Presidente de la Sociedad
Económica de Amigos del País
En
los tiempos actuales se desarrollan importantes esfuerzos para promover la integración
de América Latina y el Caribe. Muchas son las actividades de gobiernos y
pueblos de la región, así como investigaciones académicas, con vistas a este
objetivo. Sin embargo, no ha tenido la misma prioridad un proceso
integracionista que está teniendo lugar ante nuestros ojos. Se trata de la
integración de América del Norte, zona geográfica ocupada por Canadá, Estados
Unidos y México.
En este proceso de integración, dirigido por
EEUU, juega un destacado papel el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), en inglés, North
American Free Trade Agreement (NAFTA).
Entró en vigor el 1º de enero del 1994 y vincula la economía, el
comercio y las inversiones mutuas entre EEUU, Canadá y México en un mercado de
480 millones de habitantes.
Ese mismo día de enero de 1994 y como una premonición de lo que sería el
objetivo estratégico del Tratado, se inició el levantamiento armado del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la selva Lacandona, al sur
de México, encabezado por el Subcomandante Marcos.
Por su contenido, el TLCAN estipula la desregulación del movimiento
transfronterizo de bienes, servicios e inversiones -no de las personas- entre
los tres países sobre una base neoliberal. También se abordan los derechos de
propiedad intelectual. En la relación tripartita, los beneficiados fueron EEUU
y Canadá. A México le tocó la peor parte, pues en los 20 años trascurridos, los
problemas económicos se han incrementado, mientras la inseguridad ciudadana y
el crimen organizado se han incrementado en flecha.
En cuanto al comercio exterior, México exporta anualmente 400,000 millones de
dólares al resto del mundo, pero cuando se analiza en detalle se descubre que
el contenido nacional de los productos no rebasa 30% y el 70% restante lo
producen compañías extranjeras asentadas en territorio mexicano, las cuales
también exportan a sus sedes las ganancias obtenidas. Dentro del TLCAN, México
realiza el 96.3 % de su comercio con Estados Unidos y el restante 3.7 % con
Canadá.
Por su parte, los flujos
de Inversión Extranjera Directa (IED) de Estados Unidos y Canadá hacia México
no han mostrado un crecimiento sustancioso. En 1999 la IED de ambos países fue
de 8 mil 246 millones de dólares (USD) y en 2012 se reportaron 8 mil 781
millones de USD. Las principales inversiones de EEUU y Canadá en México son de
cartera, lo que no implica necesariamente la creación de nuevas empresas
productvas.
Los pocos beneficios que México ha obtenido del TLCAN
se concentran en 4 de los 32 estados del país. Según estudios de la American
Chamber Mexico (Amcham), la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), solo los estados mexicanos de Chihuahua, Baja
California, Coahuila y Nuevo León concentran el 50% de las exportaciones
mexicanas a EEUU.
El TLCAN ha ralentizado la dinámica de la economía mexicana. Según la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos, entre 1960 y 1980, el PIB per cápita de México casi se duplicó,
creciendo un 98,7% en el total del período. Sin embargo, en los últimos 20 años
el crecimiento se ha reducido a sólo un 18,6%, la mitad del crecimiento del
resto de la América Latina.
En cuanto a la industria, Thomas Manz, representante de la Fundación
Friedrich Ebert, cercana al Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), asegura que la industria automotriz ha ganado con el
libre comercio. “(…) un 12% de los automóviles que se venden en Estados
Unidos han sido producidos en México”, asegura el experto. El TLCAN, dice,
ha impulsado la industrialización del país, lo que lo sitúa en una posición de
ventaja frente a otras economías latinoamericanas, principalmente exportadoras
de materias primas.
No obstante, en la competencia de producción con EEUU y Canadá, muchas
empresas mexicanas han terminado en bancarrota. El Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática indica que desaparecieron 391 mil unidades
de producción porcina y 322 mil ganaderas, afectadas por las importaciones y el
aumento en los costos de producción.
El Presidente de México Carlos Salinas de Gortari, quien negoció el TLCAN,
expresó que con el Tratado terminaría la pobreza y la emigración y comenzaría
“la gran época” del campo mexicano. Dos décadas después, nada de esto se ha
cumplido. El TLCAN, el acuerdo comercial más ambicioso de los signados por
México, tiene cierto éxito en materia comercial, pero queda a deber en
crecimiento económico, generación de empleos y prosperidad para el agro
mexicano.
De acuerdo con las estadísticas nacionales, en el año 2012 se registraron
14,3 millones más de mexicanos pobres que en 1994. El bajo desempeño de la
economía mexicana ha contribuido a un aumento de la emigración a los Estados
Unidos. Entre 1994 y 2000, el número anual de mexicanos que emigran a los
Estados Unidos se disparó en un 79%.
