Por Letys
Aleida Lamazares González
Introducción
Colombia ha
sufrido un conflicto interno que ha impactado la vida política, económica y
social del país por más de cincuenta años. El “Acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”
establece que:
“La terminación
de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme
sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y
colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos,
decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número
de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho
del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades
campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y Rom,
partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos,
entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia.” (Márquez &
de la Calle, 2016)
Esta guerra no
solo ha afectado a la población colombiana, sino que ha trascendido las
fronteras nacionales y ha devenido en una amenaza de carácter regional e
internacional. La vía militar ensayada por los gobiernos colombianos del último
medio siglo, con efímeros intentos de diálogos sin mayor voluntad de política
de paz, fracasó una y otra vez. Igualmente, los dos brazos armados involucrados
en el conflicto contra el poder gubernamental, la FARC-EP (Fuerzas Armadas
Revolucionarias Colombianas- Ejército del Pueblo) y el ELN (Ejército de
Liberación Nacional), se fueron desgastando al acometer acciones que han
mellado su prestigio político, sin reportarles resultados positivos en
consonancia con sus objetivos iníciales.
El reconocimiento
de la existencia de un conflicto interno en Colombia por parte del presidente
Juan Manuel Santos, fue un paso de importantes consecuencias políticas. La
presión de las masas, principales víctimas de la guerra, así como la voluntad
política del gobierno y los mandos guerrilleros en consonancia con la situación
interna del país, conllevó al inicio
de las negociaciones de
paz.
La magnitud del conflicto colombiano determinó que el
gobierno y las guerrillas asistieran a la mesa de diálogos en busca de unos
acuerdos orientados hacia la desmovilización y desarme de la guerrilla bajo
supervisión del gobierno, y a la democratización de la vida nacional y un mejor
orden social. Todo esto se produce en un contexto regional favorable a la
solución política del mismo, como una necesidad de la estabilidad en América
Latina y el Caribe. Este conflicto armado, además, ha rebasado las fronteras
colombianas, convirtiéndose en un fenómeno que afecta de diferentes maneras a
otros actores de América Latina y el Caribe, y el buen curso de las relaciones
internacionales hacia el interior de la región. En este sentido, el presente
trabajo tiene como objetivo demostrar el carácter regional alcanzado por el
conflicto armado en Colombia y sus principales problemáticas.
Desarrollo
Desde la década
de 1960, en Colombia, se ha desarrollado uno de los conflictos armados más
largos en América Latina. Este fenómeno ha influido directamente en la dinámica
de vida de la población colombiana y en él se enfrentan actores de diversa
composición política e ideológica (guerrillas, paramilitares y la fuerza
pública del Estado) que, en una lucha por el poder, se disputan territorios con
una ubicación estratégica en diversas regiones del país.
Tras más de medio
siglo de guerra interna, los efectos del conflicto armado colombiano han
rebasado las fronteras nacionales, para afectar a los países vecinos y así
convertirse en un factor influyente en la elaboración de políticas de seguridad
por parte de los gobiernos de la región. Paralelamente a la regionalización del
conflicto se encuentra la persistencia de nuevas amenazas de interés
internacional, como es el caso del narcotráfico y el proceso de producción de
drogas ligado a este, el tráfico de armas y explosivos, el tráfico de personas
y el crimen organizado.
El narcotráfico,
durante años, ha acentuado la pobreza, el acceso desigual a la educación, la
salud, el empleo y la justicia, reduciendo las posibilidades para que diversos
sectores de la población gocen de los derechos fundamentales recogidos en la
Constitución colombiana.
El aumento
incontrolado de la violencia en los años 80 propició que muchos de los
participantes en el conflicto comenzaran a autofinanciarse con el narcotráfico
para ganar poder político y económico. Productores y traficantes formaron
carteles clandestinos armados. Durante esta etapa, al incrementarse la demanda,
los carteles se expandieron y se organizaron en grupos criminales de mayor
envergadura usualmente liderados por uno o más capos. Algunas de estas
organizaciones criminales emprendieron guerras contra el Estado al tratar de
evitar los acuerdos de extradición con Estados Unidos y cometieron actos
violentos contra la población civil, sucesos que se extendieron con la guerra
entre carteles. Ya en las décadas de 1990 y 2000 varios de estos grupos
consolidaron una infiltración en las instituciones del Estado al tiempo que
consolidaban las alianzas con grupos al margen de la ley como las guerrillas y
los paramilitares.
