| Por Alejandro L.
Perdomo Aguilera
En el proceso
de conformación de EE.UU. como potencia mundial, se fueron delimitando sus
intereses geoestratégicos en América Latina y el Caribe, en interés de
“salvaguardar” su llamada área de influencia natural.
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Durante el
siglo XIX los políticos, diplomáticos e ideólogos de ese país plasmaron las
ideas básicas de su expansión y control territorial para la consolidación como
potencia. Dentro de esas ideas y doctrinas debe destacarse a la Doctrina
Monroe, la cual fue expuesta por el presidente James Monroe en su comparecencia
anual al Congreso, el 2 de diciembre de 1823. Esta doctrina declara como máximo interés la “América para
los americanos”, o lo que significa lo mismo, todo el continente bajo el
control del gobierno estadounidense.
Siguiendo las
bases del monroísmo se ha diseñado la política exterior y de seguridad hacia
América Latina y el Caribe, argumentada desde los postulados del llamado
Destino Manifiesto que plantea“(…) que Estados Unidos era el país escogido por
el todo poderoso para llevar el desarrollo, la civilización y su sistema
político y económico a todos los países del mundo. A la injerencia económica, comercial y
militar se sumaba ahora la social, cultural y política.” (García Iturbe, 2009)
Bajo esas
premisas inició su ascenso como potencia el país norteño en el siglo XIX. Sin
embrago, los conflictos internos de la unión estadounidense y la presencia de
las Metrópolis europeas en Latinoamérica, ameritaron una colaboración
antagónica, que permitiera el paulatino protagonismo de ese país en las
Américas.
Por otra
parte, el siglo XIX vio el auge de procesos independentistas en varios países
de América Latina y el Caribe, que limitaron el dominio de las potencias
europeas en la región. Ello condujo a que a pesar de las contradicciones
existentes con las metrópolis europeas, Estados Unidos mantuviera una
determinada colaboración antagónica, que tenía como objetivo el aseguramiento
del dominio de la región para sí.
El gobierno de
Estados Unidos, favorecido por el antecedente de colonia británica
independizada, halló mejores condiciones para sus objetivos de trabajo de
influencia y dominación. Las políticas trazadas, fueron restando protagonismo a
España, pues paulatinamente Estados Unidos comenzó a apoderase de la economía
de las colonias españolas, convirtiéndose la verdadera Metrópolis, si bien en
el plano político, aún España mantenía algún dominio.
México fue
para EE.UU. la puerta de entrada en América Latina y el Caribe; el laboratorio
donde se experimentaron las primeras proyecciones imperiales de la Doctrina
Monroe y el llamado Destino Manifiesto del imperialismo estadounidense, que
supone la creencia en que Estados Unidos de América es una nación destinada a expandirse
desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico.
Este término
fue utilizado por primera vez en el artículo Anexión del periodista John L.
O'Sullivan, publicado en la revista Democratic Review de Nueva York, en el
número de julio-agosto de 1845. En él se planteaba: “El cumplimiento de nuestro
destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido
asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de
libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el
aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el
crecimiento que tiene como destino.”
Poniendo en
práctica los presupuestos imperiales, el joven gobierno de EE.UU. logró
apoderarse Texas (1840), California (1845), e invadió parte importante del
territorio mexicano entre 1846 y 1848; reflejando el expansionismo
estadounidense como mecanismo de dominación.
“Esto
proporcionó a Estados Unidos un territorio que representa más de la mitad de la
nación y amplias reservas minerales. (…). La invasión de tropas estadounidenses
a tierras mexicanas no tenía justificación alguna y menos el apropiarse de la
región conquistada, de ahí que fabricaron la justificación y finalmente se
adueñaron del territorio.” (García Iturbe N. , Los Estados Unidos en la época
de Bush, 2009)
Como
consecuencia de la expansión territorial, Estados Unidos se apropió de
Colorado, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Wyoming, Kansas y
Oklahoma, lo que suma un total 2 millones 100 mil kilómetros cuadrados. A
cambio de despojar el 55% del territorio mexicano de entonces, el gobierno
estadounidense le pagó a México la ridícula suma de 15 millones de dólares.