Arturo Balderas Rodríguez, en su
artículo “Veinte años del TLCAN”, reporta, con fuentes del Centro de
Investigación Económica y sobre Políticas, organización de análisis económico
con sede en Washington, que si México, en lugar de optar por el Tratado,
hubiera continuado con la política de desarrollo aplicada de 1960 a 1980, muy
probablemente los mexicanos tuvieran hoy un ingreso personal mucho más alto y
se hubiera evitado que millones de ellos emigraran a Estados Unidos. Concluye
que México hizo todo lo que Washington quería. Se suponía que sería el gran
ganador con el TLCAN, pero después de estos 20 años es claro que la mayoría de
los mexicanos han perdido, al margen de que unos cuantos se han convertido en multimillonarios.
Uno de los principales intereses de EEUU en el
TLCAN está relacionado con los recursos energéticos mexicanos, que constituyen,
con el Tratado, una segura fuente de suministros.
Pero el TLCAN no es visto por
EEUU como un asunto para el corto o mediano plazo. Sobre la base de la urdimbre
comercial y de inversiones establecida en este Tratado, Washington otea mayores
y más peligrosas proyecciones.
La Alianza para la Seguridad
y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) es el desarrollo del TLCAN a
una etapa superior, la cual busca una “integración profunda” entre los tres
países miembros y, lo que es más importante, le incorpora un componente militar
y de seguridad. El 1º de enero del 2008 concluyó la desgravación de aranceles
de todos los bienes en el intercambio comercial externo entre Canadá, EEUU y
México.
En correspondencia con esta
evolución del TLCAN, el Primer Ministro de Canadá Paul Martin, el Presidente de
los EEUU George W. Bush y el Presidente de México Vicente Fox, crearon la ASPAN
mediante una Declaración Conjunta en reunión que sostuvieron en Waco, Texas, el
23 de marzo del 2005.
La ASPAN no constituye un
Tratado Internacional, como lo es el TLCAN, sino que es manejada mediante Órdenes
Ejecutivas de los Presidente de cada país y son sus Oficinas Presidenciales, al
estilo del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, las encargadas de atenderla.
Debido a ello, las decisiones, inclusive las estratégicas que afectan a los
ciudadanos de sus países, no pasan por los órganos legislativos
correspondientes (Parlamento, Congreso, Senado, etc.).
Las actividades de la ASPAN
están ocultas bajo el velo del misterio. La prensa no tiene acceso al contenido
de sus deliberaciones en las Cumbres Presidenciales y menos a otros niveles de
dirección de la Alianza. Este método de trabajo ratifica la falta de
transparencia del nuevo ente y la violación que entraña de la soberanía
popular.
ASPAN se estructura en dos
Agendas: la Agenda de Prosperidad y la Agenda de Seguridad.
Mediante la Agenda de Prosperidad
se prevé desarrollar a un plano superior el contenido del TLCAN en cuanto al
comercio de bienes, servicios, capital y personas. Incluye nuevas normativas
para las Reglas de Origen y Aranceles, Facilitación de Negocios, Bienes
Industriales, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Biotecnología Agrícola,
Comercio Electrónico y Tecnologías de la Información, Transporte, Servicios
Financieros, Energía, Medio Ambiente, Salud y Capital Humano. Aunque no se ha
declarado oficialmente, entre los objetivos de esta Agenda se incluye la
creación de una Unión Aduanera de América del Norte, que establecería un
arancel externo común de los tres países con el resto del mundo.
Un órgano que prefigura las
concepciones neoliberales que informan a la ASPAN es el Consejo de
Competitividad de América del Norte (CCAN), en inglés North American
Competitiveness Council (NACC). Compuesto exclusivamente por representantes de
empresas privadas, se integra por 10 empresarios destacados de cada país
miembro. Su creación fue anunciada en la Cumbre de la ASPAN, en marzo del 2006,
celebrada en Cancún, México. Sus funciones son de asesoría mediante
recomendaciones que eleva a los niveles superiores de dirección de la Alianza.
La Agenda de Seguridad
tiene la impronta de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de
septiembre del 2001. Entre sus principales objetivos se destaca el interés de
Washington de tender un perímetro de seguridad alrededor de toda la América del
Norte y no solo en sus fronteras nacionales con México y Canadá. La estructura
de la Agenda de Seguridad incluye la Protección de América del Norte contra
Amenazas Externas, Prevención y Respuesta a Amenazas dentro de América del
Norte y Aumentar la Eficiencia del Flujo Seguro de Tránsito de Bajo Riesgo a
través de las Fronteras Compartidas entre los Países Miembros.