Hay que resaltar
que el fenómeno del narcotráfico incide en las relaciones fronterizas de
Colombia con Venezuela, Ecuador, Brasil y Panamá, sobre todo, cuando este es
principalmente desarrollado por organizaciones criminales constituidas por
elementos provenientes de los carteles de la droga y del paramilitarismo. Las
organizaciones guerrilleras, aunque alegan no haberse involucrado en
actividades de narcotráfico, se han vinculado a la protección de los cultivos
de coca de los campesinos, así como al cobro a los narcotraficantes por el uso
de las rutas ubicadas en sus zonas de influencia.
El gobierno
colombiano tras denunciar la utilización de zonas fronterizas con Venezuela y
Ecuador para cultivar coca1, ha realizado operaciones de aspersión y fumigación
en dichas regiones. Estas acciones del gobierno colombiano han afectado la
agricultura de los países vecinos y han provocado la denuncia de esos
gobiernos.
El insaciable
mercado norteamericano, importante receptor de estupefacientes, empezaría a ver
a Colombia como el principal proveedor de estas sustancias, pero la doctrina de
seguridad de los Estados Unidos es, precisamente, evitar la oferta de la droga
proveniente de Colombia. Los EEUU, después de la caída del Muro de Berlín, al
definir que las drogas ilícitas eran la principal amenaza para su seguridad y,
por lo tanto, el enemigo principal a enfrentar, le otorgaron un papel
estratégico a la región latinoamericana, el cual se refleja en la ARI
(Iniciativa Regional Andina) de 1989 trazada durante la administración de
George H. W. Bush, en el Plan Colombia de 1999 y en la reedición de la ARI en
2001, durante el mandato de George W. Bush. Estos mecanismos claramente
apuntaban a fortalecer la incidencia directa de los Estados Unidos ya no solo
en la política de seguridad de Colombia, país estrechamente ligado a la
estrategia hegemónica panamericana del gobierno estadounidense, sino del resto
de la región. Luego del 11 de septiembre, la guerra global contra el terrorismo
se unifica a la guerra contra las drogas y a ambas se subordinan todos los
demás temas y agendas de la región. Entonces, se genera una criminalización y
militarización del orden público y de los cultivos de coca y amapola.
Después del
fracaso de las negociaciones de paz del Caguán realizadas entre el gobierno del
presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP de 1998 a 2002,
Colombia y Estados Unidos firmaron el denominado Plan Colombia cuyos propósitos
fundamentales estaban dirigidos a robustecer las fuerzas armadas colombianas
frente a la insurgencia, impedir que esta se consolidara aún más, por encima de
su supuesto objetivo: la lucha contra las drogas. A partir de este acuerdo
Colombia se convierte en el país de la región que más recibe ayuda militar por
parte de la gran potencia del norte y, de esta manera, el involucramiento de
los EE.UU en el conflicto colombiano se transforma en una amenaza para toda la
región, cuyo principal objetivo es la Revolución Bolivariana de Venezuela.
En 2009, el
expresidente colombiano Álvaro Uribe y su homólogo estadounidense Barack Obama,
firmaron un nuevo acuerdo bajo el ropaje de la lucha contra el narcotráfico que
recoge el establecimiento de siete bases militares en el territorio del país
latinoamericano. Nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, refiriéndose a
este acuerdo señaló: "El pretexto es la lucha contra el narcotráfico y el
terrorismo. La realidad: una vergonzosa absorción que convierte a Colombia en
territorio de ultramar" (Castro Ruz, 2009). Los Estados Unidos de América
solo aceptan como base militar la que se encuentra ilegalmente ocupada en la
Bahía de Guantánamo. El resto de las instalaciones militares que poseen en
otras partes del mundo responden a tres clasificaciones: localizaciones de
seguridad cooperativas, sitios operatorios de avanzada y presencia de
colaboradores en calidad de contratistas y asesores (donde entran las
existentes en Colombia). El acuerdo detalla que los Estados Unidos tendrán
“acceso y uso a las instalaciones de la Base Aérea Germán Olano Moreno,
Palanquero; la Base Aérea Alberto Pawells Rodríguez, Malambo; el Fuerte Militar
de Tolemaida, Nilo; el Fuerte Militar Larandia, Florencia; la Base Aérea
Capitán Luis Fernando Gómez Niño, Apíay; la Base Naval ARC Bolívar en
Cartagena; y la Base Naval ARC Málaga en Bahía Málaga”. Y que además, se
establecerá el acceso y uso “de las demás instalaciones y ubicaciones en que
convengan las partes”. (Vásquez Gusmán, 2009)
De esta manera
Colombia se convierte en un mecanismo global de guerra preventiva que despliega
los Estados Unidos a partir de la administración Bush, ya que estas
instalaciones militares establecidas en territorio colombiano, especialmente la
de Palanquero, se convierten en bases de respuesta rápida dentro del continente
americano y se suman a la estrategia de respuesta media con relación a África y
Medio Oriente. Es precisamente después de la entrega del territorio colombiano
a las bases militares estadounidenses, que el gobierno del Presidente Álvaro
Uribe desata una campaña de acusaciones contra Venezuela que acusaba a este
país de ser el respaldo y refugio de las organizaciones guerrilleras. Esto
provocó una situación de despliegue de las fuerzas armadas de ambos países, con
declaraciones de estar listos para enfrascarse en un conflicto armado regional,
el cual fue zanjado después de la intervención de los oficios mediadores de
Cuba, en particular del Comandante en Jefe, Fidel Castro, que contó con el
respaldo de la región.