Durante la
primera mitad del siglo XX se consolidaron los mecanismos de dominación económica,
política, militar y sociocultural de los Estados Unidos hacia América Latina y
el Caribe. Fue en este periodo donde Washington practicó la política del Gran Garrote o Big Stick, proveniente de
un proverbio del África occidental que decía: "habla suavemente y lleva un
gran garrote, así llegaras lejos" y el Corolario Roosevelt, puestas en
práctica por el presidente Theodore Roosevelt, como actualización del
monroísmo.
La crisis
económicas sucedidas en Latinoamérica, en los primeros años de la década del 20
y fundamentalmente con el Crack de 1929 a 1933, la región sufriría de una forma
sin precedentes la dependencia estructural a la economía estadounidense. Esta
crisis de la economía mundial se solaparía con las medidas keynesianas
aplicadas por el presidente Franklin Delano Roosevelt, con la política de New
Deal (Nuevo Trato) y la llamada“ buena vecindad” para Latinoamérica y el
Caribe, por la cual se signaron las relaciones entre 1933 y 1945.
Durante la
Guerra Fría la proyección exterior y de seguridad se centró en evitar el auge
de gobiernos de izquierda con tendencias socialistas, para lo que Washington
apoyó a dictaduras militares, desplegando planes sangrientos como la Operación
Cóndor.
Entre las
posiciones de México en el contexto interamericano debe destacarse su posición
digna al continuar las relaciones diplomáticas con la República de Cuba, cuando
nuestro país fue expulsado de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La política
exterior y de seguridad de EE.UU. hacia la región, del fin de la guerra fría
hasta nuestros días. México como caso de estudio.
Concluida la
política de Guerra Fría con el derrumbe del llamado campo socialista de Europa
del Este, el presidente George H.W. Bush (1989-1993), planteó la necesidad de
construir un “nuevo orden mundial” donde se consolidara la hegemonía
estadounidense. Para las relaciones interamericanas, este interés hegemónico
fue proyectado a través de instrumentos político-jurídicos, económicos,
militares, de seguridad e ideológico-culturales, en interés de configurar “el
nuevo orden panamericano”.
En el plano
militar y de seguridad, ya se venían preparando nuevos enemigos que
sustituyeran la “batalla” contra el comunismo, y continuaran alentando el
Complejo de Seguridad Industrial para el enfrentamiento al llamado
narcotráfico. En este sentido, la Administración de Ronald Reagan (1981-1989)
ya había incentivado la guerra contra el flagelo de las drogas, con una
militarización que ha sido continuada por los diferentes gobiernos demócratas y
republicanos de ese país.
La necesidad
de nuevas guerras por el control de recursos naturales estratégicos, adquirió
como justificaciones más útiles, la lucha contra el terrorismo y contra el
narcotráfico; aunque también fueron revalorados los temas de las migraciones
descontroladas, la gobernabilidad, los derechos humanos, entre otros.
Para ello se
reajustó el sistema interamericano con un nuevo aparato categorial de
principios y valores acordes al nuevo contexto internacional. Entre los
instrumentos político-jurídicos de este periodo se destaca el Compromiso con la
Democracia Representativa y la Modernización del Sistema Interamericano
aprobado en 1991 en la Asamblea General de la OEA. Este adecuaba la
institucionalidad de sistema interamericano con principios y valores,
susceptibles de ser reinterpretados de manera desfavorable para gobiernos
latinoamericanos y caribeños; que resultaran perjudiciales para las
pretensiones imperiales. Ese mismo año fue firmado el Protocolo de Washington,
el cual invalidaba los principios del “pluralismo ideológico y político”
establecido en el Protocolo de San José en 1975.
Respecto a los
instrumentos de dominación económica, en 1990 fueron emitidas una serie de
recetas de esta índole para los países de Nuestra América, a través del
Consenso de Washington. Este establecía una serie de políticas económicas que
perpetuaban la dependencia estructural a la economía estadounidense e
incrementaban la explotación de la región. También en este sentido fueron
promovidos acuerdos económicos-comerciales como el fracasado Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) y otros más efectivos como el Tratado de Libre
comercio para América del Norte (TLCAN o NAFTA en inglés) entre Canadá, Estados
Unidos y México.