Un principal componente de la
Agenda de Seguridad de ASPAN lo constituye el Comando Norte de Estados
Unidos, que tiene a su cargo el mando y control para la defensa y seguridad
en aire, tierra y mar de todo el territorio de América del Norte, incluyendo
Alaska, Canadá, el territorio continental de EEUU, México, Puerto Rico, Islas
Vírgenes norteamericanas, Bahamas, el Golfo de México, el Estrecho de la
Florida incluyendo a Cuba y una frontera marítima que se extiende hasta 500
millas náuticas del perímetro costero de las aguas adyacentes a los lugares
mencionados.
Las fuerzas armadas de Canadá y
México están subordinadas a los intereses del ejército de EEUU. Ello lo refleja
la imposición, el 20 de agosto del año 2014, de dos importantes condecoraciones
del ejército y la marina de México al entonces Jefe del Comando Norte, General
de Ejército Charles H. Jacoby Jr., por “sus esfuerzos para estrechar los lazos militares
entre los Estados Unidos y México”.
El Comando Norte fue creado el
1º de octubre del 2002, como respuesta al ataque a las Torres Gemelas. Su
Cuartel General está en la Base de la Fuerza Aérea Peterson, en Colorado
Springs, estado de Colorado. El componente
naval del Comando Norte es el Comando de la Flota de Estados Unidos de América,
con asiento en Norfolk, Virginia. El actual Jefe del Comando Norte, Almirante
James A. Winnefeld Jr., también es, simultáneamente, Jefe del North American
Aerospace Defense Command (NORAD), en español Comando de Defensa
Aeroespacial de América del Norte, que comparte su Cuartel General con el
Comando Norte. El mando de NORAD es binacional entre EEUU y Canadá y protege a
las dos naciones de ataques aéreos, especialmente de misiles balísticos
intercontinentales y de lanzamiento submarino. También incluye la vigilancia
sobre el secuestro de aviones. La red de NORAD utiliza numerosas bases de
radares de última generación, así como satélites especialmente dedicados a ese
fin.
Los documentos oficiales de
NORAD no mencionan a México como parte de sus dispositivos. No obstante, en la
reunión sostenida en marzo del 2012 por los Ministros de Defensa de los tres
países, el ministro canadiense, Peter MacKay, destacó que esta primera reunión
de los tres ministros de defensa constituye “una gran oportunidad para que los tres países
identifiquen vías para trabajar de conjunto en el enfrentamiento a los desafíos
de seguridad y defensa que comparten”.
No ofrece dudas que está en marcha un proceso
para integrar México al NORAD con vistas a que toda la América del Norte se
encuentre bajo el control de este comando aeroespacial. El Comando Sur de los Estados
Unidos tiene su origen en el Tratado Hay-Buneau-Varilla de 1903 mediante el
cual Panamá y Estados Unidos aprobaron la construcción de un canal para
comunicar los océanos Atlántico y Pacífico. Como resultado de este Tratado, se
asentaron fuerzas militares de EEUU en el área del canal. Durante la Segunda
Guerra Mundial, se estableció el Comando de Estados Unidos para la Defensa del
Caribe, ampliando el potencial militar de sus fuerzas en el Canal con el
objetivo de protegerlo de eventuales ataques nazis. En la década de 1950 las
funciones del Comando se extendieron a todo el continente suramericano. En 1963
cambió su denominación a la actual, poco después de la amenaza del Gobierno
norteamericano con una agresión nuclear contra Cuba en octubre de 1962.
En 1977 se aprueba el Tratado
Torrijos-Carter mediante el cual se decidió la entrega del Canal a las autoridades
panameñas, hecho que ocurrió, como estaba acordado, el 31 de diciembre de 1999.
En consonancia, el Comando Sur abandonó Panamá y trasladó su Cuartel General
para la ciudad de Miami en septiembre de 1997, donde se mantiene hoy día.
Actualmente, el Comando Sur está
responsabilizado en garantizar los intereses de EEUU en todos los países de
América del Sur, Centroamérica y el Caribe, abarcando un área de 25 millones de
Kilómetros cuadrados. Está encargado de la vigilancia del Canal de Panamá y atiende
la Base Naval de Guantánamo, enclavada en territorio de Cuba en contra de la
voluntad del Gobierno Revolucionario y del pueblo cubano.
Aunque proclama que sus tareas
están relacionadas a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la
realidad indica que su principal misión radica en vigilar y agredir a los
gobiernos latinoamericanos y caribeños que no sean del agrado de EEUU. Lo
atestiguan, entre otras -y solo para mencionar las más recientes-, las
invasiones de tropas norteamericanas a la República Dominicana en 1965, a
Granada en 1983, a Panamá en 1989 y su participación en la guerra no declarada
contra el Gobierno Sandinista de Nicaragua. El Comando Sur trabaja directamente
y sincroniza sus operaciones con el Comando Norte de EEUU y para el cumplimiento de sus tareas tiene la
posibilidad de movilizar a fuerzas terrestres, navales y aéreas de EEUU, a los
Infantes de Marina y a la Guardia Costera.
