Por Salim Lamrani
Opera Mundi
Ante la crisis económica, mientras la Unión Europea ha elegido el camino de
la austeridad y ha decidido salvar a los bancos, Islandia, en cambio, ha
procedido a la nacionalización de las instituciones financieras y ha rechazado
las políticas de restricción presupuestaria. Con una tasa de crecimiento de un
2,7% en 2012, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) saluda la
recuperación económica del país.
Cuando en septiembre de 2008, la crisis económica y financiera golpeó a
Islandia, pequeño archipiélago del Norte de Europa con una población de 320.000
habitantes, el impacto fue desastroso, como en el resto del continente. La
especulación financiera llevó a los tres principales bancos a la quiebra, cuyos
activos representaban una suma diez veces superior al PIB de la nación, con una
pérdida neta de 85.000 millones de dólares. La tasa de desempleo se multiplicó
por 9 entre 2008 y 2010, mientras que antes el país gozaba del pleno empleo. La
deuda de Islandia representaba el 900% del PIB y se devaluó la moneda nacional
un 80% con respecto al euro. El país cayó en una profunda recesión, con una
disminución del PIB de un 11% en dos años.[1]
Frente a la
crisis
En 2009, cuando el gobierno quiso aplicar las medidas de austeridad que exigía
el FMI, a cambio de una ayuda financiera de 2.100 millones de euros, una fuerte
movilización popular lo obligó a renunciar. En las elecciones anticipadas, la
izquierda ganó la mayoría absoluta en el Parlamento.[2]
No obstante, el nuevo poder adoptó la ley Icesave –cuyo nombre procede del
banco online que quebró y cuyos ahorradores eran en mayoría holandeses y
británicos–, con el fin de rembolsar a los clientes extranjeros. Esta
legislación obligaba a los islandeses a rembolsar una deuda de 3.500 millones
de euros (un 40% del PIB) –9.000 euros por habitante– en quince años con una
tasa de interés del 5%. Frente a las nuevas protestas populares, el Presidente
se negó a ratificar el texto parlamentario y lo sometió a referéndum. En marzo
de 2010, el 93% de los islandeses rechazó la ley sobre el rembolso de las
pérdidas de Icesave. Cuando se sometió de nuevo a referéndum en abril de 2011,
el 63% de los ciudadanos volvió a rechazarla.[3]
Una nueva Constitución, redactada por una Asamblea Constituyente de 25
ciudadanos elegidos por sufragio universal entre 522 candidatos, que se compone
de 9 capítulos y de 114 artículos, se adoptó en 2011. Ésta prevé un derecho a
la información, con un acceso público a los documentos oficiales (Artículo 15),
la creación de un Comité de Control de la Responsabilidad del Gobierno
(Artículo 63), un derecho a la consulta directa (Artículo 65) –un 10% de los
electores puede pedir un referéndum sobre las leyes que vota el Parlamento–,
así como el nombramiento del Primer Ministro por el Parlamento.[4]
Así, al contrario que las otras naciones de la Unión Europea en la misma
situación, que aplicaron escrupulosamente las recomendaciones del FMI que
exigía medidas de una austeridad severa como en Grecia, Irlanda, Italia o
España, Islandia eligió una vía alternativa. Cuando en 2008 los tres bancos
principales del país, Glitnir, Landsbankinn y Kaupthing, se derrumbaron, el
Estado islandés se negó a inyectar fondos públicos como lo había hecho el resto
de Europa. Al revés, procedió a su nacionalización.[5]
Del mismo modo, los bancos privados tuvieron que cancelar todos los créditos
con tasas variables que superaban el 110% del valor de los bienes
inmobiliarios, lo que evitó una crisis de subprime como en Estados
Unidos. Por otra parte, la Corte Suprema declaró ilegales todos los préstamos
ajustados a divisas extranjeras que se otorgaron a particulares, obligando así
a los bancos a renunciar a sus créditos en beneficio de la población.[6]
En cuanto a los responsables del desastre –los banqueros especuladores que
provocaron el desmoronamiento del sistema financiero islandés–, no se
beneficiaron de la mansedumbre que mostró hacia ellos en el resto de Europa,
donde fueron sistemáticamente absueltos. En efecto, Olafur Thor Hauksson,
Procurador Especial que nombró el Parlamento, los ha perseguido y encarcelado.
Incluso al Primer Ministro Geir [7]
Una alternativa a
la austeridad
Los resultados de la política económica y social islandesa han sido
espectaculares. Mientras la Unión Europea se encuentra en plena recesión,
Islandia se benefició de una tasa de crecimiento de un 2,1% en 2011 y prevé una
tasa de 2,7% para 2012, y una tasa de desempleo de un 6%.[8]
El país hasta se dio el lujo de proceder al rembolso anticipado de sus deudas
al FMI.[9]
El presidente islandés Olafur Grímsson explicó este milagro económico: “La
diferencia es que en Islandia dejamos que los bancos quebraran. Eran
instituciones privadas. No inyectamos dinero para salvarlas. El Estado no tiene
por qué asumir esta responsabilidad”.[10]
Contra todo pronóstico, el FMI saludó la política del gobierno islandés –el
cual aplicó medidas en las antípodas de las que preconiza–, que ha permitido
preservar “el precioso modelo nórdico de protección social”. En efecto,
Islandia dispone de un índice de desarrollo humano bastante elevado. “El FMI
declara que el plan de rescate al modo islandés ofrece lecciones para los
tiempos de crisis”. La institución agrega que “el hecho de que Islandia haya
logrado preservar el bienestar social de las unidades familiares y conseguir
una consolidación fiscal de gran envergadura es uno de los mayores logros del
programa y del gobierno islandés”. No obstante, el FMI omitió precisar que
estos resultados fueron posibles sólo porque Islandia rechazó su terapia de
choque neoliberal y elaboró una programa de estímulo económico alternativo y
eficiente.[11]
El caso de Islandia demuestra que existe una alternativa creíble a las
políticas de austeridad que se aplican a través de Europa. Éstas, además de ser
económicamente ineficientes, son políticamente costosas y socialmente
insostenibles. Al elegir ubicar el interés general por encima del de los
mercados, Islandia muestra el camino al resto del continente para escapar del
callejón sin salida.
*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos
de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular en
la Universidad de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre
Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les
sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones
Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.
Contacto: lamranisalim@yahoo.fr
; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr
Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel
[1] Paul M. Poulsen,
«Comment l’Islande, naguère au bord du gouffre, a pu se rétablir», Fond
monétaire international, 26 octubre de 2011. http://www.imf.org/external/french/np/blog/2011/102611f.htm
(sitio consultado el 11 de septiembre de 2012).
[3] Comité
d’annulation de la dette du Tiers-monde, «Quand l’Islande réinvente la
démocratie», 4 de diciembre de 2010.
[4] Constitution de
l’Islande, 29 de julio de 2011. http://stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp-enska.pdf
(sitio consultado el 11 de septiembre de 2012).
[7] Caroline
Bruneau, «Crise islandaise : l’ex-premier ministre n’est pas sanctionné»,
13 de mayo de 2012.
[8] Ambrose Evans-Pritchard, «Iceland Wins in the End», The Daily
Telegraph, 28 de noviembre de 2011.
[10] Ambrose Evans-Pritchard, «Iceland Offers Risky Temptation for Ireland
as Recession Ends», The Daily Telegraph, 8 de diciembre de 2010.
[11] Omar R. Valdimarsson, «IMF Says Bailout Iceland-Style
Hold Lessons in Crisis Times», Business Week, 13 de agosto de 2012.
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