En septiembre
de 2001, fue aprobada la Carta Democrática Interamericana, que revaloraba la
necesidad de “promover y consolidar la democracia representativa”. Con ello
ponderaba la necesidad de consolidar la democracia y el Estado de derecho en
los países miembros.
Esto ocurre en
un complejo escenario internacional, luego de los ataques terroristas contra
las Torres Gemelas (World Trade Center de Nueva York) y el Pentágono de Estados
Unidos de América. Estos hechos “validaron” la Estrategia de Seguridad Nacional
de EE.UU. de 2002, que dio a conocer públicamente el presidente G.W. Bush
(2001-2009) la cual ha tenido una incidencia peculiar en el sistema
interamericano. (Véase: Suárez, 2003)
En el orden
militar han continuado las intervenciones estadounidenses, pero se ha perfilado
la diplomacia interamericana, para justificar las incursiones como
humanitarias, en aras de preservar la estabilidad, la gobernabilidad y la
seguridad humana. Entre los ejemplos más significativos se destacan: la
ratificación del NAFTA por el Congreso estadounidense y la Casa Blanca en 1994,
con las “enmiendas laboral y medio ambiental”; la Iniciativa Mérida de 2007 y
la injerencia de agencias como la USAID, la NED y la DEA en los asuntos
internos de gobiernos progresistas de la región.
La política exterior y
de seguridad de Estados Unidos hacia México.
La política
exterior y de la seguridad nacional[i] de Estados Unidos hacia México tiene una
dimensión tan abarcadora, que resulta necesario apreciarla desde una óptica más
profunda que la simple relación bilateral. Los intereses económico-comerciales
y de seguridad consolidados durante siglos, hacen de México un país prioritario
para los intereses de política exterior y de seguridad estadounidense, tanto
por el hecho de compartir frontera cómo por las implicaciones para la
proyección hacia América Latina y el Caribe.
Dicha relación
debe entenderse desde las características que asume un Imperio con su vecino
más cercano en el periodo de su expansión territorial. Ello conllevó al despojo
de una gran parte del territorio mexicano y a un proceso de influencia
política, económica y sociocultural, donde Estados Unidos proyectó los primeros
indicios de lo que hoy se conoce como los instrumentos de su poderío nacional.
Con el curso
de los años, los mecanismos de dominación estadounidenses se han perfeccionado,
delineando una política exterior y de seguridad acorde con cada contexto
histórico. Ello parte de un conocimiento de las necesidades y características
internas del pueblo mexicano, para poder consolidar su hegemonía.
Para un mayor
conocimiento de la cultura mexicana, el Comando Norte de EE.UU. (NORTHCOM) está
desarrollando un programa “(…) contra México (que) se denomina “Programa de
Análisis sobre la Cultura Mexicana” (…). Los asesores que forman parte de los
programas del HTS (Human Terrain System) son por lo regular científicos
sociales, donde se encuentran sociólogos, etnólogos, psicólogos, teólogos,
antropólogos y otros.”(García Iturbe N. , 2013)
Existen
elementos geoestratégicos que hacen de México un foco de atención permanente.
El hecho de compartir fronteras hace de ese país la ruta principal para los
flujos de personas, drogas y armas entre EE.UU. y Nuestra América. Esta
peculiaridad ha conllevado a una serie de problemáticas económicas, políticas,
culturales y de seguridad, que han influenciado y en algunos casos,
determinado, la historia de mexicana.
En los últimos
años, México ha presentado graves problemas de seguridad, violencia y
criminalidad, asociados al tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos,
que tienen como principal aliento, ser
la puerta de entrada al primer mercado global de drogas, y la de salida del
mayor mercado de armas.
La situación
migratoria ha llegado a tal punto, que la reforma migratoria estadounidense
constituye un punto central en la agenda
de política exterior de ambos países, por lo que implica para la seguridad de
ambos Estados y el impacto que posee a nivel regional.
