debido enfrentar una oposición “made in USA”, dentro y fuera
de sus fronteras. Esa “oposición”, que la administración Obama intenta
empoderar mediante un supuesto diálogo o negociación para la “reconciliación
nacional”, posee una característica absolutamente única: ha sido fabricada,
dirigida y sostenida, durante más de cinco décadas, por los Estados Unidos, la
mayor potencia imperialista de la historia. Ella ha sido y es un instrumento de
un proyecto de dominación al que los gobiernos estadounidenses han dedicado
enormes recursos humanos, financieros y materiales, que hubieran sido mejor
empleados en una relación civilizada de cooperación entre el pueblo cubano y
estadounidense.
Que esa “oposición”, a la que
pertenecen: Yoani Sánchez, Guillermo
Fariñas, Rosa María Payá, Eliécer Ávila, César Mendoza, Rolando Cáceres, entre
otros, haya sido y sea rechazada por
la Sociedad Civil Cubana, no debería sorprender a nadie. Repito: creada por el
imperialismo con una finalidad antipatriótica y antinacional ha estado
condenada políticamente a la derrota desde su origen. Se trata de una
“oposición” que no solo carece de respaldo popular en la Isla, sino que solo
podría lograr sus trasnochados propósitos si tuviera éxito el designio
anexionista contra Cuba, lo cual está muy, pero muy lejos de la aspiración de
la verdadera Sociedad Civil Cubana, amante de sus conquistas sociales,
democracia plena, paz e independencia nacional.
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