Bajo las órdenes del Comando Sur
está la IV Flota Naval de los Estados Unidos, que se organizó en 1943, durante
la Segunda Guerra Mundial. Fue disuelta en 1950 y se restableció 58 años
después, en el 2008, en una decisión de carácter político, para intentar
amedrentar a los gobiernos de Nuestra América que no se subordinan a los
dictados de EEUU. Esta flota es responsable de todas las operaciones
norteamericanas en los mares de América del Sur, de Centroamérica y del Caribe.
Su cuartel general está en Jacksonville, estado de la Florida.
En su afán de encontrar aliados
en Latinoamérica, el Comando Sur ha logrado una asociación estratégica con
Colombia, a la que suministra armamento y entrenamiento militar e intercambia
información sensible de seguridad. En visita efectuada a este país en marzo del
2014, el entonces Jefe del Comando Sur General de Infantería de Marina John F.
Kelly, en una de las múltiples actividades dentro de su programa de tres días,
declaró: “Nuestra
alianza ha producido mejoras importantes en la seguridad de ambos países”. A seguidas, el General visitó Perú, país
cuyos vínculos también prioriza el Comando Sur. No debe desconocerse que estos
dos países, junto a México y Chile, forman parte de la Alianza del Pacífico,
esquema que promueve EEUU, basado en la economía neoliberal, para intentar
dividir los esfuerzos de integración que verdaderamente necesita la región. Se
ratifica este objetivo político con el recorrido que el Secretario de Defensa
de EEUU Chuck Hagel efectuó en octubre 2014 a Colombia, Perú y Chile. El actual
Jefe del Comando Sur es al Almirante Kurt Tedd.
A su
vez, EEUU utiliza el denominado Proyecto de Integración y Desarrollo
de Mesoamérica, que sustituyó al Plan Puebla Panamá (PPP) el cual se había
comenzado a aplicar en marzo del 2001. Con vistas a su fortalecimiento
institucional y la ampliación de sus objetivos, en junio del 2008 el PPP se
convirtió en el Plan Mesoamérica, que abarca los 7 países centroamericanos, 9
estados del Sureste de México, además de Colombia y República Dominicana.
Sus principales objetivos consisten en
desarrollar la infraestructura, destacándose las interconexiones eléctricas, la red de carreteras,
el ferrocarril y los aeropuertos, las instalaciones portuarias, las
telecomunicaciones, así como las medidas de facilitación comercial y
competitividad. De esta forma, a las empresas transnacionales de EEUU se les facilita
la extracción de recursos naturales de la subregión, el aprovechamiento de la
mano de obra barata, la liberación del mercado.
Por su parte, la Iniciativa Mérida
consiste en un programa que declara combatir el narcotráfico y el crimen
organizado en México, Centroamérica y República Dominicana. En vigor desde el 30 de junio del 2008,
ha servido para entregar aviones, helicópteros, vehículos terrestres,
armamento, suministro militar, técnicas computacionales y de control
electrónico de personas, intercambio de información y entrenamiento a los
países participantes. La Iniciativa Mérida sirve a los objetivos imperiales de
control político, económico y social de los países miembros, así como pretende
garantizar la seguridad nacional en su frontera sur. Funcionarios de alto rango
de EEUU han propuesto integrar la Iniciativa Mérida a la ASPAN.
Pero la ASPAN no se queda ahí.
Existen elementos para convenir que se proyecta convertirla en un antecedente
hacia la formación, aun no declarada, de la Unión de América del Norte (UAN),
la cual iría más allá de la ASPAN, para conformar una plena integración
económica de los tres países y una unión política. Con la UAN se pretendería
alcanzar una organización al estilo de la actual Unión Europea, para luego
avanzar hacia la Federación de los Estados Unidos de la América del Norte. Las
negociaciones de la UAN se están llevando a cabo en absoluto secreto,
componiendo una agenda no escrita en las reuniones anuales que efectúan los
mandatarios de los tres países. Bob Livingston, en un artículo publicado el 7
de mayo del 2012, asegura que el Presidente Barack Obama está impulsando la
creación de la UAN más enérgicamente que sus antecesores, pero con ausencia
total de información pública.
De constituirse como tal, el
territorio de la UAN alcanzaría 21,3 millones de Kms cuadrados, con una
población cercana a los 480 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto
(PIB) anual de 19,0 millones de millones de USD. Por su territorio y PIB, la
UAN ocuparía el primer lugar mundial.
La integración de los mercados
de los tres países está dirigida a incrementar la eficiencia de las cadenas de
suministros y llevaría a la Unión a una mejor posición en la economía global.