Si bien la
política exterior y de seguridad de EE.UU. tiene un impacto a nivel global,
para América Latina y el Caribe y en particular, para México, tiene una
repercusión estructural. Para México resulta inminente la necesidad de cambios
en la proyección de EE.UU. La crueldad de las leyes migratorias y la
militarización de la guerra contra las drogas han sumergido a ese país en una
lamentable situación de criminalidad, violencia, y corrupción que afecta los
derechos humanos y la institucionalidad de México.
México se
halla ante una encrucijada entre las complejas relaciones bilaterales con su
vecino del norte y los graves problemas que enfrenta en la política interna. En
ello tiene un gran impacto, la influencia de las estrategias impulsadas para la
lucha antidroga priorizan la militarización sobre las medidas de beneficio
social, lo que aparta a un segundo plano la generación de empleos y otros
programas de desarrollo social. Desde esta perspectiva, aumenta su dependencia,
generando mayor violencia y criminalidad para la sociedad.
Entretanto,
los cárteles del narcotráfico incrementan su poder de fuego y perfeccionan la
transportación de las drogas y el lavado de dinero, a partir de su relación con
empresas legales estadounidenses que desarrollan el negocio de las drogas,
consolidándolo como toda una empresa transnacional, con mecanismos de
regulación de la oferta y la demanda.
Pero la
militarización de la guerra contra las drogas no sólo ha incidido en el aumento
de la violencia y de la inseguridad ciudadana en México, sino que repercute
también en los procesos electorales del país, en tanto las demandas ciudadanas
priorizan los aspectos de seguridad sobre otras necesidades sociopolíticas. De
igual forma, la corrupción política e institucional y los nexos existentes
entre altos funcionarios gubernamentales con los cárteles de la droga, así como
con el sector financiero, amplía el diapasón de análisis, hacia elementos poco
atendidos en el enfrentamiento estadounidense al tráfico ilícito de drogas, y a
delitos conexos como el tráfico de personas, precursores químicos y el lavado
de dinero.
Estados
Unidos, ha logrado de México no sólo un aliado estratégico, sino un ratón de
laboratorio donde ensaya y, a veces consolida, sus estrategias de dominación
hacia todo el hemisferio occidental. La Iniciativa Mérida surgió como extensión
del Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina para México y Centroamérica,
producto del llamado efecto globo del flagelo de las drogas en las últimas tres
décadas.
Uno de los
grandes retos tal vez imposible en la actualidad, lo constituye desnarcotizar
la relación entre Estados Unidos y México. Desde el segundo mandado de Ronald
Reagan (1985-1989) la temática tomó
prioridad en la proyección de Estados Unidos hacia la región, y México como
país fronterizo, se consolidó como la ruta fundamental del tráfico de drogas
hacia Estados Unidos de América.
Sin embargo,
fue durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) que la política exterior y
de seguridad estadounidense hacia México adquirió una mayor recepción en cuanto
a la influencia militar, con asesores militares y civiles que han velado por
que el enfrentamiento a las drogas, el tráfico ilegal de personas y otros
delitos conexos se hicieran a la usanza
estadounidense.
La Iniciativa
Mérida, pactada entre los ex presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y George
W. Bush en 2008, ha conducido a un mar
de sangre donde Estados Unidos pone las armas y las “técnicas” y México los
muertos. “En los últimos cinco años, más de 60,000 personas han sido asesinadas
en la lucha contra el narcotráfico en México. Y muchas de las armas que
alimentan esta violencia son contrabandeadas de Estados Unidos a través de la
frontera.” (Petición Binacional le pide a Obama Endurecer Ley Contra el Tráfico
de Armas a México, 2013)
Estos datos
reflejan el fracaso de la llamada guerra contra las drogas y permiten reconocer
la misma, como parte fundamental de la política exterior y de seguridad
concebida para México. La falta de voluntad política de Washington para asumir de manera integral la
responsabilidad compartida y diferenciada contra el flagelo de las drogas,
puede argumentarse por la oportunidad que le brinda para incrementar su poder
militar y su influencia político-diplomática e institucional en México. La
vulnerabilidad de las fronteras mexicanas con Estados Unidos y, sobre todo, con
Guatemala, extiende el tráfico de ilícitos, alentando la tendencia militarista
del problema y la violencia con que operan cárteles como el de los Zeta [ii].
