Por Salim Lamrani
Opera Mundi
El deseo del magnate francés Bernard Arnaud de adquirir la
nacionalidad belga reaviva el debate sobre el exilio fiscal y el rechazo de los
grandes patrimonios a cumplir sus obligaciones tributarias. No obstante, existe
una solución simple y eficaz para poner fin a la evasión fiscal legal.
Bernard Arnaud, primera fortuna europea y cuarta fortuna mundial con 40.000
millones de euros, cuyo salario anual se eleva a 10 millones de euros y cuyas
inversiones generan cada año 200 millones de euros de ganancias, pidió su
naturalización con el fin de conseguir la nacionalidad belga.[1]
Algunos sospechan que el hombre más rico de Francia quiere escapar de su deber
de ciudadano, igual que varias decenas de miles de exilados fiscales que
eligieron instalarse en otros países como Suiza, Bélgica, Reino Unido u otros
que ofrecen sustanciales ventajas a los más adinerados.[2]
Entre 1988 y 2006, el 0,01% de los franceses más ricos, alrededor de 3.500
familias, vieron sus ingresos reales aumentar un 42%. A guisa de comparación,
en el mismo periodo, el 90% menos pudiente sólo se benefició de un alza de
4,6%.[3] Así, la evasión fiscal legal e ilegal
cuesta cada año 50.000 millones de euros al Estado francés. Con semejante suma,
se podrían construir 500.000 viviendas sociales a 100.000 euros, o se podrían
crear más de 1,5 millones de puestos en educación, salud, servicios sociales o
cultura.
En Suiza, en algunos cantones, los residentes extranjeros no pagan impuestos
sobre sus ingresos o su patrimonio sino únicamente sobre sus gastos, lo que
vuelve muy atractivos esos territorios para los más acaudalados. En este país,
donde residen cerca de 2.000 exilados fiscales franceses, las 43 familias más
adineradas acumulan una fortuna de 36.500 millones de euros.[4]
Para responder a la problemática del exilio fiscal, el argumento dominante en
Francia, que defienden el mundo económico, la derecha y una parte del
centro-izquierda, consiste en promover una disminución de la tasa tributaria
para las categorías más acaudaladas. Así, tras su elección en 2007, el antiguo
presidente Nicolas Sarkozy adoptó el escudo fiscal, un dispositivo tributario
según el cual no se pueden gravar los ingresos de un contribuyente más de un
50%.[5]
No obstante, existe un mecanismo aplicable y eficaz para poner término a la
evasión fiscal legal. Actualmente, la imposición está vinculada al lugar de
residencia. Así, un exilado fiscal francés que elige vivir más de seis meses al
año en Suiza se convierte automáticamente en contribuyente suizo y se beneficia
de su legislación ventajosa. Sucede lo mismo para el francés que se instalase
en Luxemburgo, Reino Unido o Bélgica.
Para poner fin a este abuso que priva de importantes recursos al Estado
francés, y por consiguiente a los ciudadanos, bastaría simplemente con vincular
la imposición a la nacionalidad, y no al lugar de residencia, y aplicar una
tasación diferencial. Este dispositivo acabaría automáticamente con esta plaga.
Así, un contribuyente francés refugiado en Suiza que sólo pagara un 35% de
impuestos en su nuevo lugar de residencia, en vez de un 41% en Francia por
ejemplo, se vería obligado legalmente a pagar la diferencia al Estado francés,
es decir un 6%, lo que haría inútil toda expatriación por razones de
orden fiscal.
Esta práctica existe en países como Estados Unidos. Los ciudadanos
estadounidenses instalados en el exterior pagan exactamente los mismos
impuestos, conseguidos en cualquier parte del mundo, que sus compatriotas que
viven en el territorio nacional. Desde un punto de vista técnico, todos los
países del mundo entregan cada año al Departamento del Tesoro una lista de los
estadounidenses que viven dentro de sus fronteras. Así, el exilio fiscal ya no
resultaría posible y la única alternativa para escapar de los impuestos sería
la evasión fiscal ilegal.
Para contrarrestar este tipo de delito, el Congreso estadounidense adoptó una
ley que permite a toda persona –en particular los empleados de los grandes
bancos– que ofrezca información sobre los casos de fraude fiscal conseguir
hasta el 30% de las sumas que recupera el Estado. Así, Bradley Birkenfeld,
antiguo empleado del banco suizo UBS, obtuvo la suma de 104 millones de dólares
por suministrar información, “excepcional a la vez por su tamaño y su alcance”,
sobre los delitos de evasión fiscal que cometieron los clientes estadounidenses
del Banco. Esta información permitió a los servicios tributarios
estadounidenses recuperar la suma de 5.0000 millones de dólares y conseguir la
lista de todos los delincuentes que tenían una cuenta en UBS.[6]
Francia y las demás naciones, europeas y del mundo, deberían adoptar un modelo
tributario que permitiera aplicar la tasación diferencial, vinculando la
imposición a la nacionalidad y no al lugar de residencia. Del mismo modo, para
luchar contra la evasión fiscal ilegal, que constituye una expoliación
caracterizada de la riqueza nacional, los delincuentes de cuello blanco
deberían recibir sanciones más severas, a la altura del daño causado. Entonces,
los más adinerados tendrán que elegir entre su nacionalidad o su dinero.
*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos
de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de
la Universidad de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre
Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les
sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones
Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.
Contacto: lamranisalim@yahoo.fr
; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr
Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel
[1] Ivan Letessier,
«Bernard Arnault, première fortune de France», Le Figaro, 9 de
septiembre de 2012.
[3] L’Humanité,
«C’est la loi qui autorise l’évasion fiscale, elle peut donc aussi l’empêcher»,
9 de marzo de 2012.
[6] 20 minutes,
«Récompense record de 104 millions de dollars pour le dénonciateur d’UBS», 11
de septiembre de 2012.
No hay comentarios:
Publicar un comentario