Igualmente, en
ese período, el gobierno de Uribe lanzó una operación de bombardeo estratégico
en el territorio ecuatoriano contra un campamento de las FARC-EP, donde dio de
baja al Comandante Raúl Reyes, conocido como el Canciller de esa organización,
lo cual devino en un incidente regional e internacional, que llevó a la ruptura
de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La denominada lucha contra
las drogas lejos de erradicar el problema ha dejado grandes consecuencias en el
país, que van desde el aumento de áreas cultivadas hasta el incremento de las
víctimas y personas desplazadas. El Plan Colombia en la frontera norte de
Ecuador ha dejado marcados efectos como las incursiones de narcotraficantes,
guerrilleros y paramilitares a territorio ecuatoriano con sus inherentes
expresiones de violencia y delincuencia. Al mismo tiempo, Ecuador ha recibido
refugiados colombianos, aunque también grupos indígenas ecuatorianos han sido
desplazados de sus territorios ancestrales a causa de amenazas recibidas por
grupos violentos.
En otro orden,
está el estatus político de las FARC-EP que se autodenominan un “movimiento
revolucionario” de guerrilla insurgente ante el régimen constitucional de
Colombia. El gobierno colombiano la cataloga como una organización terrorista y
de narcotraficantes, mientras que los países del ALBA y otros miembros de
UNASUR no le aplican esta clasificación y en ocasiones se ha pedido que se le
otorgue el estatus de grupo beligerante. El Departamento de Estado de los
Estados Unidos, por su parte, durante la presidencia de Bill Clinton en octubre
de 1997 designó a las FARC-EP como una “Foreing Terrorist Organization”
(Organización Terrorista Foránea) dentro de la ley "Antiterrorism and
Effective Death Penalty Act" (Ley de Anti-terrorismo y Pena de Muerte inmediata).
La decisión de catalogar a las FARC-EP como "organización terrorista"
fue ratificada el 2 de noviembre de 2001, cuando se le designó como una
"Specially Designated Global Terrorist" (Terroristas Globales con
Designación Especial) bajo Orden Ejecutiva 13224 del presidente de los Estados
Unidos. Durante la administración del presidente George W. Bush, las FARC-EP
fueron catalogadas como un Significant Foreign Narcotics Trafficker
(Narcotraficantes foráneos de importancia) al Kingpin Act (Ley de jefes de
organizaciones delictivas del bajo mundo) el 29 de mayo de 2003. Según las
leyes federales de los Estados Unidos, las "penas civiles" por
violaciones al Kingpin Act van desde una multa de un millón de dólares hasta
sanciones más severas por "penas criminales" que pueden conllevar a
10 años de cárcel.
El informe anual
sobre terrorismo del año 2015 del Departamento de Estado de Estados Unidos
establece que las FARC-EP y el ELN son las principales amenazas terroristas del
hemisferio occidental. Asimismo, sostiene que las formas más comunes de los
atentados terroristas de estas guerrillas fueron el lanzamiento de morteros a
las estaciones de policía o militares, artefactos explosivos colocados cerca de
las carreteras y caminos, ataques de francotiradores, bloqueos de carreteras y
emboscadas.
Un año después de
asumir la presidencia de Estados Unidos Ronald Reagan, incluyó a Cuba en la
lista de estados que patrocinan el terrorismo con el pretexto de que la Isla le
proporcionaba armas y entrenamiento paramilitar a ETA (País Vasco y Libertad) y
a las FARC-EP.