No es de
despreciar los efectos negativos que la pobreza, la violencia y los delitos
conexos al tráfico ilícito de drogas, con un enorme impacto económico-social,
lo que afecta las inversiones extranjeras y el turismo; hallando una mayor
cobertura para criminalizar la protesta social. Asimismo se incrementa la
privatización de la seguridad pública, con el alza de los precios de
protección, rescate y servicio de guardaespaldas, con la preocupante
intervención de empresas privadas de servicios de defensa y seguridad
(contratistas).
La crisis
político-institucional se ve estimulada por las suntuosas sumas de capitales de
la narco-economía, corrompiendo más el sistema político y de defensa nacional,
lo que lesiona la convivencia democrática de ese país y su gobernabilidad, con
un lamentable costo para su soberanía.
Asimismo, la
equívoca funcionalidad de la Iniciativa Mérida posibilita un paulatino aumento
de la violencia en el mercado de las drogas de México, en tanto le resulte
conveniente a la industria armamentista de Estados Unidos y a sus intereses
geopolíticos y geoeconómicos.
La impunidad
con que actúan agencias estadounidenses como la Agencia Antidroga (DEA) y los
contratistas al servicio de Washington en el territorio mexicano; ha llevado a
la realización de operaciones ilegales de entrega de armas de fuego a los
carteles de la droga como la Operación Rápido y Furioso. “Un reporte de Buró de
Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), plantea que el 70% de las armas
incautadas en los últimos tres años en México procedían de Estados Unidos.” (Petición
Binacional le pide a Obama endurecer Ley Contra el Tráfico de Armas a México,
WOLA, 2013)
Ante esa
situación, el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) liderado
por Enrique Peña Nieto, deberá acometer reformas importantes en la recuperación
de la credibilidad del Estado mexicano. Los problemas anteriormente
mencionados, aumentan las presiones para que este gobierno oriente las
políticas públicas en un sentido revitalizador de los derechos ciudadanos y la
gobernabilidad democrática.
La carencia de
programas sociales que desestimulen el crimen organizado trasnacional en
México, y la abismal desigualdad de entre ricos y pobres ha fomentado la
criminalidad. Esta situación vulnera las capacidades del Estado mexicano para
acometer acciones autónomas en el plano de la seguridad. Por otra parte, la
responsabilidad compartida y diferenciada del gobierno de EE.UU. con el flagelo
de las drogas y varios de los problemas estructurales de la economía mexicana,
hacen improbable una solución donde no se cuente con el concurso de las fuerzas
y los fondos del gobierno estadounidense.
Ha sido
justamente la influencia de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, junto a la dependencia
estructural de la economía mexicana, lo que
ha sometido a ese país en una seria crisis sociopolítica, que demanda de
cambios, que mejoren su credibilidad y eleven los niveles de seguridad
ciudadana que presenta ese país en la actualidad.
“El 14 de
enero de 2013 WOLA (la Oficina de Washington para Estudios Latinoamericanos)
entregó una petición binacional a la Casa Blanca pidiendo a la Administración
Obama endurecer las leyes para frenar el tráfico de armas a México, ya que en
ese país la violencia se ha convertido en una realidad aterradora cotidiana
para muchas comunidades. (Petición Binacional le pide a Obama Endurecer Ley
Contra el Tráfico de Armas a México, 2013)
Ciertamente la
situación que vive México hoy no se explica sin la proyección exterior y de
seguridad de Estados Unidos, contrastándola con los antecedentes históricos de
dependencia y dominación, en lo cual tiene un importante rol, los acuerdos
establecidos en materia económica-comercial y financiera.“Dentro de los
mecanismos de dominación utilizados por Estados Unidos, es importante tomar en
cuenta el comercio, fundamentado en el intercambio desigual y preferencial en
lo que respecta a la nueva metrópoli.” (García Iturbe N., Los Estados Unidos en
la época de Bush, 2009)
En el plano
económico, durante la primera mitad del siglo XX, México registró un importante
crecimiento que lo ubicó como un referente para Latinoamérica y el Caribe. Ello
ha sido utilizado por Washington para canalizar buena parte de sus intereses de
dominación en la región a través de este país.