La constitución de la UAN y su desarrollo permitirían una radical reforma
migratoria y lograría plenamente el libre flujo de bienes, servicios, capital y
personas en todo el territorio unificado de Canadá, EEUU y México.
Según analistas que se han
pronunciado extraoficialmente, ya se ha escogido la denominación de los
ciudadanos de dicha Unión. Los hoy mexicanos, canadienses y estadounidenses
serían todos: norteamericanos. Algo similar ocurre en el campo monetario. Se
asegura que está definida la divisa que sustituirá al peso mexicano, el dólar
USA y el dólar canadiense en la eventual unión monetaria de la UAN. La nueva
moneda se denominaría Amero.
Washington también tiene en la
mira las ventajas que acarrearía la creación de la UAN en su geopolítica
mundial, en específico, en el Tratado Transpacífico (TPP). Mediante este
Tratado se proyecta agrupar a los países
del litoral americano y asiático del Océano Pacífico, con excepción de China y
Ecuador.
La más reciente demostración de que está en
marcha la creación de la UAN lo demuestra
la Cumbre de América del Norte llevada a cabo en Ottawa, el pasado 29 de
junio del presente año 2016, a la cual asistieron el Primer Ministro canadiense
Justin Trudeau, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama y el Presidente de
México Enrique Peña Nieto.
Según la agenda dada a conocer públicamente, la
reunión duró un solo día y se abordaron cuatro temas: cambio climático,
energías limpias y medio ambiente; competitividad comercial y fronteriza;
seguridad y defensa; y cooperación en asuntos regionales. Como es costumbre en
este tipo de encuentros, sostuvieron una sesión secreta de trabajo y un
almuerzo privado, sin acceso de periodistas y otros testigos.
Por el análisis de la información brindada al
término de la reunión se puede colegir que también abordaron, sin información
pública, el proceso en marcha para alcanzar la integración de América del
Norte. En este sentido resultan significativas sus intervenciones en la
conferencia de prensa conjunta que ofrecieron al finalizar la Cumbre. La palabra
“América del Norte” se repitió en innumerables ocasiones y desde distintos
ángulos, como si se quisiera fijar, por repetición, el concepto.
Justin Trudeau, Primer
Ministro de Canadá, planteó que en la reunión habían tenido la oportunidad de
hablar acerca de las vías para avanzar en el comercio y la competitividad de
América del Norte, así como también acerca de la cooperación en materia de
defensa. En una parte de su respuesta a las preguntas de los periodistas,
subrayó que era esencial que se entendiera que Canadá, Estados Unidos y México
continuarían incrementando sus estrechas relaciones en lo económico, cultural,
social, familiar, históricas y con la mirada puesta hacia el futuro. Con
relación a México, el Primer Ministro se congratuló por la firma de varios
acuerdos con su par Enrique Peña Nieto suprimiendo la visa de entrada a
mexicanos que viajaran a Canadá.
Por su parte, el
Presidente Barack Obama subrayó que en la Cumbre se había compartido la visión
de una fuerte e integrada América del Norte. Es un hecho básico, dijo, que las
tres naciones tienen una población combinada de cerca de 480 millones de
habitantes y constituyen, agregó, un centro de innovación con economías
integradas y cadenas de abastecimiento y coproducción que van más allá de nuestras
fronteras. Aseguró que para finales de este año 2016 se estaría aplicando un
Programa Unico para Viajeros, que facilitará el traslado de personas entre los
tres países y, al mismo tiempo, perfeccionará su seguridad. Obama anunció la
creación de un Consejo Político de América del Norte, lo que significaba que
los tres gobiernos se reunirían más a menudo y dijo que “en breve América del
Norte hablaría con una sola voz en el escenario mundial”.
A su vez, Enrique Peña
Nieto, Presidente de México, destacó su reconocimiento a la determinación de
Obama en crear una América del Norte más unida, integrada y competitiva, más
próspera e inclusiva. Al respecto subrayó que durante esta Cumbre Trilateral,
los gobiernos de Canadá, los Estados Unidos y México habían reafirmado su
decisión de trabajar juntos con el propósito de avanzar en la integración
económica de América del Norte. Reafirmó que los esfuerzos nacionales aislados
eran insuficientes y que era mejor actuar juntos como una región. Se congratuló porque los tres países de
América del Norte habían decidido trabajar como un equipo y avanzar como la
región más competitiva del mundo. De la intervención del Presidente mexicano
también se puede inferir que los tres gobiernos se han planteado alcanzar la
Unión Aduanera de América del Norte, con un arancel externo común de los tres
países con el resto del mundo.