Con este hecho
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se arreciaron aún más y la nación
caribeña comenzó una intensa lucha por demostrar al mundo la falsedad de estos argumentos. Cuba fue eliminada de esta
lista en 2015 durante la administración Obama como parte de la agenda para el
restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, y en
reconocimiento al papel que venía desempeñando la Isla en el proceso de paz
entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, el cual devino en el Acuerdo Final
de La Habana, del 24 de noviembre de 2016.
Sin lugar a dudas
el conflicto interno armado en Colombia se ha regionalizado progresivamente y
es percibido como una creciente y real amenaza para el resto de los países de
la región. No solo se debe entender por amenaza al enfrentamiento entre
estados, sino al peligro de los efectos que la acción de sus actores pueda
tener sobre los países colindantes.
Igualmente, es importante destacar que la experiencia internacional enseña que
en las situaciones en las cuales existen conflictos internos armados hay la
tendencia, por parte de los actores armados no estatales, a utilizar a los
países vecinos como una especie de retaguardias, sin que esto implique
consentimiento de dichos países. Esto se adiciona por el carácter igualmente
internacional del narcotráfico, anteriormente tratado, y su fuerte incidencia
en la región.
Si bien el
conflicto interno colombiano ha tenido desde sus inicios incidencias en el área
andina, especialmente en Venezuela, que, desde muy temprano, dígase los años
setenta, ya recibió efectos negativos del mismo en términos de utilización de
su territorio como zona de retaguardia, secuestro de ciudadanos venezolanos y
realización de acciones militares contra unidades de las Fuerzas Armadas y la
Guardia Nacional de este país. En las décadas siguientes, los efectos negativos
se amplían a Panamá, con incursiones de las FARC-EP en su territorio.
Posteriormente, comienza a afectarse de igual manera Ecuador; allí tanto los
frentes de las FARC-EP como del ELN realizan incursiones militares, toman el
territorio de este país como zona de descanso y abastecimiento y se incrementa
el tráfico de armas y explosivos. A lo largo
de los 640 km de la frontera compartida entre Colombia y Ecuador, existe
una fluida comunicación que desborda los puntos establecidos para esta
actividad. Los lugares clandestinos son utilizados diariamente para el tráfico
de armas, explosivos y otros materiales de guerra que luego son utilizados en
Colombia.
A todos los
vecinos de Colombia les preocupa la posibilidad de un derrame en la región,
específicamente en el sentido de que la presión aplicada por el gobierno
colombiano en su territorio resulte en el movimiento de refugiados,
guerrilleros, paramilitares y/o traficantes de drogas hacia otros países a
través de las fronteras. Ya en estos momentos se observa presencia de los
grupos armados y de paramilitares en Venezuela y Ecuador.
En tal sentido,
Ecuador mantiene una política de Estado destinada a evitar la extensión del
conflicto a su territorio. Esta política ha tenido dos ejes básicos: a) impedir
el uso de las zonas fronterizas para iniciar o apoyar acciones bélicas por
cualquiera de los bandos en pugna y b) abstenerse de perseguir o atacar a las
guerrillas en territorio propio, a cambio del táctico compromiso de estas de
entrar al país en son de paz.
En el caso
peruano, el gobierno ha evaluado sus responsabilidades y capacidades de
control: la capacidad de mantener bajo control el territorio peruano y evitar
la infiltración de los actores armados, donde las guerrillas son la principal
preocupación, y la posibilidad de que el impacto de Colombia sobre Perú sea una
renovada expansión de los cultivos agrícolas ilegales. La militarización de la
frontera norte no se ha detenido, más bien sigue incrementándose, aunque la
retirada gubernamental ya no generaliza a los actores violentos, sino que se
dirige contra las guerrillas.
En relación con
el caso brasileño su percepción frente a la confrontación armada colombiana se
puede reflejar en lo siguiente: las percepciones en el campo gubernamental se
definen en torno a un conjunto de cuestiones de orden eminentemente político
(la naturaleza de los actores y del propio conflicto, el papel limitado que
Brasil puede cumplir para su terminación, las implicaciones de la presencia
militar norteamericana, las perspectivas de estabilidad regional) y otras más
inmediatas tratadas en el campo de la defensa (la presencia de fuerzas armadas
en áreas de frontera, la vigilancia del espacio aéreo y del territorio y la
disuasión de incursiones de la guerrilla en suelo brasileño).