La dependencia
en temas de seguridad complementa los acuerdos tomados en materia
económico-comercial y financiera, con el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) y la llamada Alianza para
la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN) mediante lo cual se
ha consolidado el sistema de dominación estadounidense en México, desde el fin de la guerra fría hasta la actualidad.
El TLCAN
prohíbe la exigencia de requisitos de desempeño o reglas de comportamiento a
los inversionistas extranjeros, lo que da una mayor cobertura a los empresarios
estadounidenses para actuar sin controles exigentes. Por otra parte, las
empresas exportadoras no están obligadas a someter a concurso sus compras como
sí lo están el Estado y las empresas públicas, de manera que mientras existen
controles para el Estado mexicano, el ramo empresarial trasnacional cuenta con grandes
libertades para su desarrollo.
La asimetría
existente entre ambas economías, ha conllevado a una seria reducción de
laparticipación del capital mexicano en producciones y exportaciones (2,75%). A
estos tratados se suma la incorporación de México a la Alianza del Pacífico,
junto a aliados estratégicos de EE.UU. como Colombia, Panamá y Chile, para una alianza comercial,
impulsada por Washington en aras de amedrentar los esfuerzos integracionistas
de países como Venezuela (ALBA) y Brasil (MERCOSUR y UNASUR).
La crisis
global, ha conllevado a serias limitantes para la economía estadounidense, la
que ha tenido serios problemas en el empleo y que posee un impacto directo en
los inmigrantes mexicanos, que constituye la principal comunidad de latinos en
ese país y ello a su vez tiene un impacto electoral. La reelección de Obama con
el apoyo de la mayoría de este sector, evidencia la importancia del voto latino
como principal minoría de ese país, que ya cuenta con“(…)50,5 millones de
personas de origen latino que representan el 16% de la población y casi el 12%
del electorado. Se convirtieron en la principal minoría del país y son mayoría
en 28 ciudades, con un crecimiento de casi la mitad (43 %) en la última
década.” (Los retos de Obama en su segundo mandato (2013-2017), 2012)
Estas
transformaciones demográficas permiten comprender la ascendencia de los latinos
en la política estadounidense, con figuras como Joaquín Castro, que calan en la
opinión pública estadounidense, con efectos socioculturales de imprescindible
valoración para un diagnóstico sobre la relación con la región y, en
particular, con México. Sobre este elemento el académico Immanuel Wallerstein
consideró:
“El
antagonismo hacia México debido a los migrantes indocumentados ha llegado a
jugar un papel importante en la política estadunidense y ha estado socavando
los supuestos lazos económicos cercanos con México. Y en cuanto al resto de
América Latina, el crecimiento de su postura geopolítica independiente es
fuente de frustración para el gobierno estadunidense y de impaciencia para el
público en ese país.” (Wallerstein, 2012)
Ello se
traduce también en una reducción de los montos de remesas que recibe México,
que registran un importante monto de 24 000 MMUSD, lo que lo convierte en el
primer receptor de remesas de América Latina y el Caribe y el tercero a nivel
global. Entretanto, la deuda externa mexicana
se incrementó de 119 084 MMUSD en
2006 a 210 252 MMUSD en 2012, registrando un crecimiento del 83 %.
La economía de
México ha mostrado varios indicadores positivos en los últimos años que pueden
tender a confundirse, pues muchos de los índices de mejoría se deben a las
inversiones de empresas trasnacionales cuyo capital mayoritario proviene de
EE.UU. De hecho los lazos comerciales bilaterales continúan creciendo, aunque
el mercado chino aumenta la competencia para los productos mexicanos.
Según afirmó
el Secretario Adjunto para Asuntos Económicos y Comerciales de EE.UU. José W.