Como parte de la infraestructura
básica de la UAN ya se está construyendo el
North America's SuperCorridor Coalition (NASCO), que es una red
de transportación multimodal de 4 mil Kilómetros de largo y hasta un Kilómetro
de ancho, que uniría Canadá, EEUU y México desde Alaska hasta la frontera sur
mexicana colindante con Guatemala y Belice. La vía, que comenzó a proyectarse
en 1994, incluye carreteras para autos y camiones, líneas de ferrocarril,
oleoductos, gasoductos, conductoras de agua, cables de fibra óptica, redes de
transmisión de energía eléctrica, entre otros medios, con el objetivo de
garantizar el rápido y seguro traslado de personas, cargas, productos
energéticos e información a lo largo y ancho de todo el territorio de la
proyectada Unión de América del Norte (UAN).
De esta forma, el comercio
exterior que transita por los puertos de aguas profundas del litoral oeste de
los EEUU, relacionados con Asia, se trasladarían rápidamente hacia el centro
continental y la costa este del territorio, pues NASCO también concibe una red
que atraviesa el territorio central de EEUU para alcanzar la costa atlántica
del país. De esta forma, a EEUU no les resultaría imprescindible utilizar el
Canal de Panamá y el que se construye en Nicaragua, ambos administrados por
empresas chinas.
El primer tramo de esta red
trinacional es el Trans Texas Corridor, propuesto desde el 2002. El itinerario arranca en la ciudad de Laredo,
en la frontera con México. Un ramal se dirige a Houston para continuar hasta la
frontera con el estado de Luisiana. Otro
ramal se dirige a la frontera del estado de Oklahoma, pasando por las ciudades
texanas de San Antonio, Austin y Dallas. Aunque el órgano legislativo de Texas
no ha aprobado el proyecto, que quedó en suspenso desde el 2011, la
construcción del Corridor se ha iniciado en secreto mediante órdenes ejecutivas
del Gobernador de Texas y utilizando el trazado de las carreteras ya
existentes.
Otro tramo de NASCO en franca
construcción es el Keystone XL Pipeline, un oleoducto que trasladaría el
petróleo desde el oeste de Canadá hasta Texas, desembocando en el Golfo de
México a la altura de la ciudad de Houston. Con una extensión total de tres mil
500 kilómetros, atraviesa las provincias canadienses de Alberta, Saskatchewan y
Manitoba y los estados de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas,
Oklahoma y Texas, en territorio estadounidense.
Entró en operaciones desde el
año 2010 y ya se han construido dos de las cuatro fases planificadas. La
tercera está en construcción y la cuarta y última fue aprobada por el Congreso
de EEUU, aunque fue vetada por el
Presidente Barack Obama aduciendo razones ecológicas. Llama la atención
que este veto de Obama se adoptó en vísperas de la realización de la Cumbre que
en defensa del medio ambiente se realizó en París en diciembre del 2015. Por si
fuera poco, NASCO está concebido para ampliarse, a requerimientos futuros, más
allá del área espacial de la UAN.
El Caballo de Troya de EEUU al
sur del Río Bravo es la Alianza del Pacífico, proyecto de instauración
neoliberal que hoy abarca México, Colombia, Perú y Chile, con intenciones de
ampliarse a Panamá y Costa Rica. La Alianza domina toda la costa latinoamericana
del Pacífico, con excepción de Ecuador, y se proyecta hacia el Tratado
Transpacífico (TPP), el cual propone asegurar la política neoliberal en los
países ribereños del océano Pacífico, en las costas de América, Asia y Oceanía.
Todo ello es parte del Nuevo Orden Mundial (NOM) que EEUU se ha propuesto
construir con vistas a intentar dominar al Mundo mediante los vínculos
económicos, comerciales, financieros, políticos y militares, en los cuales la
UAN sería el poder organizativo central del NOM.
Entre las mega
asociaciones que está promoviendo EEUU a lo largo y ancho del planeta se
destaca el Trans-Pacific Strategic Economic Partnership, más conocido
como Trans-Pacific Partnership (TPP), el cual tiene especial impacto en
Latinoamérica y el Caribe. Con este Tratado se inaugura oficial y
descarnadamente el prioritario papel que la administración norteamericana
otorga a la Empresas Transnacionales (ETN), situándolas, incluso, por encima de
los gobiernos de los países donde actúan. Aunque las ETN han tenido siempre una
gran influencia en los acuerdos internacionales que promueve EEUU, con el TPP
se opera un cambio cualitativo que pone en primerísimo lugar los intereses de
las grandes corporaciones. A partir de la oficialidad de este Acuerdo, los
futuros Tratados económicos y comerciales que se firmen entre países donde
participe EEUU llevarán la impronta del contenido del TPP, lo que constituye un
peligro extremo para las relaciones internacionales. En este sentido, los
gobiernos que acepten este tratamiento en sus vinculaciones con el imperio
norteamericano verán disminuidas sus posibilidades para conducir de forma
soberana el rumbo de las negociaciones.