El conflicto
colombiano ofrece importantes argumentos para que los militares brasileños
aboguen por mayores recursos y defiendan sus atribuciones y misiones
tradicionales (vigilancia de fronteras y preservación de integridad
territorial). En síntesis, las percepciones en Brasil sobre la crisis
colombiana reflejan las preocupaciones del Gobierno y la sociedad brasileña en
relación con la creciente inestabilidad regional, pero estas percepciones se
construyen con base, no en los elementos de la propia crisis colombiana, sino
sobre todo de las expresiones de inseguridad en el plano doméstico y las
dificultades del Estado brasileño de responderlas eficientemente.
En el caso de
Panamá, el llamado “tapón del Darién”, una selva de casi imposible acceso, han
convertido esa región fronteriza con Colombia en un refugio de todo tipo de
organizaciones criminales, donde escasamente las fuerzas públicas de ambos
países hacen presencia.
La frontera de
Colombia y Venezuela, es considerada la más extensa de las fronteras
colombianas, con 2.219 km, y una de las más activas a nivel comercial y social
por su estratégica ubicación y permanente movimiento poblacional entre los dos
países, especialmente en las regiones que corresponden a los departamentos de
Norte de Santander, Arauca, César, Boyacá, Guajira, Guainía y Vichada del lado
colombiano y por los estados de Táchira, Zulia y Apure por el lado venezolano.
Estas condiciones
de extensión fronteriza y la facilidad para el paso de un país a otro, han
favorecido históricamente el flujo permanente de personas que, decidieron
migrar hacia este país en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida.
En los últimos años estas dinámicas migratorias han sufrido un cambio
importante, debido a la devaluación del bolívar, la caída del comercio en
Cúcuta y a la situación de conflicto armado colombiano que se sostiene con
mayor o menor intensidad en las zonas de frontera.
Por su
estratégica ubicación fronteriza con Venezuela, Cúcuta, la capital de Norte de
Santander tiene como mayor fuente de ingreso el comercio legal e ilegal con
este país, especialmente con San Antonio, Ureña y San Cristóbal. El permanente
flujo de población en esta parte del cordón fronterizo contribuye a establecer
vínculos entre familias colombianas y venezolanas y a formar redes de apoyo
entre parientes, socios y amigos. Gracias a esas redes y la gran afinidad
cultural se han construido fuertes lazos y una gran receptividad entre las
comunidades de esta región.
En los aspectos
socioeconómicos hay continuidad de una crisis social prolongada y constante,
como consecuencia de la marginación histórica del cordón fronterizo por parte de los gobiernos de ambos países. A
pesar de las riquezas naturales y la actividad comercial de la región, tanto en
Norte de Santander como en el estado Táchira, se evidencian situaciones
críticas en materia de servicios básicos y calidad de vida de la población.
Se trata,
entonces, de una región de alta movilidad de la población, en la que afloran
muchas expresiones de una crisis social y económica no resuelta, con intensos
flujos comerciales, con diversas repercusiones del conflicto armado, vulnerable
a tráficos ilegales (gasolina, armas, drogas) y de alto valor geoestratégico
por su condición fronteriza. En esta región entre Colombia y Venezuela, con
grandes riquezas naturales y una estratégica ubicación geográfica, confluyen
múltiples y diversos factores que han sostenido el conflicto en el tiempo, las
amenazas y el desplazamiento de familias y de comunidades completas:
• Los enfrentamientos entre paramilitares y las
guerrillas de las FARC-EP y ELN por el control del territorio y de los cultivos
de coca, especialmente en la zona del Catatumbo, que dejaron muchos muertos y
desaparecidos.
• Las fumigaciones por aspersión aérea de los
cultivos de uso ilícito que dejaron destrucción y hambre en los campos.
• Las desmovilizaciones de los grupos
paramilitares en medio de un manto de duda por la entrega de armas, la
irrupción de nuevas formas de violencia asociadas al paramilitarismo y al
narcotráfico y la ola de ajusticiamientos, muertes selectivas, amenazas y
persecuciones contra la población civil.
• La creciente militarización de la frontera y
el desconocimiento, hasta hace pocos años, del conflicto armado por parte del
gobierno colombiano, que no garantizaban los derechos de las personas en
situación de desplazamiento o refugio.
• La disputa por el control de negocios
legales e ilegales que han establecido y manejado por mucho tiempo como la
extorsión y el secuestro a terratenientes y ganaderos colombianos y
venezolanos, el contrabando de gasolina, de drogas y de armas, entre otros.