Fernández, entre Estados Unidos y México hay “(…) 500,000 millones de dólares
en comercio, ya sea en mercancía o en servicios, todos los años… (El) comercio
se ha cuadruplicado desde la firma del TLC. Todos los días hay más de 1000
millones de dólares que van de un lado al otro de la frontera.”(Fernández,
Sitio Oficial de la Embajada de EE.UU. en México, 2013).
En el plano
político-diplomático México se halla ante el reto de recuperar su otrora liderazgo regional. Esta postura también es
alentada en cierta medida, por el gobierno estadounidense, en aras de disminuir
el influjo de Brasil en el Gran Caribe y en particular, en Centroamérica.
Estas
circunstancias permiten apreciar el grado de interdependencia entre ambos
países, lo cual acentúa los intereses y las prioridades de la política exterior
y de seguridad de EE.UU. hacia México. El flujo ilícito de personas, drogas y
armas entre ambos países, hace de sus problemas comunes una poderosa razón para
la cooperación bilateral; sólo que esta continúa siendo guiada desde la visión
unidireccional del imperio estadounidense.
El viaje de
Obama, a México y a Costa Rica para la reunión del Sistema de Integración
Centroamericano (SICA), era una deuda del primer mandato presidencial de Obama,
respecto a la proyección hacia América Latina y el Caribe. En este viaje se
actualizó la política bilateral hacia México, fundamentalmente en los tópicos
de seguridad, donde resultaba necesaria una puntualización entre el gobierno de
Obama y el de Enrique Peña Nieto.
El nuevo
gobierno del PRI, ha debido tomar algunas medidas que reflejen cambios respecto
a la política de Calderón y ello tiene
una expresión directa en la relación bilateral con EE.UU. sin bien se mantienen
los lazos de dependencia y dominación estructurales respecto al vecino del
norte.
Las
discusiones en el marco de la OEA sobre el tema de las drogas y el papel de
México en ese tópico, fortalecen las protestas respecto a la necesidad de un
cambio de política que contenga la violencia y la criminalidad que afecta a
gran parte de la región. Entre los debates más importantes se destaca la
despenalización y la legalización de algunas drogas. Este aspecto enfatiza las
discusiones que se sostuvieron en la pasada Cumbre de las Américas en Cartagena
de Indias.
En la
actualidad, el gobierno de EE.UU. ha recrudecido la guerra antidroga, con la
autorizaron de la utilización de aviones no tripulados (Drones), para su
utilización en la persecución de narcotraficantes e inmigrantes, en aras de
aumentar la seguridad en la Frontera de EE.UU. con México. Ello refuta la
errónea estrategia antidroga que persigue Estados Unidos, la cual reinvierte en
el pilar militar, dejando a un lado el importante control del consumo en su
país y el impulso a programas de asistencia social, que contrarresten en alguna
medida, las marcadas diferencias sociales, que repercuten a su vez en la falta
de empleos y la crisis económica, e incentívala inserción en actividades
ilícitas.
La fallida
guerra contra las drogas ya va generalizando consenso en cuanto a su fracaso
manifiesto. En el Informe de Human Rights Watch sobre la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas (TDI) en México se reconoce, a consideración del
director de esta Institución para “las Américas”, José Miguel Vivanco:
“En vez de
reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado
un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros
terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a
agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del
país.”(Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la
‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, 2013)
Si se hace
retrospectiva hacia desde hace sólo una década, puede apreciarse la agudización
de estas problemáticas, con serias afectaciones a la institucionalidad, el
Estado de derecho y la seguridad ciudadana; lo que hace pertinente reconsiderar
las consecuencias que posee para la región, y en especial para la nación
mexicana, la política exterior y de seguridad estadounidense.
Conclusiones
Las sucesivas
administraciones del gobierno estadounidense, incluso de la Obama (2009-2017),
han reflejado una continuidad en las estrategias de dominación hacia la región,
con independencia de los cambios y matices ajustados al contexto histórico e
internacional, a las condicionantes internas de ese Estado-Nación y las
características de cada presidente.