Los antecedentes del TPP
se remontan a junio del 2005, cuando Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur
adoptaron un Tratado de Libre Comercio que entró en vigor el 1º de enero del
2006. Posteriormente Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Japón,
Malasia, México, Perú y Vietnam ingresaron a las negociaciones.
La población del
territorio que abarca el TPP alcanza 820 millones de habitantes: 65% del lado
americano y 35% del asiático. Su producción conjunta constituye el 40% del
Producto Interno Bruto (PIB) mundial. EEUU y Japón representan el 80% del PIB
del Tratado en su conjunto. El comercio exterior del TPP representa un tercio
del mundial y registra la mitad de las inversiones directas del planeta.
Los países que han
expresado interés en incorporarse al TPP son, de la parte asiática: Corea del
Sur, Taiwán, Filipinas, Laos, Indonesia, Bangladesh, India y Tailandia; del
lado americano: Colombia, Costa Rica y Panamá.
Se había programado que el
TPP entraría en vigor a fines del 2013. La fecha se fue posponiendo debido a
las discrepancias entre sus miembros. Japón no aceptaba eliminar los aranceles
de sus importaciones en arroz, trigo, carne bovina y porcina, azúcar y
productos lácteos. A su vez, el país asiático pedía a EEUU mayor apertura de su
mercado en el sector automotriz. Con Nueva Zelanda, el desencuentro se
concentraba en los productos lácteos; y con Australia, en el azúcar.
Los sindicatos del sector
automotriz de Estados Unidos, Canadá y
México han advertido de la pérdida de empleo a favor del resto de los países
integrantes. Las PYME´s de los tres países se suman a las críticas del Acuerdo
porque el apoyo, dicen, es para las grandes ETN. También se han manifestado
contra el Tratado los grupos defensores del medio ambiente y de la salud
pública.
En el contenido del TPP se
incluye la eliminación de las barreras arancelarias, el control de la propiedad
intelectual, los derechos de autor, las patentes -especialmente en la industria
farmacéutica-, las regulaciones de los servicios, que abarcan las telecomunicaciones,
Internet, el transporte, las finanzas; la protección de las inversiones;
restricciones a las compras gubernamentales; el debilitamiento de las normas
ambientales y laborales y de los marcos nacionales de referencia jurídica,
económica y política; el movimiento transfronterizo de personas. En el Tratado,
la libertad de comercio se limita exclusivamente a las corporaciones internacionales. Las ventajas
son para las 600 grandes corporaciones participantes. Las PYME y los
trabajadores, no cuentan.
La supuesta competencia
del libre mercado se convierte, en realidad, en el monopolio de esas
corporaciones sobre la economía y la sociedad. Según el Tratado, las ETN podrán
denunciar a gobiernos, eludiendo la legislación nacional y exigiéndoles indemnización
cuando vean amenazadas sus ganancias. Además, el arbitraje se llevará a cabo
por tribunales internacionales integrados por abogados representantes de las
empresas y cuyas decisiones son vinculantes. De esta manera, las corporaciones
toman de manera secreta el control de la política internacional y suprimen la
soberanía nacional de los Estados.
Su firma anuncia la
eliminación de las fronteras nacionales y del papel de los gobiernos, en un
mundo donde solo imperen los intereses y facultades de las ETN. Las relaciones
ya no serán “internacionales”, sino “interempresariales”. La proyección del
TPP pretende culminar el dominio del
capital sobre el trabajo. Desde el punto de vista de la geopolítica, el
Tratado está dirigido contra China. En uno de sus discursos en defensa del TPP,
Obama expresó: “Cuando el 95% de nuestros
potenciales consumidores viven fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar
que países como China dicten las reglas de la economía mundial”. Esta
batalla económica contra el gran país asiático tiene también un componente
militar. Hay que recordar que los Estados Unidos mantienen unas mil
instalaciones militares dislocadas en 120 países.
El 4 de febrero del
presente año 2016, en Auckland, Nueva Zelanda, ministros de los 12 países integrantes
del TPP firmaron la versión definitiva del Tratado, dando fin a varios años de
negociaciones. Ahora quedan dos años más para que el texto sea analizado y
eventualmente aprobado por los parlamentos correspondientes.
Otro megacuerdo en marcha
con un contenido muy similar, por lo que se le considera gemelo del TPP, es el Transatlantic
Trade and Investment Partnership (TTIP), el cual involucra a EEUU, Canadá y
la Unión Europea. Con este Tratado, EEUU completaría, con su dominio económico,
la subordinación política y militar que ya ejerce sobre Europa.