Estas son sólo
algunas razones que anteceden al desplazamiento de personas de los municipios
del interior del departamento de Norte de Santander y de otras regiones del
país a la ciudad de Cúcuta y al territorio venezolano. Son familias y grupos de
colombianos que desesperados buscan protección para sus vidas y las de sus
familias. Los que optan por cruzar la frontera saben que “los del otro lado” no
podrán seguirlos y que tal vez allí se puedan establecer nuevamente.
Paralelamente a
estos acontecimientos, en diciembre de 2016, Colombia y la OTAN (Organización
del Tratado del Atlántico Norte) firmaron un Acuerdo de Cooperación Estratégica
y Militar. Este anuncio tiene como antecedente el Acuerdo de Intercambio y
Seguridad de Información firmado en Bélgica el 6 de junio de 2013 y ratificado
por el Congreso de la República en 2014. El acuerdo Colombia-OTAN de 2013 tenía
como uno de sus objetivos estratégicos que el país sudamericano se convirtiera
en un aliado para combatir la delincuencia internacional y otras amenazas a la
seguridad hemisférica. De esta manera, aumentaba la capacidad hegemónica de los
Estados Unidos sobre la región latinoamericana y es por ello que se genera un
amplio rechazo al acuerdo por los gobiernos boliviano, venezolano, ecuatoriano
y brasileño.
En su momento,
estos gobiernos señalaron que este acuerdo ponía en cuestión la integración
regional y la declaración proclamada en el marco de la CELAC y UNASUR, donde se
reconoció a América Latina y el Caribe como zona de paz. Así, la condición de
“aliado extra-OTAN” fue catalogada como una amenaza a los equilibrios
geopolíticos alcanzados en la región.
Esta iniciativa
tiene grandes implicaciones que van desde la tensión de la cuerda de las
relaciones colombo-venezolanas; amenazar a sus vecinos y precipitar el aumento
del gasto militar en la región y debilitar a la UNASUR y la CELAC y alinearse
con Gran Bretaña en el diferendo contra Argentina en torno a la cuestión de Las
Malvinas, dado que esa es la postura oficial de la OTAN. Además, no debemos
olvidar que la columna vertebral de esta organización ha sido siempre Estados
Unidos, por lo que este acuerdo contribuye a la realización de la política
hegemónica norteamericana hacia la región.
El Gobierno
venezolano se opuso firmemente ante el intento de introducir factores externos
con capacidad nuclear en la región, cuyas actuaciones pasadas y recientes
reivindican la política de la guerra. Este anuncio desvirtúa los principios que
dieron origen al Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), del cual Colombia
es miembro, que prohíbe expresamente a sus Estados Miembros formar parte de
alianzas militares.
Durante la II
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada
en La Habana en enero de 2014, fue firmado por todos los Jefes de Estado y de
Gobierno presentes un acuerdo donde se declara a la región de América Latina y
el Caribe como “Zona de Paz”. De esta forma, solo queda pendiente en la agenda
ponerle fin al conflicto armado en Colombia por la vía del diálogo. Es
importante reconocer el gran paso de avance alcanzado en este sentido por el
gobierno colombiano y las FARC-EP al firmar el acuerdo de paz en La Habana, y
las actuales conversaciones entre el gobierno y el ELN llevadas a cabo en
Ecuador.
Conclusiones
El conflicto
armado colombiano ha dejado de ser un asunto exclusivo de Colombia, para pasar
a ser uno de los problemas claves de la región latinoamericana y que, por lo
tanto, su solución requiere de un enfoque regional. Ya no se puede considerar
como un simple conflicto interno, dado que su interrelación con el
narcotráfico, la lucha global contra el terrorismo, el tráfico de armas, el
medio ambiente, el éxodo de emigrantes expulsados por los actores armados, así
como su interrelación con la intervención norteamericana en la región, lo
convierten en un conflicto armado de carácter regional.
En la medida en
que se profundiza el análisis de esta región, se puede observar como todos sus
conflictos más importantes son de carácter internacional y cómo ninguno de sus
países podrá resolverlos por sí solo. Es importante entonces que los países
latinoamericanos avancen en su integración económica y política para contribuir
a solucionar los conflictos regionales y, además, conquistar una mayor
independencia para la región.
Nota:
1. La
Organización de las Naciones Unidas (ONU) calculó que en 21 de los 67
municipios fronterizos hay miles de hectáreas de cultivos de la planta.
(Jimenez Aguilar, 2013)
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