La política
exterior y de seguridad de Estados Unidos hacia México se ha comportado de
manera estable, en cuanto a sus intereses de dominación. Para ello se ha
consolidado la dependencia de México hacia ese país, estrechando todos aquellos
pilares que comprometen las políticas del Estado mexicano a los designios de
EE.UU.
De manera
general, el crimen organizado transnacional vinculado fundamentalmente, al
tráfico ilícito de drogas influye, cada día más en la estabilidad mexicana, con
un impacto en el sector social, económico y el político, del cual no son ajenos
los procesos electorales existentes en esa nación.
Con la
Iniciativa Mérida, se han consolidado los nexos de dependencia, que aumentan
las presiones y las justificaciones para la penetración de personal de
seguridad y otros asesores (contratistas) en territorio mexicano. Todo ello permite
afirmar que la política antidroga de Washington para ese país ha resultado un
fracaso.
La política
exterior y de seguridad de EE.UU. afronta la necesidad de transformar la visión
de ese país ante el mundo. Para el caso
latinoamericano, acoge un complejo contexto, con una correlación de fuerzas que
resulta contestataria a los intereses imperiales en los foros regionales.
En ese
panorama, el gobierno estadounidense ha debido perfeccionar la proyección
político-diplomática, mediante el poder inteligente (smart power) y la
diplomacia y el desarrollo como complemento de la defensa (las tres D). Desde
estos presupuestos, se perfeccionan las bases esenciales de la proyección
exterior de Estados Unidos, para el efectivo
cumplimiento de los objetivos estratégicos en la esfera internacional.
Ante el
impacto de la crisis económica, EE.UU. ha reconocido la necesidad de realizar
cambios a nivel doctrinal, para el ejercicio de una política exterior más
efectiva. En este sentido, ya no basta con la recuperación económica y la
demostración de la supremacía militar, sino que para la consolidación
hegemónica es también necesaria la preservación de su liderazgo en el orden
político, diplomático, ideológico, cultural e informacional.
Desde estos
presupuestos, se desarrolla una diplomacia en correspondencia con la necesidad
de recuperar credibilidad y adecuar la agenda internacional a los nuevos
tiempos. Para ello, los Departamentos y Agencias del gobierno estadounidense
han llevado a cabo varias reformas, donde se destacan las implementadas por el
Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID).
En este
escenario, el gobierno estadounidense re-articula los instrumentos del poderío
nacional para perfeccionar la penetración imperial. Para ello, se validan
conceptos como la responsabilidad de proteger, para temas sensibles como la
seguridad humana, la gobernabilidad, la convivencia democrática, el Estado de
derecho, la violencia y la criminalidad; que faciliten el trabajo de influencia
y dominación de la política exterior y de seguridad de EE.UU. hacia México.
Correo Electrónico: alejandro.perdomo91@gmail.com
Correo Electrónico: alejandro.perdomo91@gmail.com
Bibliografía
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Notas:
[i] Se
entiende la seguridad nacional según la define operacionalmente la Dra. Soraya
Castro, como una capacidad de los Estados explica la necesidad de darle
seguimiento constante tanto a las amenazas que pueden poner en riesgo la nación
como a los recursos con que cuenta el país para responder a dichas amenazas de
forma efectiva y exitosa. ¿Qué persiguen, o deben perseguir, los Estados con
esta actuación? Alcanzar una condición de seguridad y estabilidad que garantice
la continuidad de su sistema y por consiguiente la defensa y preservación de
sus intereses y objetivos nacionales. Es una condición relativa por las
características de las relaciones internacionales en la era globalizada.
[ii] Destacar
de los Zeta su carácter militarista, por proceder mucho de sus integrantes de
tropas élites del Ejército mexicano, y de algunos países de Centroamérica, que
fueron entrenadas por la CIA. Los Zeta nacieron como brazo armado del cártel del
Golfo para luego independizarse. La militarización de la guerra contra las
drogas entre Estados Unidos y México ha agudizado el problema, por lo que el
proceder del cártel de los Zeta constituye un ejemplo de la equívoca política
de los Estados Unidos hacia el narcotráfico.
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