Si el TPP está dirigido
contra China, el TTIP apunta hacia Rusia. Las proyecciones de la
Unión de América del Norte y todo lo que ello significa, constituye el mayor
peligro al que se enfrenta la verdadera integración que necesitan los pueblos
latinoamericanos y caribeños.
En los últimos 25 años se
registra un renovado impulso al proceso de integración de América Latina y el
Caribe. Inéditos esquemas integradores, como la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión Suramericana (UNASUR) y la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de
los Pueblos (ALBA-TCP), han surgido para enrumbar en la dirección correcta los
esfuerzos de los pueblos de la región por alcanzar su soberanía e independencia
nacionales. Se inscriben en estos logros la derrota propinada al Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), concebida por el imperialismo norteamericano
con el objetivo de garantizar su dominio sobre las naciones al sur del Río
Grande.
Los avances alcanzados en
el proceso integrador están actualmente amenazados por la restauración
conservadora en marcha. La administración norteamericana preside esta reacción
de derecha.
El esfuerzo integrador
latinoamericano y caribeño ha avanzado en lo concerniente a las integraciones
físicas, comerciales y económicas; pero no ha alcanzado suficiente desarrollo
en estos empeños y, menos aún, en los aspectos financieros, monetarios,
sociales y políticos. Hay que completar los Tratados de Comercio de los
Pueblos, las Uniones Aduaneras, las Zonas Económicas, pero sobre la base de la
solidaridad entre los pueblos y no con al afán de ganancia de las Empresas
Transnacionales (ETN). Es necesario impulsar e Banco del Sur y realizar un
mayor esfuerzo en el desarrollo de bancos con capital latinoamericano para no
depender de entidades financieras de Estados Unidos y la Unión Europea. Se debe
ir a una moneda única latinoamericana y caribeña como alternativa al uso del
dólar USD y del euro. En los marcos del ALBA-TCP ya se aprobó el Sistema Unitario de
Compensación Regional (SUCRE) como moneda de cálculo, aunque no se ha
desplegado en todas sus posibilidades. De manera especial, hay
que impulsar las vinculaciones organizativas de los Estados entre sí; al igual
que entre los partidos políticos y entre los movimientos sociales.
La Confederación de
Estados de la región, concebida por Simón Bolívar y José Martí en el siglo XIX,
debe recibir una mayor atención. Sin apresuramientos que pudieran impedir el
objetivo perseguido, ya está a la orden del día el inicio de la formulación de
estos propósitos, al menos, en los marcos conceptual y académico. La propuesta
de crear una Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños no debe
interpretarse en el sentido de alcanzar, de inmediato, una Confederación
simultáneamente en todos los países de la región. En un primer momento, se debe
proponer la Unión Confederada entre algunos de los Estados, los que muestren
mayor afinidad en los programas integracionistas entre sí. Al respecto, se
requiere intensificar la formación política, educativa y cultural de los
pueblos, sin lo cual no pueden alcanzarse metas tan ambiciosas como la entrega
de parte de las funciones del Estado de un país a una entidad constituida como
Estado Confederado. Esta decisión debe refrendarse por la población involucrada
mediante referendo. Todo ello debe estar apoyado por un entramado de partidos,
movimientos y organizaciones sociales.
En este sentido, en el
ALBA-TCP pudiera estar el germen de la primera integración política
institucional de la región, cuyo desarrollo conduciría al establecimiento de
una Confederación de Estados entre algunos de sus miembros. De lograrse este
propósito, podría demostrar la mayor capacidad de negociación de una unión
institucional subregional ante la actual tendencia de crear grandes bloques de
países en la arena internacional.
Por otra parte, también se
nota la ausencia de una organización que agrupe a los partidos y movimientos
políticos más afines a una ideología socialista. Una entidad con estas
características ayudaría a recuperar en plenitud al socialismo como la forma
más idónea de sociedad justa y eficiente. Al respecto existen varias acciones
en este sentido. En primer lugar, debe mencionarse el Foro de Sao Paulo., así
como el Encuentro Latinoamericano Progresista y el Encuentro de Partidos
Comunistas y Revolucionarios de América Latina.
En los últimos años se
viene registrando un avance inédito en los procesos integracionistas de la
región, lo que fortalece la lucha por la justicia social, la soberanía y la
independencia de nuestras naciones, lo que se traduce en su influencia en la
arena internacional. A su vez, se constatan crecientes amenazas a este proceso,
provenientes del imperio y las fuerzas políticas que lo apoyan. Este peligro
puede derrotarse con la movilización del pueblo en estrecha unión con los
partidos políticos y movimientos sociales, y su vinculación con otras naciones,
organizaciones y organismos regionales y mundiales, que procuren objetivos
liberadores similares.
La Habana, 19 octubre del
2016
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